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Las familias más pobres podrán circular por Barcelona en vehículos sin etiqueta ambiental

Colau flexibiliza la Zona de Bajas Emisiones para las rentas más bajas para blindarse jurídicamente tras la anulación del TSJC

Clara Blanchar
Coches con etiqueta amarilla Barcelona
Cartel de aviso de entrada a zona ZBE en La Ronda de Dalt en Barcelona, en una imagen de archivo.Carles Ribas

Barcelona rectifica y flexibilizará las condiciones de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para las rentas más bajas: las familias más pobres podrán circular por el área vetada a los coches más contaminantes aunque sus vehículos sean antiguos y no tengan etiqueta ambiental de la DGT. Además, los permisos anuales para circular puntualmente para coches que no tienen etiqueta pasarán de 10 a 24. El resto de funcionamiento de la ZBE se mantiene. El área de restricción: abarca Barcelona y cuatro municipios colindantes. El criterio para vetar vehículos: los que no tienen etiqueta. Y el horario: de 7 a 20 horas los días laborables.

Las modificaciones, que se plasmarán en una actualización de la ordenanza vigente que acompaña la ZBE, se realizarán para blindarla jurídicamente. La ZBE de la capital catalana, la mayor de las implantadas en el sur de Europa, con casi 100 kilómetros cuadrados, fue tumbada en marzo pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Respondía a seis recursos de diez de gremios y asociaciones vinculadas al motor y al transporte: juzgó la restricción “excesiva” por ámbito geográfico y alertó de que podía perjudicar a las rentas más bajas. La ZBE sigue vigente, porque el Ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Supremo en mayo y con la salud como argumento para luchar contra la contaminación.

El concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, presentó este martes los cambios. “El hardware se mantiene, y gana en dimensión social, teniendo en cuenta distintas necesidades con carácter social”. El criterio para medir la vulnerabilidad de las familias con coches contaminantes será que sus ingresos sean inferiores a dos veces el indicador de renta de efectos múltiples (IPREM). Esto es, no ingresar más de 1.158 euros al mes, en el caso de una persona; 1.447 euros en caso de dos; 1.679 en caso de tres personas o 1.910 en caso de cuatro o más personas. “En términos ambientales el impacto será pequeño, pero desde el punto de vista social tendrá mucha afectación sin renunciar a tener una mejor calidad del aire”, defendió el concejal. Y cuantificó en 20.000 los titulares de vehículos sin etiqueta, aunque no se sabe cuántos circulan.

La ordenanza, concretó Badia, se aprobará en la comisión de Gobierno del próximo jueves y se abrirá a consulta con el resto de grupos municipales, con la idea de aprobarla inicialmente en noviembre. Luego habrá trámite de alegaciones y, si nada se tuerce, podría estar aprobada definitivamente en enero de 2023, antes de que acabe el mandato en mayo.

Titulares de vehículos con rentas bajas que pueden circular pese a no tener etiqueta

La actualización de la ordenanza de la ZBE fija que los vehículos cuyos titulares acrediten ingresos económicos (sumados pensiones, ayudas, rentas, alquileres o intereses de capital) inferiores a dos veces el indicador de renta de efectos múltiples (IPREM), incrementado según el número de personas de la unidad familiar.

Una persona. 2 veces el IPREM. 1.158 euros al mes

Dos personas. 2,5 veces el IPREM: 1.447 euros al mes

Tres personas. 2,9 veces el IPREM: 1.679 euros al mes

Cuatro o más personas. 3,3 veces el IPREM: 1.910 euros al mes

La actualización de la ordenanza introducirá otros cambios. Por ejemplo, responde a la queja de autónomos que estaban próximos a la jubilación y no les salía a cuenta cambiar su coche por uno menos contaminante. Con el nuevo texto, si están a cinco años de la jubilación no tendrán que renovar su vehículo. El actual registro de vehículos con exenciones a la norma, que gestiona el Área Metropolitana de Barcelona, suma 50.000 titulares de coches, furgonetas, camiones o autobuses.

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Badia recordó que pese a la anulación la ordenanza sigue vigente, y que antes del verano el Ayuntamiento recurrió la sentencia del TSJC ante el Tribunal Supremo. El consistorio estima que no habrá fallo definitivo antes de “un año y medio o dos”. “Estamos convencidos de que ganaremos”, manifestó y recordó que las instituciones europeas alertan de que Barcelona supera los límites de contaminación considerados dañinos para la salud, y que la Ley de Cambio Climático obliga a implantar ZBE a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Con esta flexibilización queda definitivamente aplazado al futuro cualquier endurecimiento de las condiciones de la ZBE. El AMB llegó a aprobar, en su plan de movilidad, la prohibición de que circularan las etiquetas amarillas (los vehículos más contaminantes después de los que no tienen etiqueta) a partir de 2022. Una medida que levantó una gran polvareda y que no se ha aplicado, aunque el entorno de la alcaldesa Ada Colau ha expresado su voluntad de vetar a los vehículos euro 4 e instaurar un peaje urbano, al tiempo que admitía que no tiene calendario.

La revisión de la ordenanza de la ZBE mantendrá las exenciones actuales a vehículos de transporte de personas con movilidad reducida, de servicios de emergencia y esenciales, extranjeros que cumplan los requisitos de emisiones. Y añade a los permisos para circular vehículos de autoescuela, singulares (porta contendores, excavadoras, cisternas), tareas de mantenimiento en talleres o personas que siguen tratamientos médicos (mientras dure el tratamiento). El sistema de control del cumplimiento de la ZBE seguirá basándose en las cámaras ubicadas en los accesos de la ciudad (que leen matrículas y las cotejan con las etiquetas que indican las emisiones de cada vehículo), además de intervenciones puntuales de los agentes de la Guardia Urbana. Las multas a los vehículos vetados a la circulación son de 200 euros.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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