Sánchez busca recuperar la iniciativa con nuevas medidas en vivienda, “quinto pilar del estado del bienestar”

La rueda de prensa de balance del presidente, Pedro Sánchez, dejó un sabor amargo en el Gobierno. Por un lado, Sánchez desgranó todos los datos económicos positivos que tienen al Ejecutivo eufórico, convencido de que no es casualidad que España sea una especie de isla de resistencia progresista frente al avance de la derecha y la ultraderecha en toda Europa, sino una realidad fruto de la gestión económica del Gobierno, del crecimiento, de apuestas como la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones. Por otro, las preguntas de la prensa, centradas sobre todo en cuestiones judiciales, devolvieron al Ejecutivo a la realidad de que en este último trimestre ha perdido el control de la agenda política.

“Desde la dana las cosas se han complicado mucho y triunfa el ruido, pero el que se está beneficiando es Vox, no el PP, que está completamente perdido”, sentencia un miembro del Gobierno. Ante esta realidad, Sánchez y su equipo preparan ya un arranque de 2025 que tendrá como gran objetivo recuperar la iniciativa y el control de la agenda política, con una actividad intensa de anuncios y decisiones del Consejo de Ministros que tendrán como estrella a la vivienda, el gran problema pendiente, el que según todos los sondeos que maneja La Moncloa más preocupa a los ciudadanos, y en el que el Gobierno admite que en estos seis años y medio no ha hecho aún grandes avances, pese a que logró aprobar una ley de vivienda que está teniendo muchas dificultades de aplicación por la resistencia de las autonomías del PP.

El día 13 de enero se está preparando un gran foro titulado Vivienda, quinto pilar del estado de bienestar para el que se está trabajando en un paquete de anuncios. La empresa pública que avanzó Sánchez está ya ultimada pero hay más decisiones encima de la mesa, aunque con la vivienda siempre existe el mismo problema: cualquier medida tarda años en implementarse y choca con competencias autonómicas y locales.

Antes, el 8 de enero, Sánchez dará el pistoletazo de salida con otro gran acto a una cuestión que ha sido muy criticada por el PP y Vox pero que en La Moncloa reivindican como un asunto central para 2025: las distintas iniciativas con más de 100 actos para celebrar los 50 años de la muerte del dictador y el inicio de la Transición y del proceso de recuperación de la democracia que se remató en 1977 con elecciones libres y en 1978 con la Constitución. En La Moncloa insisten en que algo así es habitual en muchos países europeos, donde se celebra la caída de las distintas dictaduras fascistas, y se ha inspirado en lo que se hizo en Portugal para conmemorar los 50 años de la revolución los claveles, pero el PP reclama celebrar el 78, cuando se votó la Constitución, y no el 75, cuando murió el dictador. “El PP está muy incómodo cuando se habla de Franco, pero hay un 25% de jóvenes varones entre 18 y 26 años que dice que el autoritarismo puede ser mejor que la democracia en algunas circunstancias, y es muy importante este aniversario para explicar qué fue la dictadura y por qué es tan importante la democracia”, resume un miembro del Ejecutivo citando una encuesta reciente de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. En La Moncloa inquieta cierto alejamiento de los valores democráticos de algunos jóvenes, y creen que este 50º aniversario es una ocasión ideal, así que Sánchez y su Gobierno se van a volcar.

El Gobierno tiene otras muchas medidas clave en cartera para este año, aunque las dificultades en el Congreso invitan a la prudencia y a llevar solo los textos legales cuando estén muy trabajados para evitar fiascos. Se da la paradoja de que la situación política, con un ambiente tóxico entre los dos grandes partidos y un gran protagonismo de las decisiones judiciales, podría ofrecer la imagen de un Gobierno acorralado, que es la que dibuja el PP, pero el Ejecutivo, con o sin Presupuestos, tiene muchísimo dinero para gestionar ―basta ver los anuncios e inauguraciones constantes en infraestructuras que gestiona Óscar Puente y otros proyectos millonarios con fondos europeos que se van consolidando― y muchas decisiones que ni siquiera necesitan cambios legales, porque se pueden hacer a través de reglamentos.

Ministros como Isabel Rodríguez (PSOE), de Vivienda, o Pablo Bustinduy (Sumar), de Derechos Sociales, intentan demostrar en las últimas semanas que se pueden hacer cambios importantes en cuestiones con mucha demanda social sin recurrir a reformas legales. Además de la vivienda, el tema estrella de este arranque de año, hay otros en preparación en cuestiones clave como la educación, la desigualdad, el poder adquisitivo, la inmigración. Uno de los asuntos que más polémica causó en este final de 2024 fue la situación de las universidades públicas, cada vez más ahogadas en comunidades como Madrid, donde están claramente enfrentadas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con el que ha polemizado directamente la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant. El Ejecutivo también está preparando posibles medidas en este asunto, aunque con la dificultad de que se trata de una competencia autonómica. Pero esta será una de las grandes batallas políticas del año, en la que el Gobierno quiere dejar clara su defensa de la educación pública frente a un PP al que acusa de ahogar a las universidades del Estado para favorecer a las privadas.

