No olvidar a Hungría y Polonia

El Estado de derecho, el imperio de la ley, es la base de la democracia europea, por encima de cualquier otro concepto, y es un principio válido cuando se analiza la decisión de la Unión Europea de apoyar con armas (tanques incluidos) y con diplomacia a Ucrania (atacada por Rusia con desprecio a cualquier norma de derecho internacional), pero también cuando se sanciona a los gobiernos de dos países miembros, Hungría y Polonia, por ejemplo, por no respetar la independencia judicial o de los medios de comunicación. El conflicto con Hungría y Polonia se ha suavizado porque sus respectivos gobiernos han empezado a dar, al menos en parte, marcha atrás, pero siguen en pie sanciones importantes que no deben decaer hasta que quede claro que se han producido los cambios requeridos. Esa exigencia debe mantenerse firme en medio de la guerra en Ucrania, pese al papel relevante de Polonia en ella, porque, en el fondo, se trata del mismo principio rector: el imprescindible rule of law que no admite versiones diferentes.

En un trabajo realizado por dos investigadores de la Universidad de Ámsterdam, Álvaro Oleart y Tom Theuns, se analizan 138 discursos pronunciados entre 2018 y 2021 por los dos presidentes de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker y Ursula von der Leyen, y se llega a la conclusión de que la amalgama entre el Estado de derecho y los derechos fundamentales es la base sobre la que se desarrolla todo el concepto de democracia de la Unión Europea, por encima de cualquier otro factor. Es el imperio de la ley lo que ha llevado a la Comisión a desarrollar la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (septiembre de 2022), que garantiza la transparencia en la propiedad y la salvaguardia de que los conflictos de intereses de la propiedad no interfieran en las decisiones editoriales. Como explicó la comisaria Vera Jourová: “El Estado de derecho es la base de nuestra democracia. Sin él, la prensa libre será atacada, los consumidores no podrán desafiar a las empresas bien conectadas, y todos no podremos hacer valer nuestros derechos, ya sea contra el Gobierno o las empresas que nos engañan o abusan de nuestros datos”.

Por eso es tan importante que la Comisión Europea haya ido encontrando las herramientas para exigir con eficacia el respeto al Estado de derecho en todos sus miembros. Por eso fue tan importante la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de validar el reglamento de la Comisión que le permite suspender la llegada de fondos de recuperación de la covid a Hungría y a Polonia mientras no garanticen el respeto del Estado de derecho. Polonia ha tenido que modificar su sistema disciplinario contra los jueces, que le permitía interferir en su independencia, y Hungría todavía pelea por recibir el 55% de los fondos de recuperación, que han quedado congelados a la espera de las 27 reformas que la Comisión le exige.

El caso de Hungría, con el Gobierno de Viktor Orbán, es especialmente importante porque su voluntad de llegar al control total de la sociedad lo ha llevado a la privatización de la mayoría de las universidades públicas, dejándolas en manos de fundaciones próximas al partido del Gobierno, que, a su vez, están financiadas con dinero público. El escándalo es de tal categoría que la Comisión ha decidido expulsar a Hungría del programa Erasmus y no aceptar intercambios con ninguna de estas universidades. La medida afecta a más de 16.000 estudiantes y profesores húngaros que se beneficiaron del Erasmus en 2022.

La idea que ha respaldado el TJUE es que ni un euro de los fondos de recuperación puede acabar en manos de quienes incumplan las normas del Estado de derecho, y es fundamental que ese camino que se empieza a recorrer, no sin dificultades, se respete al 100% y no se vea influido ni acortado por las necesidades del desarrollo de la guerra en Ucrania. Hungría no debe ser sancionado por apoyar a Rusia, sino por acosar a sus propios jueces y universidades, y Polonia no debe ser favorecido por su manifiesta solidaridad con Ucrania, sino vigilado estrechamente por su clara voluntad de interferir en sus medios de comunicación y en sus tribunales de justicia. Solo así la posición europea en Ucrania tendrá sentido.

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