Los nuevos empleos de altos cargos de Junts cesados del Govern ponen a prueba la ley de incompatibilidades

La ruptura del gobierno de coalición en la Generalitat provocó en octubre pasado el cese automático de siete consejeros de Junts per Catalunya e inició un efecto dominó que arrastró a secretarios, directores generales y empleados de confianza próximos al partido. La posterior recolocación laboral de algunos altos cargos pone a prueba la eficacia de la Ley de Incompatibilidades aprobada en diciembre de 2005 por el Parlament. Gerard Figueras fue secretario general de Deporte y ha sido contratado por la cadena de gimnasios DIR, Carles Sala era secretario de Vivienda y ha aterrizado en el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), la exconsejera de Justicia Lourdes Ciuró ha fichado por el Colegio de Administradores de Fincas y el periodista Jofre Llombart ha recalado en El Nacional desde la secretaría de Difusión, el órgano responsable de controlar la publicidad institucional que reciben los medios.

La ley catalana de incompatibilidades apela a que los altos cargos de la administración pública tienen que demostrar “la imparcialidad de su actuación mediante una dedicación absoluta a las funciones que les han sido encomendadas, la cual no se tiene que ver mediatizada por otras actividades o intereses”. En su artículo 7 explicita que durante los dos años siguientes a su cese, “no pueden cumplir actividades privadas relacionadas con los expedientes en la resolución de los cuales hayan intervenido directamente en el ejercicio del alto cargo”. Vidal Aragonès es abogado laboralista socio de la cooperativa jurídica Colectivo Ronda. Tiene bagaje en el terreno político porque ejerció de diputado en el Parlament con la CUP entre 2018 y 2021. Dice partir de “un análisis técnico” para razonar que la norma sobre incompatibilidades “tiene una parte de brindis al sol”. Considera que se abre la puerta a que la limitación de funciones tras salir del Govern sea muy flexible. “La norma implica que un alto cargo no pueda tomar partido en actividades relacionadas con un expediente en el que, cuando era responsable político, intervino directamente”, señala el letrado. “La interpretación que se le da es que no se puede participar en actividades privadas que guarden relación directa con el objeto directo de ese expediente, pero yo creo que en realidad la norma lo que persigue es que los altos cargos no puedan beneficiarse de ser contratados por alguien a quien le hayan solucionado un expediente”, analiza Vidal Aragonès.

Gerard Figueras ejerció como secretario general de deportes de la Generalitat hasta junio de 2021, cuando saltó al departamento de Acción Exterior. En abril de 2021, la Generalitat inyectó 2,6 millones de euros en la cadena de gimnasios DIR para ayudar a paliar los efectos que causó la pandemia en la compañía. DIR recibió casi un tercio de los 9 millones de euros que el Govern habilitó para dar oxígeno a empresas heridas por el Covid. El pasado mes de octubre, tras la salida de Junts del Govern, Figueras cesó como secretario de Acción Exterior. Ahora se desempeña como subdirector de la compañía DIR. “Hace muchos años que la Generalitat tiene una normativa muy clara sobre las incompatibilidades de los altos cargos cuando se deja la administración”, señala Figueras.

Función Pública de la Generalitat, división integrada en el departamento de Presidencia, es la responsable de analizar los requerimientos sobre posibles incompatibilidades que remitan altos cargos y trabajadores de la administración. Amparándose en la protección de datos, el organismo no revela qué solicitudes ha recibido para validar ocupaciones de personal cesado a raíz de la última remodelación del Govern. “Mi interpretación coincide con la de la compañía en la que estoy, no hay incompatibilidad”, resume Figueras. “No tuve ninguna vinculación con aquella línea de créditos, era competencia del departamento de Empresa”.

El periodista Jofre Llombart sí señala que pidió “asesoramiento legal” para valorar la propuesta laboral que le hizo llegar el editor del digital informativo El Nacional. “Lo consulté con abogados por mi cuenta y riesgo”, indica. Llombart, con una larga trayectoría periodística, tuvo un paso fugaz por la administración. Durante 15 meses, entre julio de 2021 y octubre de 2022, fue secretario de Difusión del Govern, un cargo a la sombra del consejero de Economía y con la misión de gestionar las inserciones de publicidad en los medios. En 2021, El Nacional recibió 662.000 euros en publicidad institucional, unos 70.000 euros más que el año anterior, lo que le convirtió en el digital más beneficiado. La empresa editora sostiene que se trata del digital en catalán con mejores cifras de audiencia. Llombart detalla que su relación con los medios de comunicación era indirecta. “Difusión no hace contratos directos con los medios, sino que contrata con las centrales de medios, que son las empresas encargadas de hacer el reparto de la publicidad en base a unos criterios pautados”.

Carles Sala, que ha ocupado dos veces el cargo de secretario de Vivienda, fue cesado tras la ruptura del Gobierno de coalición. Abogado y con plaza de funcionario, se ha incorporado como director del área jurídica y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña. Tras salir del Govern, Sala recibió tres ofertas de empleo. Explica que consultó con la asesoría jurídica de la propia Generalitat y rastreó la Ley de Incompatibilidades. Indica que ante las dudas de los servicios jurídicos descartó una de las ofertas laborales, mientras que las otras dos “cumplían estrictamente con la legalidad”. Sala razona que el suyo no es un caso de puertas giratorias, entendido como formar parte de un consejo de administración de una empresa que con los contactos de un alto cargo de la administración puede obtener mayores beneficios. “Un colegio profesional es una entidad sin ánimo de lucro, me interesa profesionalmente”, defiende. Aunque sí suele tener voz y ejercer presión o presentar alegaciones a leyes sobre vivienda en trámite. Se oponen firmemente, por ejemplo, a la regulación del precio de los alquileres, informa Clara Blanchar.

Los exconsejeros Jordi Puigneró y Jaume Giró han puesto de manifiesto que representa una dificultad para ellos aceptar la oferta laboral de alguna empresa del sector privado por posibles choques de conciliación con las responsabilidades que desempeñaban mientras estaban al frente de Territorio y Políticas Digitales, uno, y de Economía, el otro. Giró ha reclamado la pensión de 2.200 euros mensuales a que tienen derecho los exmiembros del Govern por un tiempo de 18 meses si no encuentran trabajo. Lourdes Ciuró era consejera de Justicia y ahora ejerce de asesora del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida. Al frente de Justícia, Ciuró impulsó una modificación del código civil catalán para agilizar el desalojo de viviendas ocupadas.

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