Radiografía electoral | El Madrid de Ayuso, una región instalada en el terremoto

El 13 de noviembre del año pasado, 200.000 personas abarrotaron las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública. Fue un grito de protesta, pero también de socorro: la expresión del miedo al colapso del sistema tras dos años de pandemia con 20.000 muertos, 7.000 de ellos ancianos en las residencias. Un día después, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, restó importancia a la movilización al vincularla a un supuesto “juego sucio” de la izquierda para llegar al poder. Y espetó: “Madrid es una pieza esencial a batir”. Esa doble imagen retrata una región llena de contrastes radicales, donde hay tanta riqueza como desigualdad, y que ha vivido los últimos cuatro años de terremoto en terremoto.

Terremoto es que Díaz Ayuso haya pasado de ser la primera candidata del PP en tres décadas en perder unas elecciones autonómicas madrileñas —las de 2019, cuando tuvo que recurrir a un pacto con Ciudadanos para gobernar— a ganar de forma arrolladora las de 2021 y ser favorita en 2023, rozando incluso la mayoría absoluta en las encuestas. Terremoto es que Ciudadanos haya vivido un seísmo en sentido contrario: de estar en el Gobierno como socio de los conservadores (entre 2019 y 2021) a desaparecer del Parlamento autónomo. Y terremoto es que la relación del PP con Vox haya estado plagada de sobresaltos, hasta el punto de que el Ejecutivo solo haya aprobado uno de los cuatro Presupuestos posibles desde 2019 (los de 2022, ahora mismo prorrogados).

“Es evidente que estabilidad no ha habido y que en el PP ha primado el ánimo de matar a Ciudadanos”, resume el politólogo Pablo Simón sobre la disolución sucesiva de los Ejecutivos de coalición formados por estos dos partidos en Madrid, Castilla y León y Murcia. “Ayuso ha sido capaz de construirse una personalidad política propia y ha acelerado la lógica de Madrid como contrapoder al Gobierno central, a lo que ha ayudado mucho la gestión de la covid-19, en la que se diferenció y que le colocó como una diva pop en la derecha”, sigue. “Se ha beneficiado del castigo al Gobierno de Pedro Sánchez”.

El choque del Ejecutivo autónomo con el central ha sido una constante en estos cuatro años. Madrid ha llevado una docena de decisiones de Sánchez a los tribunales, y Ayuso ha llenado sus intervenciones de referencias a la política nacional. Mientras, entre 2019 y 2021 el Gobierno de PP y Ciudadanos no aprobó ninguna nueva ley de calado (apenas una reforma de la ley del suelo recurrida en el Constitucional y el impulso a una nueva universidad privada) y ni siquiera presentó un proyecto de Presupuestos. Entre 2021 y 2023, el Ejecutivo monocolor del PP sí logró aprobar 28 leyes con el apoyo de Vox, pero se dejó otras cuatro por el camino, incluyendo la de Presupuestos para 2023, lo que ha provocado un rifirrafe entre los dos partidos que ahora marca las elecciones del 28-M.

“Mucho cartel electoral y cero gestión”, resume Juan Lobato, el líder regional del PSOE, que señala la vivienda, la sanidad y la educación como los grandes problemas de Madrid, porque las políticas del PP en estos tres ámbitos, sostiene, están ahondando la brecha de la desigualdad en la comunidad.

“Lo más importante que ha sucedido en Madrid desde 2019 ha sido la autoidentificación de la comunidad como un espacio de libertad”, replica el portavoz del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines. “Los madrileños hemos interiorizado la importancia de Madrid como contrapeso esencial de poder frente a los excesos de Pedro Sánchez”, defiende. “Madrid ha despertado”, agrega, soslayando las numerosas polémicas que han rodeado a la presidenta.

La primera fue porque la dirigente popular contactó en 2011, año de su debut como diputada, con Avalmadrid, una entidad semipública que financia a pymes y empresas, para interesarse por el aval concedido a una compañía participada por su padre para que lograra un crédito de 400.000 euros. Para cuando el negocio naufragó y comenzaron los impagos, la hoy presidenta ya había aceptado la donación del piso paterno, que así quedó fuera del alcance de los acreedores. Ni la Fiscalía ni el Supremo consideraron que hubiera nada que investigar al respecto.

