La nueva desaladora de La Tordera choca con la falta de capacidad eléctrica

Un problema lleva a otro. La sequía ha recordado al Govern la necesaria construcción de nuevas desalinizadoras, y la aparición de esos proyectos han hecho saltar otra alarma, la urgencia de resolver un problema enquistado desde hace tres lustros: asegurar la capacidad eléctrica en Girona. Tal y como está ahora la red de transporte y suministro eléctrico es imposible dar a la nueva desaladora de La Tordera, en Blanes, los 60 megavatios (MW) de potencia que necesitaría para funcionar. El Departamento de Acció Climática busca una fórmula que permita solventar el problema de la línea de muy alta tensión (MAT) que, según la planificación oficial, debía tener un ramal desde Guilleries a Riudarenes y desde allí, rebajando la potencia, dar servicio a una parte de Girona que ha sobrevivido los últimos años en precario.

Desde la Generalitat aseguran estar trabajando con el territorio “para encontrar una solución técnica óptima para la zona”. Desde el Departamento de Acción Climática eran muy conscientes de lo que se les venía encima antes incluso de cerrar con el Ministerio para la Transición Energética el desbloqueo de las inversiones en La Tordera y en la futura desalinizadora del Foix (en el Garraf). El pasado 26 de enero, en un acto conmemorativo de los 10 años de la consulta popular sobre la MAT, el director general de Políticas Ambientales y Medio Natural, Marc Vilahur “confirmó que se estaba trabajando para que el nuevo proyecto, que había estado parado muchos meses, progresara”, según explica Joan Canal, portavoz de la plataforma No a la MAT.

Diversos alcaldes de la zona consultados aseguran desconocer ninguna negociación, que se debería ampliar a entidades del territorio y a las empresas Red Eléctrica de España (REE), responsable de las líneas de alta capacidad, y Endesa, titular del cableado que da suministro a los usuarios finales. De momento, explican fuentes consultadas, Endesa se ha comprometido a liberar de la red que ahora da electricidad a la desalinizadora ya existente en La Tordera 20 MW para asegurar lo que sería la primera fase de la nueva instalación. Pero quedarían dos tercios de la capacidad requerida y se ha de tener en cuenta que por esa zona discurre otro gran consumidor de electricidad, el tren de alta velocidad.

La planificación original pintaba un dibujo en el que del tronco principal de la MAT discurría un ramal hasta Riudarenes, donde una subestación debía rebajar la potencia para dar servicio a los clientes de las compañías eléctricas. Pero ese plan quedó en desuso por la protesta del territorio, apoyada por el president de la Generalitat, Quim Torra. Y ahora se debe resolver con urgencia su conexión a la red si se quiere poner en marcha en 2028, como anunció el pasado lunes el consejero de Acción Climática, David Mascort. Endesa soluciona una primera parte del problema, pero no todo. De la misma forma que lo harán las placas fotovoltaicas que ayuden a la generación eléctrica, pero tal y como señala un proyecto elaborado en 2021 por Typsa para la desalinizadora, estas tienen como objetivo “reducir la factura eléctrica y convertirlo en un equipamiento más sostenible al reducir su dependencia energética”.

En 2022, la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, y Vilahur confirmaron a los miembros de la plataforma contraria a la alta tensión que “se estaba trabajando en un proyecto hasta Riudarenes o Sils, que no sería de Muy Alta Tensión (MAT) y que se compactaría el trazado con los recorridos de otras líneas ya existentes y se sería generoso con los tramos soterrados”, indica Canal.

Enfado por las expropiaciones

A la necesidad de más potencia eléctrica se añade a otro obstáculo, la expropiación de las tierras agrícolas adyacentes a la planta, que aunque ya estaba previsto, está soliviantando a algunos agricultores. Para ampliar la desaladora ya estaba prevista la expropiación de hectáreas agrarias adyacentes y en la ladera del propio río, pero fuentes del sindicato mayoritario de Unió de Pagesos aseguran a este diario que ahora se “quieren expropiar más hectáreas” de las “previstas”, dicen. “El cableado eléctrico que tienen que usar necesita mucha tensión y necesitan más hectáreas para instalar”, aseguran estas fuentes. Las mismas fuentes explican que los agricultores afectados se cuentan “por decenas” y que están habiendo distintas reuniones con el Govern para “analizar los casos” y desencallar la situación, aunque se preparan alegaciones.

El sindicato es consciente de que en el actual contexto de sequía es difícil oponerse a un proyecto así, cuando la comunidad sufre la peor crisis hídrica desde que existen registros, y más teniendo en cuenta que ellos son uno de los principales sectores afectados. Pero se quejan de que las cosas “no se pueden hacer así” (en referencia a “las prisas”), añade un portavoz.

“No solo es la instalación para la captación de agua, también el cableado por donde pasará”, inciden estas fuentes sobre las dificultades en el territorio para levantar un sistema con el que abastecer la planta desaladora. “Estamos intentando luchar para reducir los impactos conscientes de que es una obra necesaria”, añaden las mismas fuentes, quienes aseguran que todavía no se han cerrado todas las indemnizaciones.

La desalinizadora será una obra de titularidad estatal, licitada con Acuamed, pero se hará con el proyecto constructivo que ya tenía la Generalitat preparado. Desde un principio, la Generalitat comunicó al Gobierno central que era ella la que quería encargarse de llevar a cabo los trabajos de expropiación con los afectados, una condición que el ministerio, explican fuentes conocedoras de las negociaciones, aceptó. El Govern entendía que la proximidad con el territorio facilitaría las negociaciones con los agricultores. Los payeses también preferían que fuera la Generalitat la que llevara a cabo esas negociaciones. En la tabla de las actuaciones urgentes de emergencia pendientes que la ACA ha ido presentando en las diferentes comisiones interdepartamentales por la sequía de la Generalitat, el órgano público señala como un “riesgo” para la ejecución de la desaladora de la Tordera las expropiaciones agrícolas pendientes.

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