Sumar, que ha hecho de la gestión progresista su gran apuesta política ―ahí creció la figura de Yolanda Díaz― presiona para arrancar el año con su gran hito, la reducción de la jornada laboral, pero de momento no hay acuerdo dentro de la coalición. Díaz ya tiene el pacto con los sindicatos y quiere llevar la reforma ya al Consejo de Ministros, pe ro el PSOE se resiste porque cree que antes habría que trabajarla más y hacer concesiones para que no la tumbe el Congreso. Junts sigue en el no, y no parece haber cambiado la situación tras la visita a Waterloo de Pepe Álvarez, líder de UGT, para ver a Carles Puigdemont. Los socialistas temen que la patronal, que rechaza esta reforma, logre frenarla a través de Junts, ya que el PNV no la rechaza de plano siempre que se respeten las competencias autonómicas. Hay mucha negociación pendiente y el PSOE está retardandola iniciativa, pero Díaz ha sido muy clara: en el acuerdo de Gobierno está que entrará en vigor en 2025 y tiene que estar tramitada y aprobada antes de finales de año, así que debe ir ya al Consejo de Ministros. Esta será una de las grandes discusiones políticas del año. Sumar también quiere un gran aumento del salario mínimo, algo aún en discusión interna en la coalición.

El Gobierno se concentra pues para intentar devolver la agenda política a los asuntos de gestión de los problemas de los ciudadanos, donde se siente mucho más cómodo, aunque no podrá evitar que los tribunales sigan teniendo un gran protagonismo. Distintos ministros consultados creen que el PP ha apostado todo a esta baza, pero en este 2025 varios casos pueden quedar archivados y esa estrategia perdería mucha fuerza. Sobre todo los que afectan a los familiares del presidente. El Ejecutivo habla ya abiertamente de “acoso judicial”, pero cree que 2025 será un año en el que se agotará la mecha en los casos sin recorrido, aunque quedará el caso Koldo, el más relevante de todos y el único en el que La Moncloa vio contenido de fondo y por eso se inició el proceso de expulsión del PSOE de José Luis Ábalos en marzo.

En el Ejecutivo confían en que finalmente la agenda económica volverá al primer plano. “Hay mucha gente que se pregunta cómo podemos estar así con la situación económica tan positiva que hay en España. Es al revés. El Gobierno puede aguantar esta ofensiva judicial y mediática por tierra, mar y aire para derribarlo porque tiene esa buena situación, si no sería imposible. Es brutal lo que están haciendo, pero están muy equivocados. Sánchez seguirá hasta 2027 y ellos van a llegar ahogados si siguen apostando todo a una estrategia judicial sin recorrido”, resume un ministro.

De fondo, para este 2025, hay otra gran reforma que afecta mucho a esta realidad judicial y que promueve el ministro Félix Bolaños: la de la ley de enjuiciamiento criminal, que haría que sean los fiscales, como sucede en casi toda la UE, y no los jueces, como en España, quienes dirijan la instrucción de los casos. Eso acabaría con el protagonismo de jueces polémicos y pasaría esa primera línea a los fiscales. La reforma ya está en marcha con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero llevará una tramitación larga.

Entre la prórroga o el riesgo de desgaste

Políticamente todas las miradas en este arranque de 2025 volverán a estar en Junts y en la duda de si habrá o no Presupuestos. En el Gobierno hay discusión interna. Algunos sectores creen que es mejor seguir con las Cuentas prorrogadas, como hacen la mayoría de las autonomías del PP, y evitar el desgaste de una negociación agónica con Junts. Otros creen que es imprescindible intentarlo porque encarrilaría la legislatura. Sánchez ha dado orden de momento de explorar la vía Junts, y está dispuesto a reunirse con Carles Puigdemont si eso ayuda al acuerdo. “Ojalá el coste de los Presupuestos fuera esa foto, que es perfectamente coherente con lo que hemos hecho, pero claro, no será solo eso”, resume un miembro del Gobierno. De momento, los contactos están parados desde la última reunión en Suiza, que fue muy mal. Algunos ministros ven incomprensible que Junts pactara la reforma fiscal, mucho más compleja, y ahora no quiera hacerlo con las Cuentas, más sencillas en teoría. “¿Pero qué sentido tiene que nos pongamos de acuerdo en cómo recaudar, que es lo más difícil, y no en cómo gastar, que son los Presupuestos?”, señala un miembro del Ejecutivo.

2025 debería ser el año en el que se despeje la aplicación de la amnistía para Carles Puigdemont, líder de Junts, si finalmente el Supremo resuelve su recurso ―se está retrasando la decisión, algo que genera suspicacias en el Gobierno y en Junts― y así la cuestión pasa al Tribunal Constitucional, que previsiblemente daría amparo y determinaría que se le debe aplicar la ley de amnistía como a los demás líderes del procés porque la malversación por la que fue condenado entra dentro de lo amnistiable por la norma dado que no hubo enriquecimiento personal y patrimonial. 2025 será pues un año clave para despejar todas las incógnitas con las que acabó 2024. Pero sobre todo para que el Gobierno intente salir del bucle judicial y recuperar una agenda política que todo Ejecutivo tiene la obligación de dirigir.