El nuevo intento de reforma de la ley del Suelo vuelve a dividir al Gobierno y a sus socios

El PSOE vuelve a la carga para intentar la reforma de la Ley del Suelo reclamada por ayuntamientos y el sector inmobiliario. Esta vez lo hace arropado por el PNV, que ha asumido además el protagonismo principal de la iniciativa. Este martes se producirá la segunda tentativa de aprobar la reforma en el Congreso, tras la fallida del pasado mayo, cuando el Gobierno retiró el proyecto en el último momento ante la evidencia de que sería rechazado. Como entonces, también ahora Sumar y el resto de los grupos a la izquierda del PSOE se oponen a la reforma. Y, también como entonces, su suerte vuelve a estar en manos del PP de Alberto Núñez Feijóo. Los populares comparten básicamente su contenido y sus propios alcaldes piden medidas como las previstas porque todos manifiestan que hay que abordar ese tipo de reformas para afrontar los problemas evidentes de la vivienda. Pero, en mayo, el PP prefirió anunciar un voto contrario para dejar en evidencia al Gobierno en vísperas de las elecciones europeas. Ahora no han avanzado aún cuál será su posición.

La iniciativa cofirmada ahora por el PNV y el PSOE tiene el objetivo principal de reformar el artículo 55 de la Ley del Suelo para dar respuesta a la demanda transversal de las entidades locales para que los planes generales de ordenación urbana no decaigan por errores de forma que puedan ser subsanados. “Los municipios pueden tardar varias legislaturas en realizar un plan general de ordenación urbanística, y que un defecto de forma subsanable eche al traste el trabajo, el dinero y el futuro urbanístico de un municipio no es aceptable”, fue el argumento que destacó la diputada del PNV, Maribel Vaquero. La política vasca subrayó que esas anulaciones pueden conllevar el retraso en “la construcción de dotaciones tan importantes como centros de salud o equipamientos municipales, además de viviendas”.

Esa meta es la que llevan tiempo demandando tanto la Federación Española de Municipios y Provincias como asociaciones de promotores inmobiliarios. En la exposición de motivos de la ley se argumenta que con las normas actuales se puede decretar la “nulidad de pleno derecho” de una actuación “por cualquier tipo de vicio procedimental por insignificante que este sea”.

El texto que se debatirá y votará esta vez será defendido por el PNV conjuntamente con los socialistas. Lo que fracasó en mayo era un proyecto de ley solo del Gobierno, elaborado por el Ministerio de Vivienda, que comanda la socialista Isabel Rodríguez, y aprobado en Consejo de Ministros. Pese a eso, Sumar había anunciado que, por primera vez, votaría en contra de un proyecto del Ejecutivo al que pertenece. El socio minoritario del Gabinete de Pedro Sánchez alegaba profundas discrepancias con su contenido, compartidas por formaciones como ERC, EH Bildu o Podemos, así como por grupos ecologistas. La rebaja de los requisitos exigidos para sacar adelante un planeamiento abriría la puerta a nuevos “pelotazos urbanísticos”, denunciaba Sumar.

Otro de los aspectos que alimentan las críticas a la reforma son las restricciones que se imponen para impugnar determinadas actuaciones urbanísticas ejerciendo la acción popular. Los promotores de la ley alegan que su propósito es impedir que personas que actúan únicamente por intereses espurios logren paralizar en los tribunales operaciones importantes. Sumar, otras formaciones de izquierda y ecologistas replican que de ese modo se podría obstaculizar la acción de colectivos sociales que, por ejemplo, lograron frenar el complejo hotelero de El Algarrobico en la costa de Almería.

Fuentes de Sumar señalaron que oficialmente aún no se ha decidido la postura ante el pleno de este martes, pero dejaron claro que el texto es prácticamente el mismo que rechazaron hace nueve meses. “Si el PSOE lo quiere sacar, tendrá que ser con el PP”, manifestó un miembro de la dirección de Sumar. En mayo, además de la izquierda, también se opuso Junts, que había presentado incluso una enmienda a la totalidad. En el caso del partido de Carles Puigdemont la discrepancia principal era su apreciación de que la propuesta invadía competencias de la comunidad autónoma de Cataluña.

La aprobación ahora, por tanto, vuelve a estar en manos del PP. El partido de Feijóo ha presentado una propuesta propia en el Senado, donde dispone de mayoría absoluta, que aún no se ha sometido a consideración. Su texto comparte la línea principal e incluso calca algunos artículos de la iniciativa que sí se debatirá en el Congreso, aunque agrega otras disposiciones que atacan la política del Gobierno y su ley de Vivienda. Entre ellas, propone suprimir la potestad de las autonomías para declarar zonas tensionadas con el fin de limitar los precios de los alquileres o reducir los plazos de suspensión de los desahucios a familias vulnerables. Cuando presentó su propuesta en el Senado, a finales de enero, el PP explicó que su propósito era “anticiparse” al Gobierno, algo que no sucederá.

En el PNV, ante estos nuevos contratiempos, se limitan a destacar que su propuesta concita posiciones fundamentales de los partidos mayoritarios en un momento en el que la crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas del país y apuntan que si al final el PP, por problemas partidistas, no se agrega a la votación afirmativa y esta cae derrotada, “quedarán retratados cuáles son sus verdaderos intereses”.

La reforma de la Ley del Suelo se debatirá en un pleno que lleva por ahora en su orden del día, a falta de lo que decida este lunes Junts, otro asunto susceptible de toda clase de lecturas políticas sobre la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo. La misma tarde de este martes está previsto que se debata la proposición no de ley de Junts que insta al presidente a someterse ante la Cámara a una cuestión de confianza. Esta iniciativa —sin ninguna fuerza legal, pero gran valor simbólico— no se votará hasta el miércoles, si al final no se retira. La posible divergencia parlamentaria sobre la política urbanística entre los socios del Gobierno se produce cuando aún no se ha cerrado el pulso entre las vicepresidentas primera, la socialista María Jesús Montero, y segunda, Yolanda Díaz, de Sumar, sobre la tributación del salario mínimo.