La cesión de Moreno para limitar el desvío de pacientes a la privada no frena las protestas en Andalucía

Si el Gobierno andaluz creía que la firma de un pacto social y económico este lunes con la patronal y los sindicatos UGT y CC OO iba a frenar la presión sobre la necesidad de reformar la atención primaria, un día después ha podido constatar que la indignación sigue ahí. Ambas centrales han advertido de que este jueves mantendrán las concentraciones semanales frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en defensa de una sanidad pública de calidad y se sumarán a las manifestaciones convocadas por Marea Blanca el 25 de marzo para exigir que se refuerce el sistema. Por su parte, el Sindicato Médico Andaluz, que negoció por su cuenta con la Consejería de Salud una limitación de la agenda de pacientes, también amenaza con otra concentración el 20 de marzo si esa promesa no se materializa. Y el recién constituido Sindicato de Médicas y Médicos Andaluces de Primaria mantiene desde el 20 de enero un paro indefinido.

El gran acuerdo que el lunes rubricaron en el Palacio de San Telmo el presidente Juan Manuel Moreno, las secretarias generales de UGT y CC OO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, y el presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces, Javier González de Lara, incluye un pacto por la atención primaria. Blinda que el 25% del presupuesto del sistema sanitario, 3.370 millones de euros, se destine a a este servicio y establece explícitamente que se garantizará “con la normativa pertinente la preservación de la no externalización de la atención primaria salvo en situaciones de emergencia sanitaria”. También subraya que “cualquier infraestructura, medio diagnóstico o dotación sanitaria, que haya sido financiada con fondos públicos, será destinada en exclusividad a la utilización por el sistema sanitario público andaluz”.

Esta redacción supone una nueva enmienda a la orden de tarificación que la Consejería de Salud publicó el 2 de marzo, que incluía por primera vez la posibilidad de concertar la atención primaria en la comunidad y abría la puerta a que los centros del SAS pudieran ser utilizados por profesionales de la privada. El propio Gobierno andaluz la modificó una semana más tarde a instancias del propio Moreno para parar “los bulos sobre su privatización”. Aclaró cuándo se podría externalizar: “En periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias”. Este matiz no satisfizo a nadie porque “períodos coyunturales” es una redacción lo suficientemente ambigua para incluir cualquier supuesto, así que, tras el nuevo pacto, va a desaparecer.

Con todo, UGT y CC OO no se fían. Sostienen que el acuerdo se ha firmado con el presidente de la Junta, pero no aprecian en la consejera, Catalina García, la misma predisposición y por eso mantienen las protestas. “Nosotros tenemos firmado un acuerdo con el presidente y hasta que eso no lo cumpla la consejería, seguiremos con las concentraciones”, advierte Antonio Macías, responsable del área de Sanidad de UGT-A. “Hasta que el acuerdo al que la Junta ha llegado forzada por la movilización no se traduzca en medidas concretas, continuaremos”, abunda Luis González, portavoz de Servicios Sociales de CC OO-A.

Desde el Gobierno andaluz son reticentes a verbalizar que el nuevo acuerdo supone otra rectificación de la orden de tarificación, pero fuentes cercanas al Ejecutivo reconocen que cualquier mecanismo legal en el que el pacto se concrete supondrá un cambio en la orden. Es el peaje que están dispuestos a pagar para poder presentar al líder de los populares andaluces como el impulsor del diálogo social en Andalucía y contraponerlo no solo al presidente del Gobierno, en un momento en el que las relaciones con la patronal no pasan por su mejor momento, sino con su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso, que desprecia a las organizaciones sindicales.

“El objetivo es que no se sigan prorrogando los contratos de emergencia”

Esta no es la única rectificación que ha anunciado el Gobierno andaluz en las últimas horas. La Junta ha confirmado que a partir de junio el SAS pondrá en marcha un nuevo sistema de contratación centralizada. “El objetivo es que no se sigan prorrogando los contratos de emergencia”, ha explicado el portavoz del Ejecutivo de Moreno, Ramón Fernández-Pacheco. Justo en ese mes finaliza la última prórroga del contrato que suscribió en enero de 2021 la Consejería de Salud con 97 clínicas privadas por 70 millones de euros por el procedimiento de emergencia, sin necesidad de concurrencia competitiva o publicidad. Ese acuerdo fue renovado el 30 de diciembre de 2021 por nueve meses, ampliándose la cuantía hasta los 125,7 millones de euros, y de nuevo el 30 de septiembre de 2022 por otros nueve meses, por un importe de 234,7 millones de euros. En todos los casos se apelaba al artículo 120 de la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP) y a los reales decretos de medidas urgentes para responder al impacto económico del covid aprobados en el marco nacional y en el regional, pese a que ambos dejaron de estar en vigor en 2021.

Este acuerdo ha vuelto a ser prorrogado hasta el 30 de junio de 2023 por 22,7 millones, basándose en el artículo 120 de la LCSP. En todas las ampliaciones, la Consejería de Salud se ampara en la “sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia”. “Que no haya tasas de contagio no significa que el SAS no esté sufriendo estrés de los servicios derivados de la pandemia”, ha defendido el portavoz, quien ha insistido en que todos los contratos y sus ampliaciones cuentan con el aval de los informes de los servicios jurídicos de la Consejería de Salud —que solo hacen alusión a la LCSP y no a los decretos extraordinarios― y de la Intervención de la Junta.

“Con la covid se usaron mucho los contratos amparados en el artículo 120, pero lo que habría que dilucidar es cómo se justifica esa necesidad de emergencia en un contexto como el 2021 y sobre todo 2022, cuando lo peor de la pandemia ya había pasado, para que no dé la sensación de que la Administración se había acostumbrado a externalizar esas prestaciones”, advierte Roberto Galán, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. El PSOE advierte de que los informes jurídicos no se sostienen y se pregunta cómo en estos dos últimos años la Junta no ha vuelto a la contratación ordinaria, además de cuestionar el control del cumplimiento de los mismos y el incremento de los importes en cada una de las renovaciones. Los socialistas, que consideran que esos contratos se podrían haber realizado en fraude de ley para beneficiar a la sanidad privada, han enviado una batería de preguntas al Parlamento para que Moreno y otros consejeros den explicaciones y advierten de que “irán al fondo política y judicialmente” y pedir una comisión de investigación. Para la oposición que el Gobierno de la Junta anuncie que va a cambiar el modelo de contratación con la sanidad privada es una forma de “reconocer de manera clara que llevan dos años contratando fuera del marco legal de la pandemia”, según ha indicado el PSOE en un comunicado.

La sanidad se ha convertido en un incómodo nubarrón que ensombrece el hasta ahora plácido camino por el que Moreno ha estado paseando su mayoría absoluta. El PP sabe el potente efecto erosionador que las crisis sanitarias han tenido en el pasado en los gobiernos de la Junta y no le conviene que la nube degenere en tormenta a poco más de dos meses para unas elecciones municipales donde buscan afianzar su poder. Fuentes cercanas al presidente aseguran que las encuestas que manejan no detectan desgaste en ese flanco, pero el hecho de que muchos de sus votantes se hayan acercado a las sedes provinciales preguntando si iban a tener que pagar por ir al médico es síntoma de que por si acaso deben coger un paraguas.