Pascual Sala, expresidente del Poder Judicial: “Los vocales podrían forzar la renovación con dimisiones”

El expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Pascual Sala, que en 1996 tuvo que afrontar una situación de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces similar a la actual, considera que ahora podría recurrirse al mismo remedio que se empleó entonces para resolver el problema, mediante una “dimisión colectiva” de vocales, en número suficiente para que no hubiera quórum y fuese ineludible renovar la institución. Sala explica a EL PAÍS que entonces los efectos de la falta de acuerdo para desbloquear el Consejo fueron mucho menos graves que en la actualidad, porque el retraso fue solo de unos meses, pero que los miembros de la institución lograron ponerse de acuerdo para forzar la situación sin necesidad de que tuvieran que renunciar todos.

“En aquel caso bastó”, recuerda Sala”, con que dimitieran seis vocales, los suficientes en ese momento para que careciera de sentido la permanencia del resto, ya sin quórum”. En la situación actual, en que el Consejo está compuesto por 18 vocales, la falta de quórum se produciría con 8 dimisiones, que dejarían al órgano de gobierno con 10 integrantes, cuando el quórum necesario para tomar decisiones es de 11.

“En 1996 correspondía renovar el Consejo del Poder Judicial, pero había un proceso electoral en marcha y los contactos para lograrlo se demoraron unos meses. Después de las elecciones a las Cortes ya tenían la posibilidad de renovar y se lo hice notar. Pero me dieron largas y entonces dimitieron los vocales necesarios para dejar inservible el Consejo, e inmediatamente las Cortes renovaron la institución. De manera que hay un caso real, un precedente, que es el mío, en que los relevos se consiguieron así, dimitiendo los vocales necesarios para que el Consejo quedara inservible por falta de quórum para tomar decisiones. Finalmente, así se logró la renovación en tiempos del PP de Aznar, que es el que había ganado las elecciones”.

Pascual Sala añade que “ahora se podría actuar del mismo modo, claro que sí”. El que fue presidente de la cúpula judicial entre 1990 y 1996 explica que no quiere dar consejos a nadie ni inmiscuirse en la labor de los actuales vocales. Considera, sin embargo, que el suyo es un precedente a tener en cuenta, máxime en situaciones extremas como la actual, en que el órgano de gobierno de la magistratura lleva ya más de cuatro años pendiente de renovación y en diciembre próximo habrá doblado el período de su mandato natural de cinco años si la legislatura termina sin un acuerdo para cambiar esta situación.

Sala subraya que una salida de este tipo no requiere muchos trámites. “Basta con que el presidente del Consejo acepte las dimisiones”. Añade que a su juicio no puede haber ninguna responsabilidad administrativa ni de otro tipo por un conjunto de dimisiones, ya fueran de algunos o de todos los miembros del órgano de gobierno de los jueces. “Con las dimisiones aceptadas, el Consejo se queda inservible, completamente inactivo el gobierno de un poder del Estado”. Sala estima asimismo que el presidente que admitiera este tipo de renuncias tampoco incurriría en responsabilidad legal alguna, máxime habida cuenta de que se trataría de una decisión para facilitar el cumplimiento de la propia Constitución, que establece que el Consejo General del Poder Judicial tiene que renovarse cada cinco años, un mandato que no es disponible, a voluntad del destinatario.

El expresidente del Poder Judicial considera que hace ya mucho tiempo que hubieran tenido que ponerse en práctica las medidas oportunas para conducir a una renovación del Consejo. “Al cumplirse un año sin renovación ya hubieran tenido que ponerse en práctica las medidas necesarias para desbloquear la situación. Yo no quiero desautorizar al actual Consejo. Yo no he querido ni quiero intervenir, claro está. En el Consejo ya saben lo que pasó en la renovación del 96. No se puede demorar al doble de su mandato un órgano constitucional. Las renuncias hubieran podido potenciar la renovación. Pero también hay que tener en cuenta que nadie puede obligar a los vocales a dejar su puesto, esto también es importante”.

Para Pascual Sala, lo más relevante es en todo caso tomar en consideración que una salida así de la crisis que atraviesa el Poder Judicial es legítima y tiene el precedente exitoso del episodio que él mismo y los vocales del Consejo que presidió decidieron poner en marcha. “Entonces el retraso de la renovación fue solo de unos meses, y en circunstancias especiales, porque había habido un proceso electoral en medio. Imaginémonos si estaría justificado y tendría sentido ahora, con cuatro años y cuatro meses de retraso en la renovación”. Una vez tomado el acuerdo y obtenida la situación de hecho que desbloqueaba el Consejo, “no me consta que nadie sufriera consecuencia alguna en sus intereses ni protestó en absoluto por las decisiones tomadas”. Las Cortes tomaron nota de lo sucedido y hubo acuerdo “entre el PP, que había ganado las elecciones, y el PSOE para renovar el Consejo”.