Aragonès se enfrenta ahora a pilotar los Presupuestos con un Parlament atomizado

Más de un alto cargo del Govern respiró tranquilo el miércoles cuando se anunció el pacto presupuestario entre Esquerra y el PSC. Sin cuentas, el recorrido del Ejecutivo monocolor y en minoría de Pere Aragonès reposaba sobre arenas movedizas. Ahora el escenario de acabar la legislatura es factible, con el acorazado de la Generalitat a pleno rendimiento. Otra cosa será la vida parlamentaria, donde en breve el letargo propio de las elecciones, las municipales, relentizará la actividad. Aragonès puede tener cuentas, pero en la Cámara sigue teniendo solo 33 de 135 diputados.

“Partido a partido”, aseguran desde la sala de máquinas de la presidencia del Govern. Una máxima que ya el propio Aragonès usó cuando Junts dejó el Ejecutivo, en octubre, y que ahora desempolva ante el nuevo escenario. Los republicanos han vivido en carne propia el retraso en la convalidación de decretos leyes o cómo se pierden votaciones por la esquelética minoría. El melodrama de las negociaciones siempre tuvo de fondo la crítica a los republicanos por la “supuesta” soberbia con que llegaron a la mesa, ignorando su delicada posición. El líder del PSC y jefe de la oposición, Salvador Illa, precisamente pidió tras el acuerdo una reflexión sobre las dificultades para llegar al pacto.

Tanto el president como Illa insisten en que lo firmado el pasado miércoles se limita a las cuentas y que no es un pacto de legislatura aunque se le parezca por su dimensión. No existe, coinciden, un Ejecutivo tripartito de izquierdas (junto a los comunes, como los que presidieron Pasqual Maragall y José Montilla entre 2033 y 2010). Junts convertirá esa idea en su caballo de batalla hasta el fin del mandato. Sin altavoces institucionales y sin visos de querer sumarse al pacto presupuestario, los exsocios usarán la coyuntura para desgastar a Aragonès, al que ven entregado al PSOE. Junts le reprocha además que impulse un Acuerdo de Claridad sobre el referéndum, que solo apoyan los comunes avisando, eso sí, que no existen mayorías que lo sustenten.

Tras la ruptura de octubre, el Govern de ERC decidió reescribir su plan normativo, un documento que aún no está listo y que dará cuenta del ejercicio de realismo sobre la dificultad de los trámites. La pretensión inicial del Gobierno de coalición independentista era sacar 209 normas de nuevo cuño (leyes, decretos ley y reglamentos), a parte del impulso final de unas 170 ahora en trámite.

El acuerdo, en todo caso, da aire al Govern, hasta el final del mandato pero en el partido no ha sido precisamente suave el debate sobre cómo afectarán cesiones como la construcción de la B-40 o que se estudiará “modernizar el aeropuerto Prat” en las municipales. Oriol Junqueras y Marta Rovira, presidente y secretaria general de ERC, han expresado en reuniones internas que se ha dado demasiado al PSC y que eso pone en peligro su apuesta por crecer en el Área Metropolitana. Aragonès defendía la necesidad de tener presupuestos y él mismo dijo que asumía el coste político. Voces del Govern alegan en que pasaran años antes que se decida un plan para convertir a El Prat en un hub o que una excavadora inicie la B-40.

El pacto presupuestario incluye una mesa de seguimiento ante la que Aragonès deberá rendir cuentas. El PSC no pierde el tiempo y este jueves, justo cuando la consejera de Economía presentaba los presupuestos, se reunía en el Parlament con la patronal, los sindicatos y el Tercer Sector para dejar claro su sello. Los alcaldables de las cuatro capitales de provincia reivindicaron ayer las mejoras para sus respectivas ciudades que atribuyeron a la negociación del PSC. Los dos gestos revelan que no se va a dejar eclipsar por ERC.

Alicia Romero, portavoz del PSC en el Parlament, se reafirmó ayer en ejercer una oposición “crítica pero constructiva”. “Una cosa es tener presupuestos y otra gestionar bien y con celeridad. Velaremos por eso. Gobierna ERC no nosotros”, dijo tras una nueva reunión del denominado Govern alternatiu (Gobierno alternativo), inspirado en el que impulsó en su día Maragall como un ejecutivo en la sombra que “aprueba” —usan esa terminología— informes. Ayer, tres: uno sobre ayudas al pueblo gitano; otro sobre justicia y otro sobre listas de espera, que propone aprobar de forma urgente un decreto de accesibilidad al sistema de salud que fije plazos razonables y de 48 horas, por ejemplo, para conocer el diagnóstico en urgencias y su derivación. El pacto incluye 50 millones de euros para reducir las listas de espera.

El tira y afloja entre ERC y PSC se visualizará en el debate sobre El Prat, pero también en asuntos como la gestión de los consejeros de Interior (ya le reprobaron) o de Educación. El desencuentro principal es en el referéndum de autodeterminación: Illa asegura que jamás se realizará y pide a Aragonès que predique con el ejemplo y que abra la mesa de diálogo con los partidos catalanes. La gran duda es si Illa desempolvará o no una consulta en el marco del autogobierno, en un cajón desde que en diciembre la derecha —y parte del PSOE— se escandalizaron cuando la defendió. Esa ha sido la posición histórica de los socialistas catalanes desde que se desmarcaron de la consulta sobre la independencia.

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