Ayuso renuncia a 700 millones de euros anuales para las arcas públicas con seis rebajas fiscales en dos años

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado desde las elecciones de mayo de 2021 seis rebajas impositivas que supondrán que las arcas públicas autonómicas dejen de ingresar por esos conceptos más de 700 millones de euros cada año. La última llegó el martes pasado, y consolidó a Madrid como la región que concentra la mitad de las recortes fiscales de las comunidades en plena crisis por la sanidad, según un informe de la Autoridad Fiscal (Airef). Aunque el Ejecutivo defiende que eso redundará en un aumento de la recaudación, y apoya esa tesis en que así ocurrió con el tramo autonómico del IRPF entre 2015 y 2019, su decisión llega en medio de las huelgas de médicos por la falta de recursos en la sanidad pública, en un difícil contexto económico, y tras aprobar en la Asamblea una ley para intentar evitar cualquier corrección al alza del Estado.

“Ayuso ha vuelto a aprobar otra ronda de regalos fiscales para un porcentaje bajísimo de las rentas más altas de Madrid”, critica Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños y técnico de Hacienda del Estado. “Y además lo hace vendiéndolo como unas ayudas contra la inflación actual, pese a que no van a tener efecto hasta dentro de seis u ocho meses y a que van a tener un coste para las arcas públicas, justo cuando peor lo están pasando nuestros servicios públicos y la sanidad pública, y las urgencias están al borde del colapso”, recuerda el diputado, que lamenta que la mayoría de las bonificaciones del IRPF anunciadas no tengan un tope de renta para beneficiar solo a quien más lo necesita, como recoge el PSOE en las que ha propuesto. “No tiene sentido dar cientos de millones de euros en regalos fiscales a las rentas más altas, las que menos sufren la inflación, a costa de sustraer dinero público de las arcas, cuando nuestras urgencias están sin médicos y la sanidad pública está al borde del colapso y cuando 33.000 chavales se han quedado sin plaza de FP”.

Una opinión compartida por el resto de los partidos de izquierdas de la Asamblea (Más Madrid y Unidas Podemos), que contrasta con la del Gobierno y su único aliado, Vox.

“Son ya seis las leyes de bajada de impuestos aprobadas por el Gobierno de Ayuso“, defendió el martes pasado Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda, que dos días después, el jueves, celebró aprobar en la Asamblea una ley para defender la autonomía fiscal de la región que intenta equiparar a la Comunidad con el Estado. “Es el mayor impulso de bajada de impuestos que se ha hecho en la Comunidad de Madrid desde la primera legislatura en la que esto empezó, a principios de la década pasada: eso ha significado un ahorro para los madrileños de 60.000 millones que han generado actividad económica, empleo, y que han permitido por tanto también finalmente financiar mejor los servicios públicos”, argumentó.

Esa última afirmación resume un dogma del PP que Ayuso y Lasquetty aplican con fervor. Madrid, como el resto de España, afronta un contexto económico extremadamente complicado. Se superponen las crisis del coronavirus y los precios de la energía. El Ejecutivo regional predice que la recaudación de sus impuestos se resentirá un 4% en 2023. Y al mismo tiempo, ha planteado los Presupuestos con más gasto de su historia: 25.700 millones de euros.

Curva de Laffer

Frente a la tormenta, el PP ha aplicado una de sus recetas más clásicas, sobre todo en Madrid, donde gobierna ininterrumpidamente desde 1995. Todo se confía a la curva de Laffer, teorizada sobre una servilleta y mil veces negada por múltiples académicos: se supone que a menos impuestos, más recaudación, porque los ciudadanos tienen más dinero para gastar.

¿De dónde salen, entonces, los 700 millones de euros que dejará de recaudar Madrid porque así lo quiere? La principal reforma llegó en 2021: una rebaja de medio punto de todos los tramos autonómicos del IRPF valorada en 330 millones y que favorece especialmente a las rentas altas, como ocurre en todos los impuestos progresivos. Ese mismo año llegó un gesto de valor ideológico, propagandístico y político, aunque no económico: suprimir todos los impuestos propios (3,4 millones de euros, que apenas representaban un 0,02% de la recaudación). A esas dos decisiones se les han unido en 2022 deducciones para fomentar la natalidad (34,7 millones, aún en tramitación en la Asamblea); la ampliación al 25% de la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos y tíos y sobrinos (48,3 millones de euros); la deflactación del IRPF (casi 200 millones, que de nuevo concentran el beneficio en las rentas más altas); y las seis bonificaciones anunciadas el martes pensando en 2023 (92 millones, aún por tramitar en la Asamblea).

Porque cuando Lasquetty habla, y se sonríe, feliz de que ya no esté Ciudadanos para impedir el pacto del PP con Vox (como ocurrió en 2020), está pensando en las elecciones del año que viene. El próximo mayo, Ayuso se juega doblemente su futuro, pues se la medirá tanto por el resultado autonómico (aspira a la mayoría absoluta) como por el municipal (preside desde mayo el PP de Madrid y busca desplazar a la izquierda de sus principales bastiones). Y a esa cita quiere llegar con las rebajas de impuestos como una de sus cartas de presentación.

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