Al banquillo por “ser un Pujol”: la familia del ‘expresident’ niega ser una organización criminal

La familia Pujol sospecha que va a sentarse en el banquillo de los acusados por ser quien es, por su apellido. En su escrito de defensa, carga con dureza contra el auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que les atribuye, entre otros, un delito de organización criminal. Para los abogados del expresidente catalán, de su mujer y de sus siete hijos -todos ellos procesados-, el juez no ha aportado ni una sola prueba de ese delito. Por el contrario,”acude a una suerte de responsabilidad de la tribu y de derecho penal de autor (ser un Pujol)”.

El texto rechaza todas las acusaciones contra la familia y pide el archivo de la causa. Uno de los puntos al que dedica mayor esfuerzo argumentativo es el de delito de organización criminal. La defensa denuncia que el único vínculo tangible entre los miembros de la familia es que el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, “administró el patrimonio conjunto” en Andorra entre 1992 y 2004, cuando hizo la liquidación definitiva. La defensa sostiene que, por definición, no puede existir ese delito con un solo autor. Y añade que los hermanos y la madre mostraron una “conducta perfectamente pasiva” sobre el manejo de esos fondos. Entre los Pujol, concluye, no ha habido conductas de “cooperación ni colaboración”, necesarias para sostener el delito de organización criminal.

La familia ha defendido, desde el inicio de la investigación -hace casi ocho años- que la fortuna que mantuvo oculta en Andorra durante más de 30 años procede de un legado que el padre del expresident, Florenci Pujol, dejó a su nuera y a sus nietos. La investigación nunca ha dado credibilidad a esa versión y sospecha que los fondos proceden de pagos de empresarios al primogénito -que luego revertían en toda la familia- a cambio de “la influencia ejercida por la familia ante las autoridades”. El escrito denuncia que, en realidad, se “desconoce” el origen de los fondos, por más que el juez los atribuya (sin pruebas, en su opinión) a “pagos ilícitos”.

La defensa de los Pujol es un ataque directo contra la labor judicial. No hay “atisbo de indicios”, sino solo una “impactante adjetivación” que la hace “merecedora de lustrosos titulares periodísticos”. “La grandilocuencia descriptiva navega bajo el pabellón de la inconcreción”, añade. Y reprocha al juez que no haya mencionado ni una sola autoridad, funcionario o resolución sospechosas. Tampoco concreta qué individuos de la familia Pujol mediaron o influyeron en adjudicaciones públicas.

El escrito contiene una mención específica al hombre que fue presidente de la Generalitat durante 23 años (de 1980 a 2003). La “larga instrucción” de la causa “no ha evidenciado” que Pujol hubiese hecho ningún favor a los clientes de sus hijos (algunos de ellos, empresarios que suelen contratar con la administración autonómica). Tampoco hizo “la más mínima gestión, invitación o influjo” y pide el archivo de la causa.

La cuenta 63810

En el auto, Pujol aparece mencionado como titular de la cuenta 63810 en la entidad andorrana Andbank. El juez atribuye un delito de falsedad tanto a él como a su hijo mayor. La defensa recuerda que la cuenta la abrió el primogénito en 2000 y la cerró diez años después. La comisión rogatoria enviada a Andorra descubrió dos cartas, una del padre y otra del hijo, en la que ambos asumían que el titular de la cuenta era en realidad el expresidente catalán. En sus declaraciones en sede judicial, ambos afirmaron que faltaron a la verdad y que las cartas se inscribían “en el contexto de separación matrimonial” del hijo mayor con su pareja, Mercè Gironés.

El juez no ha dado credibilidad a esa versión y atribuye la titularidad de la cuenta al exmandatario. Más allá de cuál es la versión cierta, la defensa sostiene que en todo caso el delito está más que prescrito. Y señala una paradoja: si según el auto y la inspección, Jordi Pujol es el titular de la cuenta, entonces las cartas “lejos de documentar una mendacidad expresarían la verdad de las cosas".

El escrito analiza y rechaza todos los delitos atribuidos a los Pujol: contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad. La defensa remarca que no hay un nexo causal entre los negocios del primogénito y los pagos a la familia en las cuentas en Andorra, niega que en los negocios de Jordi Pujol Ferrusola (hasta 32 operaciones están bajo sospecha) interviniera ningún otro miembro de la familia y rechaza con especial vehemencia el delito de blanqueo de capitales. “Bajo rumbosas y grandilocuentes expresiones, se cobija la nada”.