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El juez García-Castellón amplía su petición de amparo al Poder Judicial tras los ataques de Rufián desde el Congreso

El diputado de ERC acusó al magistrado de formar parte de una “guerra judicial” para favorecer al PP y Vox

El juez Manuel García-Castellón, durante una entrevista para Efe en su despacho de la Audiencia Nacional, en julio.
El juez Manuel García-Castellón, durante una entrevista para Efe en su despacho de la Audiencia Nacional, en julio.Sergio Pérez (EFE)

Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha ampliado este viernes su petición de amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras los ataques vertidos contra él por Gabriel Rufián (ERC) desde el Congreso. Según informan fuentes jurídicas, el magistrado responde así a las palabras del diputado de Esquerra, que lo acusó de formar parte de una “guerra judicial” contra el independentismo para favorecer al PP y Vox. García-Castellón ya solicitó esta semana el respaldo del órgano de gobierno de los jueces tras recibir críticas de miembros del Ejecutivo de España y de la Generalitat de Cataluña por citar al expresident Carles Puigdemont (Junts) y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como imputados en el caso Tsunami Democràtic, donde se investiga al grupo que supuestamente instigó las protestas que se produjeron en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés en octubre de 2019.

Este miércoles, durante su intervención desde la tribuna del Congreso en el debate de investidura de Pedro Sánchez, Rufián arremetió contra García-Castellón, acusándolo de “imputar a Marta Rovira por terrorismo aprovechando que a un señor le dio un infarto en una manifestación” —en referencia a que el magistrado, que recibió un amplio informe de la Guardia Civil que situaba a la secretaria general de ERC como cabecilla de Tsunami, ha pedido investigar si existe “vinculación” entre las acciones de los sospechosos y la muerte de un turista francés durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona), que fue impulsado por ese movimiento—. El parlamentario, además, añadió: “Es el mismo juez que, por cierto, aún no sabe quién es M. Rajoy, que sacó de la cárcel a Ignacio González, que salvó a Cospedal de la Kitchen y que archivó lo del Rey. Casualidades. Yo qué sé, por lo que sea. Todo esto es guerra judicial y negarlo es como negar que sale el sol y se pone para todos cada día”.

Rufián se refería así a una serie de casos de corrupción que han pasado por la Audiencia Nacional. “M. Rajoy” era uno de los apuntes que aparecía en los papeles de Bárcenas; un sumario que, en realidad, no ha llevado el juzgado dirigido por García-Castellón. Por su parte, en las pesquisas sobre el caso Lezo, este magistrado acordó en noviembre de 2017 dejar en libertad bajo fianza de 400.000 euros a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, pero el julio anterior había decretado que siguiera en prisión preventiva (donde llevaba desde abril) y, a día de hoy, ha ordenado ya juzgarlo por tres líneas de investigación diferentes, por las que la Fiscalía le pide casi 20 años de cárcel.

Respecto al caso Kitchen, la operación parapolicial desplegada en 2013 para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el presunto objetivo de robarle documentación comprometedora sobre altos cargos del PP, García-Castellón ordenó en el verano de 2021 desimputar a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido. El juez instructor, en una decisión que fue avalada después por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, circunscribió toda responsabilidad a la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, encabezada por Jorge Fernández Díaz, al que ha sentado en el banquillo y para quien el ministerio público solicita 15 años de cárcel.

El diputado de ERC, que precisó en el Congreso que “la guerra judicial en este país es un montón de jueces en una sala de bar al servicio de PP y de Vox” y que quieren “ganar con togas lo que pierden con votos”, también dijo que García-Castellón “archivó lo del Rey”. El Juzgado Central de Instrucción 6, que dirige esta magistrado, abrió una línea de investigación dentro del caso Villarejo bautizada como Pieza Carol, tras aparecer unos audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo en los que Corinna Larsen, amante de Juan Carlos I, atribuía al rey emérito el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza y un terreno en Marrakech. Este sumario, origen de la investigación posterior de la Fiscalía del Tribunal Supremo, se archivó en 2018; pero lo hizo el magistrado Diego de Egea, que estaba destinado en ese órgano de la Audiencia Nacional como juez de refuerzo. García-Castellón reabrió la causa en 2020, y la volvió a cerrar a los pocos meses por petición del ministerio público.

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Críticas del Gobierno

Este jueves, el CGPJ anunció que ya ha admitido a trámite la solicitud de amparo de García-Castellón por las críticas del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y de la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, que acusaron al magistrado de querer “influir” en la negociación entre el PSOE y Junts al citar como imputados en el caso Tsunami Democràtic a Puigdemont y a Rovira. En una entrevista, Rodríguez aseguró: “Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...”. Plaja, en una rueda de prensa, apuntó: “Algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando”.

En su escrito, el juez denuncia que estas palabras suponen una “perturbación” en su “independencia”. Afirma, por ejemplo, que las críticas de Rodríguez provienen de un “órgano” al que corresponden, “entre otras funciones, las de apoyo y cooperación con la Administración de Justicia [...] o la participación en las relaciones del Ministerio con los órganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial”. “Las manifestaciones [del secretario de Estad] podrían suponer la imputación manifiesta de la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial, al atribuir a este instructor el dictado de una resolución con la sola voluntad de ‘influir’, extremo totalmente ajeno a la realidad del procedimiento penal en el que se enmarca la decisión”, dijo.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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