Ayuso cede gratis dos parcelas de más de 11 millones para los primeros colegios concertados de Madrid en una década
Frente al deseo del Gobierno central de limitar estas iniciativas, la Comunidad recupera una apuesta de los gobiernos de Aguirre abandonada por sus sucesores Cifuentes y Garrido
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido ceder a coste cero dos parcelas valoradas en más de 11 millones de euros para convocar un concurso en el que las empresas ganadoras deberán construir sendos colegios privados concertados que explotarán durante al menos 40 años, pues la concesión podrá llegar hasta los 75. La decisión marca un punto de inflexión en la política de los Ejecutivos regionales. Así, no solo retrotrae a la Comunidad de Madrid a los tiempos de los presidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, puesto que Madrid llevaba sin culminar una iniciativa similar desde 2013. También lleva al Gobierno regional al choque con el central, opuesto a este tipo de prácticas.
La parcela más jugosa está en el barrio de Valdefuentes del distrito de Hortaleza, en la zona de Valdebebas, mide 18.838,4 metros cuadrados, y está valorada en 10.377.547,08 euros, según el convenio de cesión que firmó el Ayuntamiento de la capital con la Comunidad en mayo. La concesionaria deberá correr con los costes de levantar allí 18 unidades del segundo ciclo de educación infantil; 36 de Primaria; y 24 de educación secundaria obligatoria (ESO).
La otra parcela, también de origen municipal, está en el distrito de Villa de Vallecas, mide 13.456 metros cuadrados, y tiene un valor de 1.540.103,14, según la documentación pública relacionada con la concesión. En ella se plantean 12 unidades de educación infantil; 24 de Primaria; y 16 de ESO.
“Los licitadores podrán ofertar un proyecto de centro con una configuración de mayor capacidad para las enseñanzas referidas, si bien, su financiación con fondos públicos estará condicionada al concierto educativo”, detalla en ambos casos la información publicada en el portal de contratación, que marca un exiguo plazo de tan solo un mes para resolver el concurso. “Asimismo, el licitador podrá ampliar la oferta educativa del centro, solicitando la autorización de otras enseñanzas no obligatorias que funcionarían en régimen privado”, se añade. “La presente concesión se otorga con carácter gratuito, no procediendo contraprestación económica alguna por parte del concesionario a favor de la Comunidad de Madrid. En el supuesto de que el concesionario amplíe la oferta educativa del centro, solicitando la autorización de otras enseñanzas no obligatorias, que funcionarían en régimen privado, se revisará el establecimiento de una tasa”, se advierte. Y se especifica: “Se prevé el concierto educativo de las unidades señaladas en la configuración mínima en un plazo de cuatro cursos escolares”.
Un nuevo frente
El Ejecutivo regional no culminaba una concesión de este tipo desde 2013, cuando puso en marcha el colegio Pasteur Arroyomolinos para el curso 2013-2014. En 2018, detallan en la Consejería de Educación, se licitó otro concertado, pero la tramitación no llegó a terminarse. Finalmente, en 2022, el actual Ejecutivo reactivó un concierto durmiente (concedido pero no ejecutado) de 2005 en Villalbilla. Fue un aviso de lo que estaba por llegar: si los Gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido hicieron una apuesta explícita por no crear nuevos colegios privados concertados, Ayuso ha vuelto ahora a la política de los expresidentes Aguirre y González. Una decisión de la que ya avisó el actual consejero de Educación, Enrique Ossorio, en su última entrevista con EL PAÍS: “Si los padres quieren concertada, habrá más concertada”.
De hecho, el Ejecutivo de Ayuso ha encontrado en la defensa de esta opción educativa la oportunidad de abrir un nuevo frente en su confrontación constante con el Gobierno central. Así, al ver que el Ministerio de Educación estudiaba limitar estas cesiones de terreno a través de la nueva ley educativa, la Comunidad aprobó una norma regional que incluye ampliar los conciertos que ya estaban vigentes. La legislación autonómica fue presentada desde el principio como un intento de neutralizar la llamada ley Celaá (LOMLOE), y el Ejecutivo subrayó desde el primer minuto que su intención era blindar la educación concertada y especial en la región, manteniendo la segregación por sexos en centros sostenidos con fondos públicos
Una apuesta nada inocente. El PP lleva más de una década trabajando con la tesis de que gana más votos allí donde instala colegios privados concertados, según confesó uno de sus consejeros de Educación, Luis Peral. Como resultado, Madrid es la región española con más estudiantes en centros privados puros (15,8%) y tiene un 29,6% en concertados. Sumando las dos (45,4%) solo es superado por el País Vasco (48%).
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