Díaz Ayuso gestionó luego confinada parte de la pandemia, por estar contagiada, en un apartahotel de lujo del empresario Enrique Sarasola, que dijo pagar de su bolsillo.

Y el remate fue el Caso mascarillas, que desató una guerra civil en el PP y acabó con el liderazgo de Pablo Casado: el hermano de Díaz Ayuso cobró más de 55.000 euros por facilitar en plena pandemia a la empresa Priviet las mascarillas que esta le vendió a la Comunidad de Madrid, y otros 200.000 euros por supuestas gestiones para otros contratos que no fructificaron, según el relato hecho por la empresa y Tomás Díaz Ayuso ante la Fiscalía. Ni el ministerio público español ni la Fiscalía Europea vieron problema alguno en el trato.

La resolución favorable a sus intereses de todos esos asuntos ha permitido al Ejecutivo convertir el bienio 2021-2023 en una larga precampaña electoral. El Gobierno de Ayuso se ufana de que Madrid es la comunidad donde más empresas se crean, de que la región absorbe la mayoría de inversiones extranjeras y de que tiene el récord de población activa. También reivindica que, en 2022, fue la autonomía del régimen fiscal común con los ingresos medios anuales más altos (15.695 euros por persona). Ese Madrid triunfal y vibrante oculta, sin embargo, otro Madrid en el que el 40% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes, según datos del Instituto Nacional de Estadística en 2022.

Tras los flashes de las celebraciones y los fogonazos de sus choques con el Gobierno central, los conservadores han profundizado en sus propuestas más ideológicas. Solo desde 2021 ha habido 20 reducciones de impuestos valoradas en más de 700 millones, unas rebajas que la izquierda ve irresponsables cuando los servicios públicos, principalmente la sanidad, requieren, a su juicio, más recursos. La educación concertada (privada pero sostenida con subvención pública) ha sido protegida por Ayuso con una ley, con las dos primeras cesiones de terrenos para construir estos centros desde 2013 y con un decreto que permitirá a los colegios que segregan por sexo mantener la financiación pública hasta 2027. Lo que ha quedado en nada es la promesa de construir 15.000 viviendas públicas entre mayo de 2019 y mayo de 2023: ninguna estará terminada para cuando lleguen las urnas.

“Ha habido cambios, sí. Pero para dar marcha atrás”, lamenta Mónica García, la líder de Más Madrid. “Hay menos vivienda pública, se ha hundido la emancipación juvenil, se ha dejado a miles de jóvenes sin plaza de FP y se ha expulsado al 35% de nuestros pediatras”, remarca.

La sanidad ha sido el gran caballo de batalla del Gobierno de Ayuso. Primero, por la gestión de la pandemia y la construcción del hospital Zendal, que costó 150 millones de euros y ha quedado prácticamente sin uso tras el pico del coronavirus. Luego, por el plan de reapertura de las urgencias extrahospitalarias, reformulado en tres ocasiones. Más tarde, por la huelga de los médicos de atención primaria y urgencias. Y, como colofón, por las dos manifestaciones en defensa de la sanidad pública, las más multitudinarias de los últimos años en Madrid.

“Ha habido actitudes thatcherianas”, lamenta Ángela Hernández, secretaria general del sindicato médico Amyts. “En la pandemia dimos el callo y se generó la expectativa de que el Gobierno viera la necesidad de un sistema sanitario fuerte, pero hay más interés en el ladrillo y el negocio, en la tecnología, que en el servicio”.

“El principal cambio social ha sido la toma de conciencia de la ciudadanía para defender la sanidad pública”, opina Agustín Moreno, diputado de Podemos la pasada legislatura y también vinculado a Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz. Con él coincide Alejandra Jacinto, la candidata de Podemos a la presidencia: “Si algo nos han enseñado las movilizaciones masivas en defensa de la sanidad pública, las reivindicaciones del sector del taxi, de los vecinos de San Fernando de Henares [por las demoliciones de sus casas a causa de las obras del Metro], de la Cañada Real [que viven sin electricidad], o de los familiares de las 7.291 personas mayores fallecidas en las residencias, es que ya existe un modelo alternativo de región. Solo falta que las instituciones se pongan por fin a su servicio”, asevera. Eso es lo que se dirime el 28-M: si el PP, que gobierna desde 1995, mantiene el poder o si la izquierda se hace con él.

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