Señora Colau, no quiero que regulen el alquiler

Hace unos días, en su cuenta de Instagram, tras realizar una entrevista en televisión, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, le hacía una petición al presidente del Gobierno: “Hoy le he pedido a Pedro Sánchez que congele los alquileres mientras la inflación siga desbocada. En los contratos que finalizan estos meses, la propiedad puede subir el precio indiscriminadamente. Por eso la congelación es necesaria. Las familias no pueden esperar, hay que actuar YA”. Y reclamaba al Consejo de Ministros que apruebe esta medida mientras se tramita la nueva ley de vivienda y recordaba que el 40% de los barceloneses vive de alquiler. Recordaba, en la misma petición instagramera, que Sánchez ya había congelado los precios del transporte público. Una comparación que más bien suena a mezclar churras con merinas porque el transporte, como ella misma dice, ya es público, o sea, del Estado y, por eso, ha podido tomar la medida Sánchez. A diferencia, claro está, de las casas que, en no pocos casos, son de propietarios con nombre y apellidos.

Dicho esto, y sabiendo que mi reflexión no va a ser muy popular, mientras la petición de la alcaldesa sí es del gusto de sus votantes, no sé si, por muy autoridad municipal que se sea, está bien que proponga medidas que sabe que no pueden cumplirse. Pero lo que más sorprende es que Colau no se esmere en tomar decisiones que sí se pueden llevar a la práctica y que además afectarían directa y positivamente a toda la ciudadanía. Qué se yo, garantizar la construcción de todas las viviendas sociales posibles, que son muchas, porque muchos son los bancos que tienen viviendas vacías, incluido el público SAREB.

En cualquier caso, esto de que un derecho, el de la vivienda, el Estado lo pretenda solucionar diciendo que lo subvencionen unos particulares (los caseros) asumiendo la congelación del alquiler, no parece muy de izquierdas. Quizás algunos inquilinos, aquellos que pagan más de 1.500 euros mensuales en zonas céntricas, muy pobres no sean, no olvidemos que el SMI es de 1.000 euros. Del mismo modo, tal vez algunos caseros son gente mayor que completa su exigua pensión con el alquiler de una vivienda de propiedad.

¿De verdad la política social del Ayuntamiento es desvelarse por el inquilino que tiene 1.500 euros para el alquiler y pedir que no se lo suban? Tal vez sería más acertado pedir que se acabe con las tremendas desgravaciones fiscales de las que disfrutan los dueños de pisos alquilados y que provocan la paradoja de que tengan mejor trato ante Hacienda los ingresos que consigues como casero que los que logras como trabajador.

A mí me parece, señora Colau, que una verdadera política de vivienda desde la izquierda supondría crear vivienda pública social de alquiler para los más humildes y, sobre todo, crear comunicaciones e infraestructuras en toda la ciudad para que la demanda no se concentre en las zonas céntricas, porque están mejor comunicadas y tienen más prestaciones. Si no podemos vivir todos en el centro, al menos intentemos que todos los barrios tengan la misma calidad de vida que el centro.

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