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La Generalitat y los partidos independentistas cargan contra el Gobierno por la crisis constitucional: “Ahora prueban su propia medicina”

Uno de los letrados del parlamento catalán replica que la reciente interferencia del Tribunal Constitucional en el poder legislativo no es comparable a la reacción que tuvo para frenar las maniobras del ‘procés’

Junts reforma de la sedición
Pere Aragonès departe con los diputados de JxCat Albert Batet (derecha) y Ramon Tremosa (centro).Quique García (efe)
Marc Rovira

La intervención del Tribunal Constitucional sobre la actividad del poder legislativo ha sido recibida en Cataluña con gestos de jactancia por parte del independentismo. “Avisamos de que esto pasaría y no nos creyeron, esta película ya la hemos vivido”, declaró este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, tratando de poner como precedente la contraofensiva judicial que se desencadenó en 2017 para replicar las maniobras independentistas en los días más agitados del procés. “Primero fue Cataluña y nadie levantó la voz”, abundó Plaja durante una comparecencia celebrada tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán. También Junts per Catalunya entonó un discurso parecido a través del presidente de su grupo parlamentario. Albert Batet manifestó que el Constitucional ha vulnerado “sistemáticamente” la soberanía del parlamento catalán. “Algunos han probado ahora su propia medicina”, añadió Batet, en referencia al Gobierno. Sin embargo, uno de los expertos legales del Parlament, Antoni Bayona, cuestiona las afirmaciones y considera que las situaciones no son comparables. “En Cataluña, el Constitucional hizo cosas que no son normales, porque interfirió en la actividad parlamentaria, pero esa interferencia no incluía en ningún caso la paralización de una ley. Cuando actuó fue para garantizar el cumplimiento de resoluciones y sentencias dictadas por el propio tribunal”.

La controvertida reacción del Tribunal Constitucional para paralizar la tramitación de una iniciativa legislativa ha servido de argumento al independentismo para azuzar el discurso de la persecución judicial. “Ya lo advertimos, la represión comienza contra los independentistas y continúa contra el resto de demócratas”, valoró este martes Oriol Junqueras, presidente de ERC. La portavoz del Govern se apuntó a la tesis: “Cataluña fue el banco de pruebas, ya avisamos que aquello solo era el principio”. Al referirse a “aquello”, Patrícia Plaja evocaba los resortes judiciales que se activaron en Cataluña durante los preparativos del referéndum del 1 de octubre de 2017, cuando se forzó un pulso entre lo que mandaban los jueces y lo que ejecutaban el Govern y el Parlament.

Albert Batet aprovechó el embrollo judicial para dirigir sus ataques contra “los socialistas” y poner de relieve que “durante años fueron cómplices” de la arbitrariedad de los jueces. Este martes, Batet recordó que el TC suspendió el pleno del 9 de octubre del 2017, una decisión que luego fue avalada por el Tribunal de Estrasburgo, y que la acción judicial impidió que el Parlament invistiera a Carles Puigdemont como presidente el 30 de enero del 2018.

El letrado del Parlament Antoni Bayona cuestiona que, desde el punto de vista técnico, el caso catalán sirva de precedente para entender las recientes maniobras del TC. Bayona apunta que los magistrados del Constitucional han cruzado una línea roja, al interferir “la actividad legislativa”. “Ahora hay una injerencia directa en un procedimiento legislativo en marcha, cuando el TC, teóricamente, tiene que actuar solo revisando las leyes que ya se han aprobado”. Considera que, en lo que refiere al Parlament, el TC “hizo cosas que no son normales” pero actuó “para garantizar el cumplimiento de resoluciones dictadas por el propio tribunal”.

Sobre la posibilidad de que se pueda iniciar una acción de desacato al mandato del Tribunal Constitucional, Bayona advierte que se trata de un camino no exento de riesgos: “En ese caso se entra en un terreno donde los referentes catalanes sí tienen importancia, porque implica incurrir en problemas de responsabilidad penal por desobediencia al TC”.

Junts y Esquerra mantienen una agria relación desde su divorcio en el Govern, pero entonan un relato casi idéntico cuando tratan de poner el caso catalán como preludio de lo que ha sucedido ahora en Las Cortes. Eva Granados, portavoz socialista en el Senado, critica la comparación. “Lo que pasó en Cataluña no tiene ninguna similitud con lo que está pasando ahora en el Senado. En Cataluña, la mayoría parlamentaria conculcaba los derechos de una minoría y vulneraba el Estatuto y la Constitución”. El portavoz de En Comú Podem en el Parlament, David Cid, considera que “no es momento de reproches, sino de soluciones”.

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El exvicepresidente del TC Eugeni Gay ve “sorprendente e insólita” la decisión del tribunal. En una nota recogida por Europa Press, Gay razona que “el Tribunal Constitucional no puede paralizar ni la acción de la justicia, ni la acción del legislador de la acción del ejecutivo hasta que no la ha cumplido. Ahora bien, el tema es que está aceptando un recurso sobre una determinada enmienda que cuestiona lo que dispone una Ley Orgánica”.

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