El Gobierno empuja al PP a consensuar la posición de sus comunidades sobre el reparto de menores migrantes

La acogida de menores extranjeros que emigran a España sin sus padres promete abrir un nuevo frente entre el PSOE y el PP pero, sobre todo, poner en un brete interno a los populares. La situación de colapso que vive Canarias, con más de 5.500 niños tutelados, ha forzado un acuerdo inédito entre el Gobierno central y la comunidad autónoma —gobernada por Coalición Canaria y PP— para imponer por ley un reparto obligatorio de los menores por todo el territorio. La iniciativa supone cambiar la Ley de Extranjería y ante las dudas razonables de poder contar con el respaldo de los socios catalanes —que consideran que la fórmula les perjudica— se necesita el apoyo del PP para salir adelante. Esto deja al partido de Alberto Núñez Feijóo en una posición de difícil encaje. Por un lado, las comunidades que piden la solidaridad de las otras porque no pueden acoger más niños migrantes (Canarias, Ceuta y Melilla) están gobernadas o cogobernadas por los populares; mientras que las que han de desplegar recursos para recibirlos, también. El asunto es en sí mismo complejo y sensible y además cuenta con el rechazo de plano de Vox que sostiene los gobiernos de cinco comunidades autónomas.

El acuerdo entre Canarias y el Ministerio de Política Territorial implica que cuando algún territorio vea superada su capacidad de acogida en un 150% se active un mecanismo de reparto obligatorio de menores por todas las comunidades, un modelo que se intenta imponer en la UE con resultados que aún están por ver. En el caso español, que se aplicaría solo a los menores, que son competencia de las comunidades autónomas, los cupos se decidirían en base a una serie de criterios objetivos (renta, desempleo, población, plazas ya destinadas a este perfil…) que se han estado aplicando desde 2022 para los repartos voluntarios. El problema es que ahora, aunque cada nueva acogida esté compensada económicamente, ni siquiera esos criterios tienen consenso. La propuesta cuenta, de primeras, con las reticencias de todas las comunidades gobernadas por los populares, además de Cataluña.

La aprobación del reparto urge a Canarias, pero el asunto ya está salpicado por la estrategia política y apenas quedan dos plenos en los que pueda incluirse esta reforma antes de las vacaciones.

En el Gobierno central asumen que la pelota está en el tejado del PP, que su voto es fundamental porque se trata de una política de Estado, pero han delegado en el presidente de Canarias Fernando Clavijo la misión de seducir a los populares. En Coalición Canaria consideran que ya se han empeñado en diseñar una solución y que volcar la responsabilidad en el PP es una forma de que el PSOE pueda culpar a los populares si no sale adelante.

El asunto no es menor. En los bastidores se ha llegado a plantear que si el reparto no se aprueba por la negativa del PP estaría en riesgo el Ejecutivo de coalición canario y que Clavijo acabe dependiendo del PSOE para seguir gobernando. El entorno del presidente ni se plantea ese escenario: “Tiene que salir”. El PSOE, mientras tanto, se niega a llevarlo a las Cortes si no cuenta con el favor declarado de los populares. Esta semana será clave. Ante el impasse, Clavijo ha pedido una reunión a todos los grupos parlamentarios el martes para que se posicionen. El ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, ha escrito a los grupos para informarles de que él estará “igualmente” en representación del Gobierno.

En el Partido Popular no parece haber tanta urgencia. La dirección del partido se sacude la presión y se quita de en medio con el argumento de que todavía no conoce el texto del acuerdo que, en teoría, ha remitido a sus superiores el vicepresidente de Canarias Manuel Domínguez.

Frente canario y ceutí

El debate enfrentará posiciones internas de forma inevitable. Una mayoría de barones populares se queja de que sus sistemas de acogida ya están “colapsados” y exigen más fondos del Estado. Al otro lado, el Gobierno canario y el de Ceuta lideran un frente que presiona a sus compañeros del partido, según fuentes del PP de ambas autonomías. El argumento, forjado durante incontables crisis migratorias, es que sus territorios “no dependan de la solidaridad, sino que se tomen medidas inmediatas con fuerza de ley”. Melilla, ahora con menos presión que Ceuta y las islas, pero beneficiaria del reparto, se alinea de momento con las comunidades reticentes al acuerdo.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha sido claro en sus intervenciones: “Este asunto no puede estar sometido a la decisión que tome cada comunidad autónoma, hay que hacerlo de manera consensuada y a través de la ley”. Por su parte, el vicepresidente canario se ha presentado, primero, contundente: “Voy a defender, cueste lo que cueste, ante mi partido la modificación legislativa para conseguir que haya derivaciones de migrantes”. Y, después, algo más críptico con los suyos y crítico con el Gobierno, al que ha acusado de “reventar” la negociación. “La realidad es que no hemos cerrado ningún acuerdo [...] Hemos pedido que haya financiación suficiente, que se declare la emergencia para poder llevar a cabo con urgencia las actuaciones de contratación y adaptación de espacios y hemos pedido que se convoque la Conferencia de Presidentes para llegar a un acuerdo”, dijo el pasado viernes. Hoy por hoy, los populares canarios admiten que no saben qué votaría su partido en el caso de que la modificación legal llegue al Congreso al mismo tiempo que quieren evitar que su posición se interprete como un órdago a Génova.

