Cuba acepta la ayuda humanitaria de EE UU para los damnificados del huracán ‘Ian’, pero exige el fin del embargo económico

Las siempre difíciles relaciones Cuba-EEUU, que desde hace seis décadas marcan la agenda internacional y nacional cubana, vuelven a ser de actualidad por motivos inéditos y contradictorios. Tras una inusual iniciativa cubana, la Administración de Joe Biden anunció el martes que destinará dos millones de dólares en ayuda humanitaria para apoyar a las víctimas del huracán Ian, que a su paso por la isla devastó Pinar del Río y las provincias más occidentales de la isla, afectando más de 100.000 viviendas y provocando pérdidas millonarias en la agricultura –todavía, decenas de miles de personas siguen sin servicio eléctrico en algunas localidades pinareñas tres semanas después-. El Gobierno cubano, en otro gesto poco habitual, agradeció públicamente la ayuda norteamericana y aceptó que esta se canalice a través de organizaciones independientes como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Llama la atención que los fondos son asignados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), institución que concentra la mayor parte de la colaboración internacional norteamericana y a la que Cuba ha acusado en diversas ocasiones de brindar financiamiento a grupos y organizaciones del exilio que, “bajo la excusa de promover la democracia” en la isla, buscan “subvertir el orden” y aspiran a promover un “cambio de régimen” en Cuba.

Como antecedente de la ayuda anunciada ahora, tras el devastador incendio de unos depósitos de almacenamiento de combustible en la base de supertanqueros del puerto de Matanzas, en agosto pasado, Washington colaboró con asesoría técnica y enviando uniformes para bomberos, según confirmó el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, un “gesto” que también agradeció. El Gobierno cubano, aunque ha aceptado ambos ofrecimientos, argumenta que si Estados Unidos quiere ayudar verdaderamente a los habitantes de la isla debe poner fin sin condiciones al embargo económico y financiero que dura ya 60 años, y que considera el principal causante de sus males.

El miércoles, el canciller cubano presentó en La Habana un documento que se someterá a votación en noviembre en la Asamblea General de la ONU, en el que se que condena a EE UU por su política de “bloqueo” a la isla y se hace una evaluación de los daños que este ha causado a la economía cubana en el último año. Rodríguez aseguro que, en la etapa de Donald Trump como presidente, el recrudecimiento del embargo y la política de asfixia económica llegó a cotas inéditas, y opinó que “lamentablemente” poco o nada ha cambiado con la Administración Biden, pues se mantienen en vigor las más de 240 medidas y sanciones decretadas por el anterior mandatario, entre ellas la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo.

Según los datos ofrecidos por Rodríguez, en los primeros 14 meses del Gobierno de Biden, la economía cubana ha sufrido pérdidas por valor de más de 6.300 millones de dólares debido a esta política de embargo, que, dijo, ni siquiera se alivió en los momentos más duros de la pandemia. El funcionario afirmó que, pese a que la ley Helms-Burton “codificó” el embargo y solo el Congreso norteamericano, no el presidente, puede decidir levantarlo, Biden sí tiene la posibilidad y el “deber moral” de adoptar “exenciones humanitarias” ante la grave crisis que sufre la isla debido a los efectos de la pandemia y de las propias sanciones norteamericanas. Sobre las medidas flexibilizadoras anunciadas el pasado 16 de mayo por el Gobierno norteamericano en materia de visados, migración regular, restablecimientos de los vuelos directos y de las remesas, el canciller reiteró que eran pasos “en la dirección correcta, pero de carácter muy limitado”.

Rodríguez señaló al presentar el informe que “la intensificación del bloqueo ha estado acompañada de un aumento inusitado de las operaciones de desinformación, financiadas con fondos federales del presupuesto de Estados Unidos”, con el propósito, entre otros, de fabricar una oposición política interna y generar desorden e inestabilidad en Cuba. Parte de esos fondos son de la USAID, la misma agencia que ahora encabezará el aporte norteamericano a los damnificados por el huracán Ian. Durante los últimos 30 años, Cuba ha llevado a Naciones Unidas resoluciones de condena de la política de sanciones norteamericanas, que siempre han sido aprobadas por abrumadora mayoría.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región