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Un juzgado abre una investigación ante los indicios de compra de votos por correo en Melilla

La Junta Electoral ordena entregar el sufragio postal con el DNI. Las solicitudes se han disparado hasta las 11.002, casi un 20% del total y más del doble que hace cuatro años

Un agente de la policía nacional hace guardia frente a la puerta de las oficinas de Correos en Melilla. sin colas, durante la campaña de voto por correo para el 28-M, este jueves. Foto: ANTONIO RUIZ | Vídeo: EPV
Virginia Martínez

La avalancha de solicitudes de voto por correo en Melilla, sumada a los numerosos indicios que tiene la Policía Nacional de que se está produciendo una compra de sufragios en la ciudad autónoma, ha llevado a la Junta Electoral de Zona (JEZ) a tomar una decisión inédita. El organismo público, reunido el miércoles de forma extraordinaria, ha acordado que los ciudadanos que hayan pedido el sufragio por vía postal tendrán que presentarse en Correos e identificarse con su DNI para poder entregar el sobre con la papeleta, tanto si lo hacen en una oficina de la ciudad autónoma como en el resto del país. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla ha abierto diligencias previas por presunto fraude electoral a instancias de la Policía Nacional, según la Delegación de Gobierno. El proceso se encuentra bajo secreto de sumario.

Hasta ahora, había que identificarse para solicitar la documentación de voto por correo pero no para entregar después el sobre con la papeleta en Correos, lo que supuestamente aprovechaban las redes de compra de voto para alterar los sufragios en el camino entre ambos trámites. “Aunque en esta ciudad la experiencia viene demostrando que el porcentaje de electores que optan por esta modalidad de voto es muy superior a la media nacional, este porcentaje se ha disparado en relación con los comicios inmediatamente anteriores. Estas cifras son insostenibles, y sin mayor esfuerzo intelectivo hacen pensar que pudieran existir irregularidades en el proceso del voto por correo”, afirma la JEZ en el acta de la reunión.

Las solicitudes del voto a distancia ascendían ya este jueves a 11.002, un 19,94% del total y más del doble que en las elecciones municipales de 2019. Los números son muy superiores a la media nacional, cuyo porcentaje es del 2,84%, y al dato de Ceuta, del 3,30%. En Melilla operan desde hace años redes de compra del voto por correo, según diversas investigaciones, pero este 28-M se había incrementado exponencialmente el volumen de solicitudes, algo que ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad. Además, se ha recrudecido la virulencia y la presión ejercida por las redes, con una forma de actuar similar a la de las bandas de narcotráfico, según fuentes policiales. Y se habían registrado varios asaltos a carteros para robarles papeletas de voto. “Son hechos muy graves en caso de acreditarse que son ciertos”, afirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este martes en los pasillos del Senado. “En ese sentido”, añadió, “[pondremos] nuestra máxima dedicación a esclarecer estos hechos bajo la dirección de la autoridad judicial”.

Con el sistema de voto por correo que rige en la actualidad, el votante recibe la documentación de manos del cartero, en casa, y debe identificarse con el DNI. Pero cualquier persona puede entregar luego en la oficina su sobre, incluso varios sobres, como ha ocurrido con frecuencia en Melilla en procesos electorales anteriores. Los cabecillas de las bandas —cargos políticos, según los investigadores— ordenan a delincuentes comunes recoger en sus casas los votos de familias, generalmente vulnerables y jóvenes, a las que previamente han prometido a cambio dinero u otras prestaciones; y después esos delincuentes son los que entregan los sobres en Correos. La Junta Electoral de Zona ha entendido, por ello, que la medida más eficaz para atajar el problema de la compra de votos es que los melillenses estén obligados a entregar en la oficina de Correos su propio sobre, en persona y con el documento identificativo. La medida adoptada por la JEZ ha sido confirmada este jueves por la Junta Electoral Central, que ha extendido esta obligación a todas las oficias de Correos de España para los censados en Melilla. Antes de que se produjera esa directriz habían sido depositados 700 sobres en las oficinas, según datos de la Delegación del Gobierno.