El PP no tendrá fácil armar una posición común en un asunto sensible que tensiona sobre todo a los Gobiernos de los populares con Vox (Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia), un socio que ha convertido a los menores extranjeros no acompañados en objetivo de sus ataques. El partido de Santiago Abascal ha advertido de que impedirá el traslado de menores a las comunidades donde cogobierna con el PP y que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la modificación legal pactada con Canarias.

Más allá de los ejecutivos con la extrema derecha, las comunidades del PP que más menores recibirían con ese modelo de reparto también muestran sus recelos. “Es una política de derivación, no de inmigración. Vamos a ver exactamente qué significa ese acuerdo, ¿en qué condiciones se fijaría el reparto? No tenemos ningún texto”, se quejan en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. “El Gobierno de Sánchez tendrá que hablar con las comunidades del PP y acordar con ellas. Tendrá que haber algún acuerdo en una mesa sectorial. Pedimos documentos claros y que haya reuniones para acordarlos. Si no hablan con nosotros, esto no funciona”, reclaman en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

En la misma línea que el madrileño, el Gobierno de Andalucía alerta de que su sistema está “colapsado” y reclama financiación estatal porque ha acogido a 1.896 menores inmigrantes en lo que va de año “a pulmón”, con un coste de 3,5 millones de euros. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla denuncia que Andalucía “no tiene ninguna información oficial” del acuerdo con Canarias y critica que el pacto se haya hecho “de forma unilateral, sin informar al resto de comunidades”. Madrid y Andalucía no llegan a oponerse frontalmente al acuerdo, sobre todo porque dicen desconocer el texto pactado, pero están también lejos de compartirlo.

Génova, de momento, evita definir una posición común de partido, consciente de que el asunto tensiona a sus comunidades. “Cuando tengamos el texto, lo valoraremos”, afirma de forma lacónica un portavoz de la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Alós, la encargada de esta materia. “Todas las medidas van a llegar tarde. Vienen imágenes que no van a ser ajenas a ningún responsable político”, advierten en el PP canario.

Cuatro comunidades piden la declaración de emergencia

El plan de reparto para Canarias ha vuelto a poner sobre la mesa las reclamaciones de las comunidades autónomas sobre la atención a los menores que emigran solos a España. En la última conferencia sectorial de infancia el malestar de la mayoría de los territorios con el Gobierno central llevó a suspender la aprobación de un reparto de unos 400 niños que ya estaba pactado.

A punto se sentarse en la mesa con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, los representantes de las comunidades autónomas se enteraron, por la Cadena Ser y EL PAÍS, de que el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno de Canarias habían consensuado el texto final con el que se pretende establecer el obligatorio de menores. Acusaron de “deslealtad institucional” al Gobierno central, pero las reclamaciones son más amplias y muestran la dificultad de aunar posturas en la gestión de un tema conflictivo políticamente.

En aquella reunión, celebrada el pasado 11 de junio en el Ministerio de Juventud e Infancia, cuatro autonomías (Cataluña, Madrid, Melilla y La Rioja) emplazaron al Gobierno a declarar la situación de emergencia, según fuentes conocedoras del encuentro. La declaración de emergencia facilita la tramitación urgente de contratos y ya se ha activado en otros contextos migratorios, como los repuntes en Canarias, la llegada de refugiados ucranianos, o con la excepcionalidad de la pandemia.

Con una mesa formada por una mayoría de comunidades gobernadas por el PP — o en coalición con Vox—, las críticas arreciaron. Cinco territorios (Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Andalucía) reseñaron que llevan meses acogiendo en sus centros a menores que fueron trasladados desde Canarias como si fuesen adultos. Esta denuncia —de la que ni la Fiscalía ni el Gobierno han dado explicaciones— es una realidad constatada desde finales del año pasado cuando volvieron a dispararse las llegadas a Canarias. La estrategia de no congestionar las islas, llevó al Ministerio de Migraciones a trasladar con premura a cupos de cientos de personas a centros de acogida de toda la Península, pero una vez en ellos, salieron a la luz decenas de casos de niños a los que se había trasladado como si fuesen adultos y que tuvieron que ser acogidos por las comunidades en las que se encontraban. Este fallo en cadena —en el que Policía, ONG, Fiscalía y ministerios tienen su parte de responsabilidad— revela la paradoja de cómo todo el cuidado, el tiempo y la negociación política que se requiere para trasladar formalmente a menores migrantes de las islas a la Península con todas las garantías, puede saltar por los aires en el día a día de la gestión.

Entre las quejas generalizadas hay otros asuntos como la falta de financiación para acoger a los menores y el sistema con el que se compensará el futuro refuerzo que exigirá el reparto o el desfase entre los datos que maneja el Gobierno sobre los menores acogidos y los que en realidad hay en los centros, una cuestión clave porque estos números determinan el cupo que les corresponderá.