Un terremoto de múltiples consecuencias

La retirada de siete candidatos de las listas de Bildu a los cinco días de que lo exigiera una asociación de víctimas del terrorismo no tiene precedentes. Ha sido posible por el prestigio de Covite —la asociación mayoritaria vasca— y de víctimas no asociadas como María Jáuregui, logrado por su independencia. Igual que exigen y seguirán exigiendo a Bildu su autocrítica por su pasada complicidad con ETA, también critican la utilización que el PP hace del terrorismo. Criticaron al PP cuando trató de soliviantar a las víctimas por los acercamientos del Gobierno de presos de ETA a cárceles vascas. Su independencia hace mella en Bildu que, en su lento proceso a la normalidad, se comprometió hace año y medio a escuchar a las víctimas y no dañarlas más. Su rectificación, tras el grave incumplimiento con las listas, predice que fortalecerán su vigilancia en el futuro.

Bildu, influida por el Sinn Fein, que en sus listas electorales introduce a militantes conocidos del IRA, como Martin Mc Guinnes, no prestó importancia a que en las suyas aparecieran siete candidatos condenados por delitos de sangre. Unido a que en algunas asambleas municipales de Bildu, competentes en la confección de las listas, sectores radicales impusieron algunos candidatos con pasado sangriento, como desafío a la dirección, explica el penoso incidente. Bildu resalta que los siete condenados por delitos de sangre, que han normalizado su vida, plantearon por iniciativa propia su retirada para facilitar la solución del problema y aclararon que no pretendían legitimar a ETA con su presencia.

A la rectificación de las listas y a la prohibición de los ongi etorris, homenajes a etarras excarcelados, prometen avances en el reconocimiento a las víctimas, aspecto clave para la convivencia. Pero no contemplan, a plazo corto, una autocrítica drástica sobre su pasada complicidad con ETA. Necesitan tiempo para asumir ese compromiso por el que tienen que pagar un precio. Su ausencia de autocrítica le cierra las puertas del Gobierno en Euskadi porque el PSE y el PNV, sus potenciales aliados, se oponen a que lidere el país un partido que no ha ajustado cuentas con su pasado. Otra cosa es la actividad parlamentaria propia de un partido legal al rechazar sus estatutos la violencia.

Otra consecuencia de la crisis de las listas, que puso en peligro la relación del Gobierno con Bildu, ha sido su mejoría al aclarar sus campos de actuación. El Gobierno mantendrá sus relaciones parlamentarias con Bildu, exclusivamente en el terreno socio-económico. Bildu se ha comprometido a respetar a las víctimas de ETA. Las conversaciones entre los socialistas y Bildu, a escala vasca y navarra, han funcionado en la crisis.

El PP también ha sufrido consecuencias. Cuando Núñez Feijóo fichó a Borja Sémper, este le recomendó que evitara el discurso más radical de la derecha, el de que ETA ha ganado al estar Bildu en el Parlamento, y que se limitara a censurar los pactos del Gobierno con los abertzales. La propuesta tenía pies de barro por incoherente —el PP ha cerrado numerosos pactos con Bildu en ayuntamientos vascos—; porque Feijóo sobreactuó al culpar al PSOE del grave error de Bildu; por utilizar un lenguaje bélico —”es más generoso con los verdugos que con las víctimas”, le dijo a Sánchez— propiciar un clima de crispación que choca estrepitosamente cuando ETA cesó hace 11 años y no evitar que los radicales del PP —con Díaz Ayuso a la cabeza— asuman el discurso de Vox de que ETA ha ganado, lo que ha sublevado a las víctimas.

El terrorismo es una cuestión de Estado que debe marginarse del debate electoral por respeto a las víctimas que lo han reclamado. El PP debe desarmar su lenguaje bélico contra el PSOE y dejar de utilizarlo electoramente. Los partidos democráticos deben acordar un relato sobre la victoria democrática sobre ETA y sus consecuencias. La proximidad de las elecciones generales y la tentación de Feijóo lo impide hoy. Pero ese acuerdo tendrá que imponerse con o sin Feijóo.

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