La Empresa Municipal de Transportes planteó aplicar al comisionista del 3% un atenuante que evita su despido
Almeida descarta llevar a los tribunales al hijo de un ex alto cargo de Esperanza Aguirre que cobró más de 150.000 euros por ayudar a una empresa en una adjudicación: “Dijimos que iríamos si se acreditaba un contenido penal, pero esto es una irregularidad en el ámbito laboral”
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) se planteó aplicar un atenuante a Pablo Pradillo, el jefe de División que cobró una comisión del 3% (150.000 euros) por ayudar a una constructora a conseguir la adjudicación de una obra de la propia compañía pública. En un informe del director de Recursos Humanos enviado a la Oficina Anticorrupción del Ayuntamiento de Madrid, la EMT concluye que la actuación del trabajador puede considerarse una “falta muy grave” —castigada con hasta dos meses de suspensión de empleo y sueldo, o incluso con el despido—, pero que se podría aplicar el atenuante al empleado porque “no tenía intención de causar un mal, daño o perjuicio tan grave como el ocasionado”.
Esa medida suponía un importante salvavidas para Pradillo, hijo de José Manuel Pradillo, quien fuera gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre. Según remachaba el informe de la EMT, de concluirse que se le podía aplicar el atenuante, era “poco viable” que se le castigara con el despido. Una situación que, finalmente, no tuvo ni que valorarse, ya que la empresa pública ha considerado directamente que la irregularidad ha “prescrito”, según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS.
Este lunes, durante una comparecencia pública con preguntas, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, echó balones fuera y achacó toda responsabilidad al anterior equipo de Gobierno: “¿Por qué se adjudicó este contrato el día antes de que llegáramos al Gobierno? Debería responder Rita Maestre, [por entonces portavoz de Manuela Carmena y ahora de Más Madrid]”. Almeida, además, descartó llevar a los tribunales a Pradillo, tal y como sugirió el edil de Movilidad, Borja Carabante, el pasado mayo: “Dijimos que iríamos si se acreditaba un contenido penal, pero esto es una irregularidad en el ámbito laboral, son planos distintos”. José Manuel Calvo, actual portavoz de Recupera Madrid, grupo integrado dentro del Grupo Mixto, y cuando se adjudicó el contrato concejal de Urbanismo con Carmena, dijo en el mismo acto que Almeida estaba “indultando” a Pradillo con esta decisión. “Esto tiene que ir a los tribunales para llegar hasta las últimas consecuencias”.
Como desveló este periódico, el jefe de División ayudó en 2019 a una Unión Temporal de Empresas (UTE), encabezada por la constructora Inesco, a “preparar la oferta” que ganó el proyecto de reforma de unas cocheras en el barrio de Fuencarral, por el que el Ayuntamiento pagó cinco millones de euros (sin contar el IVA). El trabajador bajo sospecha, que recibió pagos hasta junio de 2021, mantiene que en ese periodo estaba de “baja voluntaria”, pero la Dirección General de Función Pública recalca que existía una clara “incompatibilidad”. Además, Pradillo ya fue sancionado en 2018 por cometer otra “falta muy grave” al gestionar otra obra y se le castigó con 60 días de suspensión de empleo y sueldo.
La oposición ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de no querer actuar contra Pradillo. Esther Gómez, concejal de Más Madrid y consejera de la EMT, se ha pronunciado así este lunes sobre el caso: “Almeida protegiendo a uno de los suyos. Más comisiones a la saca. A pesar de haber cometido una falta muy grave, la dirección de EMT no le sancionó. Y el expediente informativo que le abrieron hace cuatro meses al trabajador sigue sin sernos facilitado”. Fuentes de dicha formación consideran también llamativo que se llegase a valorar la posibilidad de aplicarle un atenuante y, sin embargo, se obviaran los agravantes previstos en el convenio laboral: entre otros, “la premeditación” y el “ser reincidente”.
El Consistorio tardó una semana en poner en marcha una investigación sobre los pagos al jefe de División. EL PAÍS publicó la exclusiva el 3 de mayo, pero la Administración no abrió un expediente hasta siete días después. Los populares lo hicieron tras poner primero en duda la información, y después de que la propia Oficina Anticorrupción iniciase por su cuenta otras pesquisas y les reclamase información sobre la adjudicación bajo sospecha. El Ayuntamiento optó después por extender un manto de silencio sobre el caso y, durante meses, apenas ha facilitado información a los consejeros de la EMT.
Ahora, la empresa afirma que no se puede hacer nada contra Pradillo. Según la EMT, estas irregularidades prescriben a los 60 días desde que la compañía “tuvo conocimiento de su comisión” o, “en todo caso, a los seis meses de haberse cometido”. Y la empresa, presidida por el PP, comienza a contar el plazo en 2019, cuando “habrían ocurrido” los hechos. Aun así, Pradillo recibió su último pago en junio de 2021 y se reincorporó a su puesto en agosto de ese año. En ese momento, la EMT “era conocedora” de su relación con la UTE, según afirmó Pradillo a eldiario.es. A su vez, Más Madrid mantiene también que la ejecución de la obra adjudicada a la UTE aún no ha terminado, por lo que el plazo de prescripción no habría vencido.
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