Por un voto se suele pagar entre 50 y 150 euros. Pero no solo se ofrece dinero líquido. También hay promesas sobre licitaciones, ayudas o subvenciones valiéndose de la situación de preeminencia en el cargo, en caso de salir elegidos, según las pesquisas policiales. Los investigadores señalan además que en ocasiones se llega incluso a “amenazar” a quienes no se cedan a las presiones. También se atemoriza a quienes delaten los hechos. EL PAÍS accedió a un audio de WhatsApp incluido en las investigaciones que refleja los ofrecimientos que los delincuentes hacen a los melillenses para pagar por su voto: “¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal la familia? Si tú, tu mujer, tu familia, tal... quieren votar, tráeme los votos, que yo te los compro todos”, se escucha en la grabación, que las fuerzas de seguridad recibieron hace dos semanas.

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En Melilla gobierna Eduardo de Castro, que concurrió por Ciudadanos a las elecciones en 2019 y se convirtió en el único presidente autonómico de ese partido con un acuerdo a varias bandas: aunque logró solo un escaño, el suyo, De Castro llegó a un acuerdo de coalición con el PSOE (cuatro representantes) y Coalición por Melilla (ocho) —partido localista con influencia sobre la población musulmana—. El pacto desbancó a Juan José Imbroda (PP) tras casi dos décadas a cargo de la ciudad autónoma. De Castro fue expulsado de Ciudadanos en 2021 por ocultar al partido que estaba imputado en una causa por prevaricación, pero no abandonó la presidencia de la ciudad. Las encuestas sitúan ahora en cabeza a PP y a Coalición por Melilla, separadas por un estrechísimo margen. En Melilla, con un sistema a caballo entre el Ayuntamiento y el Parlamento autonómico, se reparten 25 asientos en la Asamblea. Para conseguir un escaño, se necesitan en torno a 1.000 votos, por lo que en torno a 10 dependen del voto por correo.

Un agente de la Policía Nacional vigilaba el lunes la oficina de Correos de Melilla durante la campaña de voto por correo para el 28-M, el 15 de mayo.
Un agente de la Policía Nacional vigilaba el lunes la oficina de Correos de Melilla durante la campaña de voto por correo para el 28-M, el 15 de mayo.Antonio Ruiz

Distintas soluciones de los partidos

Ante el incremento de las solicitudes de voto por correo, y los cinco ataques registrados contra los carteros la semana pasada, a quienes se sustrajeron unos 80 envíos —que llevaron a la Delegación del Gobierno a reforzar la seguridad para que los repartidores fueran escoltados por agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local—, las formaciones políticas han sugerido diferentes soluciones. Vox reclamó a la JEZ que suspendiera el sufragio por vía postal. El PSOE pidió que, el próximo 28 de mayo, los sobres del voto por correo fueran depositados en urnas separadas. Coalición por Melilla exigió anular directamente los inminentes comicios. Y PP y Podemos plantearon que los electores se identificasen al entregar la papeleta en la oficina, como así ha decidido finalmente la JEZ. Los más de 80 votos robados están controlados y no podrán utilizarse. El representante de Coalición por Melilla ha dado un voto particular en contra de la medida de la JEZ. Según los primeros indicios, los delincuentes habrían actuado a espaldas de sus superiores para conseguir más votos con un solo golpe.

En la ciudad fronteriza, estas prácticas se investigan desde hace tiempo. El presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, y el ex secretario general del PSOE de Melilla Dionisio Muñoz Pérez fueron sentenciados como culpables de la compra de votos hace años. Hassan Driss, exviceconsejero del PP, y Javier Lence, gerente de los populares, fueron juzgados y absueltos. Aberchán está inhabilitado, la candidata de Coalición por Melilla es en esta ocasión Dunia Almansouri.

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Sobre la firma

Virginia Martínez
Es redactora en la sección de España y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde trabajó en la sección audiovisual hasta verano de 2021. Antes cubrió información local en el diario Granada Hoy. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y en Periodismo por la Universidad de Málaga y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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