Vivir con alarmas y bajo llave frente a los ocupas

El estallido de la burbuja inmobiliaria dejó en torno a 2008 miles de promociones de casas a medias y hundió por años la venta de inmuebles en toda España. La crisis que siguió, tan brutal como prolongada, ha mantenido miles de pisos vacíos y sin vender, en un limbo de embargos, ejecuciones hipotecarias y subastas, favoreciendo las ocupaciones en una coyuntura de alquileres altos y escasez de vivienda. En Montserrat, localidad valenciana de 7.600 habitantes, los vecinos de cinco fincas (unos 70 pisos) situados entre la calle de la Pau y Metge Manuel Llombart, viven de sobresalto en sobresalto desde 2020. Uno de los vecinos más antiguos oyó un día ruidos en la azotea, por la que se comunican todos los bloques. Pronto supo que tenía una persona ocupa que no se dejaba ver. Más tarde comenzaron a desfilar desconocidos por los portales que, al ser interpelados por los residentes, aseguraban haber comprado las llaves de uno u otro piso “por 1.500 euros”, cuenta el vecindario. Se enganchaban al cuadro de la luz y listo.

A Promociones Amenofis, propietaria de estas fincas de Montserrat, la crisis le aguó las ventas. Además, todo eran problemas con los escasísimos dueños de la promoción, dado que la mayoría de casas se quedó sin vender: no se constituyó la comunidad de vecinos, los ascensores nunca se pusieron en marcha, robaron las placas solares, se inundó un bajo y una larga lista de calamidades. Los pisos se han ido ocupando —el número 30 de Manuel Llombart está habitando íntegramente por ocupas—, y cunde entre los residentes más antiguos un ambiente de inseguridad. Las alarmas saltaron el pasado verano cuando en plenas fiestas del pueblo se oyeron tiros en un altercado en el que se vio implicada una de las familias que ocupan estos bloques. La Policía Local y la Guardia Civil van día sí, día no. “Es muy complicado vivir así”, responde uno de los vecinos que atiende nuestra llamada. Han instalado alarmas y cambiado cerraduras pero, como se lamenta una de las alquiladas, “se vive mal y a veces se pasa miedo”.

Los juzgados de Picassent, de los que depende Montserrat, son conscientes del problema. El juzgado de Primera Instancia número 1 de Picassent tiene alrededor de una docena de procedimientos penales por ocupaciones sin contrato en estos cinco bloques. En todos los casos, previa denuncia de la Sareb, el llamado banco malo, —titular de la deuda de Amenofis— el juzgado ha oficiado a las fuerzas de seguridad para que identifiquen a los ocupantes a fin de dirigir la causa contra ellos.

A las ocupaciones irregulares se añaden las demandas contra inquilinos que firmaron en su día contratos de alquiler con la promotora a bajo precio cuando estaba a punto de ejecutarse la hipoteca. En un auto de diciembre de 2022 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Picassent, que resuelve que deben desocuparse una serie de pisos de estos bloques porque van a subastarse, el juez advierte que Amenofis dejó de pagar el préstamo hipotecario en 2012, por lo que era consciente de que una entidad bancaria podía reclamar la garantía hipotecaria” sobre los pisos alquilados. Unos cuantos inquilinos reconocen que dejaron de pagar la renta —la consignan en una cuenta bancaria— por la situación de la finca y porque la promotora se desentendió, explican dos de los vecinos.

El mismo juzgado tiene, esta vez por la vía civil, en torno a unos 40 procedimientos —juicio verbal de desahucio por precario— por demandas de la Sareb, en tanto que titular de la deuda. La resolución recoge que la responsable de la promotora, Susana de Cabo, había seguido “celebrando” contratos de alquiler a pesar de no satisfacer el préstamo y saber que los pisos se iban a subastar.

Los inquilinos afectados han sido advertidos por el juzgado de que deberán abandonar sus viviendas cuando la propietaria real (la Sareb) las saque a la venta. De momento, no se han ejecutado los lanzamientos —la acción física de desahuciar a un inquilino—. No obstante, algunos de los residentes ya han dejado los pisos y han entregado las llaves, asegura el juzgado.

Mirando la fachada desde la calle apenas se aprecia la precaria situación en que se encuentran las fincas. Pero, desde la azotea comunitaria pueden apreciarse agujeros en los muros para facilitar el paso de un edificio a otra, o colchones que alguien ha empleado para dormir al raso. Otra de las vecinas, a punto de entrar en uno de los portales, grita que no hay problemas cuando se percata de la presencia de periodistas. Sin embargo, en los juzgados ya hay alguna denuncia por empujones y amenazas verbales a algún vecino por parte de algún ocupa.

Juicios rápidos

Según el alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas i Garcia, la localidad tiene casi 4.000 viviendas en su término municipal, aparte están las del centro urbano. El 60% está en urbanizaciones y el resto son diseminadas. Durante el boom de la construcción se edificó mucho pero vino la crisis inmobiliaria y algunas promociones se quedaron en un limbo. Las ocupaciones en el municipio son “en el 99,9% de los casos” de inmuebles de bancos o de la Sareb. El lío acerca de quien es el propietario real de esos pisos provoca muchos quebraderos de cabeza a los ayuntamientos a la hora de resolver los conflictos.

Este ayuntamiento mantiene una estrecha relación con los juzgados de Picassent y su alcalde se ha reunido, junto con otros primeros ediles de municipios vecinos, con la decana de los juzgados para acelerar los plazos de desahucio con juicios rápidos. La Sareb sabe de la problemática, según el Ayuntamiento que, a día de hoy, a quien tiene que notificar de los juicios rápidos es a Promociones Amenofis, pues es la que aparece en el Registro como titular. Si luego esta comparece o no en los juicios rápidos es otra cuestión.

La representante de Amenofis frente a los vecinos, en conversación telefónica con este diario, asegura que no está en el cargo desde hace año y medio. Pero hasta entonces, insiste, los contratos de alquiler que formalizó eran legales y podía hacerlos porque la sociedad figura en el Registro de la Propiedad como dueña de los pisos. Del auto judicial que censura que siguiera alquilando pisos, asegura que no lo conoce. “Menos cuatro o cinco inquilinos, todos tenían deudas. No pagaban”, afirma.