El juicio a Borràs y la fractura en la ANC abren una vía de agua en el independentismo radical

El independentismo radical no está pasando precisamente sus mejores días. Las declaraciones de varios testigos han acorralado a Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya y del Parlament, ahora suspendida, en el juicio que se sigue contra ella por haber fraccionado contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. La Fiscalía le pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Paralelamente, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la entidad que en los buenos años del procés convocó movilizaciones multitudinarias, está atravesando una profunda fractura bordeando el cisma por una eventual candidatura a las elecciones catalanas de 2025. Los críticos buscan firmas para adelantar las elecciones de esa entidad.

A la espera del desenlace del juicio contra su presidenta, Junts afronta las elecciones municipales como una palanca para volver a tener un papel relevante. Tras su salida del Govern, el pacto presupuestario entre Esquerra y el PSC ha eclipsado a los neoconvergentes, que fían su suerte a la nueva cita electoral. En medio del desconcierto, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias se ha convertido en su gran esperanza. El ex primer edil, derrotado por Ada Colau hace ocho años, pidió libertad para hacer la lista a su antojo y marcar sus prioridades y asegura que Carles Puigdemont se la dio. Solo cierra la puerta a Colau y no desdeña un acuerdo con ERC o reeditar la sociovergencia. No sería algo tan extraño: en la Diputación de Barcelona gobiernan Junts y el PSC.

La figura de Borràs es espinosa y profundamente controvertida. El pasado verano, generó una ola de indignación en buena parte de las filas del partido cuando acudió a saludar a quienes interrumpieron el minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado yihadista de la Rambla. Fue ella la que lideró el sector partidario de salir del Govern. Favorito en las encuestas, Trias ha mostrado estos días su solidaridad con Borràs pero no acudió, por ejemplo, a la concentración de apoyo el día 10 ante el Tribunal Superior de Justicia cuando empezaron las sesiones previas al juicio. Dice que no es porque esa foto le haga daño, sino porque la causa afecta a todos por la abultada demanda fiscal. No fueron tampoco ni ERC ni la CUP, que sostienen que la causa de Borràs no tiene nada que con ver con las que se siguen por el procés y sí con la corrupción.

Isaías Herrero, el informático que se habría beneficiado de los contratos fraccionados, dijo que Borràs le propuso uno “encubierto” para desarrollar la página web y que se fue fraccionando en tareas menores para adjudicarlas a dedo y sin concurso público. La suma global fue de 370.000 euros. A esa declaración acusatoria, se le sumó después la de una alta funcionaria de la institución que ha declarado esta semana que había advertido a Borràs de las prácticas irregulares en que estaría incurriendo y que trasladó a sus superiores esas anomalías. Otro empleado se pronunció en términos parecidos. “De ninguna manera, no he cometido ningún delito”, se defendió Borràs durante la vista. El desarrollo del juicio está causando incomodidad en Junts, que aguarda expectante el desenlace y la sentencia final y cómo puede afectar esta al partido o a la presidencia del Parlament, ahora en manos de forma provisional de la vicepresidenta Alba Vergès (ERC).

El juicio se está celebrando de forma paralela a la crisis de ANC más grave desde que se estrenó en 2012 con una gran manifestación multitudinaria. Con un discurso antipartidos, la entidad ha ido perdiendo protagonismo y está a años luz de cuando tenía capacidad de presionar al Govern para convocar elecciones. Dirigida por la jurista Dolors Feliu, el colectivo aprobó en marzo del año pasado su hoja de ruta anual que pasaba por crear la denominada “lista cívica”, esto es, una nueva candidatura electoral ante la incapacidad de los partidos soberanistas tradicionales (ERC, Junts y la CUP) de proclamar la independencia. En la pasada Diada, el president Pere Aragonès y Esquerra renunciaron a acudir a la manifestación evidenciándose la fractura.

El grupo de críticos —han dimitido 13 de 77 miembros de la dirección— cree que Feliu, a la que acusan de dirigir la ANC de forma autoritaria, está distorsionando el debate real y, en lugar de tejer complicidades por promover una lista conjunta, aboga por crear “un cuarto espacio electoral”. El sector ha iniciado una campaña para recoger 2.000 firmas para forzar elecciones. Otro grupo de 40 exdirigentes relevantes han firmado un manifiesto expresando su deseo de poner el acento en la movilización y no en la política institucional, rechazando que esa lista pueda bajo ningún concepto convertirse en “un cuarto partido”. La entidad, que este domingo reunió a un centenar de personas en una protesta contra la presencia del Rey en el Mobile, ya ha admitido en un comunicado la existencia de tensiones internas. La ANC celebra su cónclave cada año y el mandato de Feliu, elegida hace un año, expira en 2024.

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