El fiscal pide que se cite a declarar al novio de Ayuso si no se archiva ya la causa contra el ministerio público

La guerra entre la Fiscalía y Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escrito este miércoles un nuevo capítulo. El fiscal Francisco Javier Montero, encargado de la causa abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para indagar si el ministerio público se extralimitó al emitir una nota de prensa que desmentía las tergiversaciones que había difundido el equipo de la dirigente del PP, ha pedido al magistrado instructor que archive ya el procedimiento al contar con “elementos probatorios suficientes” para descartar cualquier ilegalidad. Pero, en el caso de no aceptar su solicitud, el fiscal reclama que se cite a González Amador y a su abogado a declarar como testigos para que cuenten a quiénes dieron acceso al procedimiento.

Este movimiento adquiere una enorme relevancia, ya que toda la causa tiene como origen una información tergiversada que estaba moviendo el equipo de Ayuso y que publicó El Mundo en la noche del 13 de marzo, horas después de darse a conocer la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra González Amador por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda. Este diario aseguró que el ministerio público le había ofrecido al novio un pacto por correo electrónico —incluyendo en la supuesta noticia parte del contenido de un email firmado por el fiscal Julián Salto—; pero la realidad era que había sido la propia pareja de la presidenta autonómica quien, más de un mes antes, había tratado de alcanzar ese acuerdo por iniciativa propia a través de otro correo enviado por su abogado, que desvelaron horas después otros medios. Sin embargo, a los pocos minutos de que El Mundo difundiera su información, el principal asesor de la dirigente popular, Miguel Ángel Rodríguez, la usó para tratar de vender la tesis de que esa supuesta oferta de la Fiscalía, que después se habría retirado, formaba parte de una especie de chantaje con fines políticos.

En un escrito fechado este 3 de julio y remitido al juez instructor del TSJM, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal Francisco Javier Montero considera “innecesario demorar más la investigación” contra el ministerio público y afirma que ya se cuentan con “elementos probatorios suficientes” —se han recabado varios informes y documentación, así como interrogado a los dos fiscales imputados y varios testigos— para dar carpetazo al asunto, al considerar que no existen “motivos suficientes de criminalidad” para seguir adelante con la causa contra ninguno de los querellados o contra otras personas.

Por ello, según el escrito, la Fiscalía pide al juez instructor que archive la causa contra los dos fiscales. Y también que se dé carpetazo a toda la investigación al considerar que “carece de relevancia o trascendencia penal” la difusión el 14 de marzo de 2023 de la nota de prensa emitida por la Fiscalía para desmentir la información publicada por El Mundo. Según añade el ministerio público, en el caso de que el magistrado no acepte esta propuesta, reclama que se cite a declarar como testigo a Alberto González Amador y su abogado, Carlos Neira, para que indiquen “a qué personas se dio acceso o dispusieron de copia del soporte de las comunicaciones mantenidas (correos electrónicos recibidos y enviados)” entre el letrado Carlos Neira y el fiscal Julián Salto. “Al objeto de conocer qué personas podrían haber accedido y/o disponer potencialmente de dichas comunicaciones”, apostilla el escrito.

Tras la difusión de esa nota de prensa, González Amador presentó una querella por presunta revelación de secretos al considerar que, con ese comunicado, se desvelaron datos confidenciales (la causa se ha ampliado después a la filtración de los correos entre el abogado Neira y el fiscal Salto). Por su parte, la Fiscalía no solo afirma que no existen indicios de que esta filtrara esos emails, sino que apunta al entorno de Ayuso y sostiene que su nota no “revelaba” ninguna información que no se conociese ya por los medios se comunicación. El propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asumido toda la responsabilidad por la emisión de esa nota, y el novio de Ayuso ha pedido que se envíe la causa al Tribunal Supremo para investigarlo.