Dos frases y varios sustantivos, en el fracaso de la reforma de la ‘ley mordaza’

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza, es la historia de un fracaso parlamentario, pero también de la relevancia que en política tienen a veces una frase o dos sustantivos. PSOE, Unidas Podemos y PNV presentaron un texto la semana pasada para superar el escollo que suponían los últimos cuatro artículos en los que no había acuerdo y que fue rechazado por ERC, EH Bildu y Junts. Estos plantearon este martes un documento alternativo. La comparación entre ambas propuestas muestra numerosas similitudes en la redacción, pero también significativas diferencias que son las que finalmente han provocado que la reforma no salga adelante.

Pelotas de goma. El PSOE, Unidas Podemos y PNV mantuvieron en su última propuesta buena parte de lo que ya planteaban en sus enmiendas iniciales para el artículo 23.4 de la ley. Entre ellos, una referencia expresa a la necesidad de elaborar “protocolos específicos de acuerdo con los estándares internacionales” sobre el uso de la fuerza y el empleo de material antidisturbios para “utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. A ello añadieron en ese texto la creación de mecanismos que permitieran identificar a los agentes antidisturbios que utilizasen el material antidisturbios o que organizaciones de “la sociedad civil” participasen en la redacción de los protocolos. El texto presentado este martes como alternativa por ERC, EH Bildu y Junts mantiene palabra por palabra esta redacción, pero le añadía una frase final: “Asimismo, queda prohibido expresamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma”. Los tres primeros partidos se negaron a aceptar esta frase, mientras que los otros tres se negaban a aceptar la propuesta de la semana pasada si no se incluía.

Desobediencia. Las discrepancias en el artículo 36.6, el que castiga “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes” y que fue masivamente utilizado durante la pandemia para sancionar a los que se saltaban el confinamiento, no eran de redacción. De hecho, los textos eran idénticos después de que los grupos debatieran si la desobediencia debía ser “manifiesta” o “reiterada” para ser sancionable. Finalmente, el acuerdo fue que tuviera que ser “manifiesta y clara”, palabras que recogían ahora ambas propuestas. En este caso, la discrepancia ha sido si esta infracción se mantenía como falta grave (y, por tanto, sancionable con multas entre 501 y 25.000 euros, según la cuantía que pretendía introducir la reforma) o leve (la multa sería entonces entre 100 y 500 euros). El PSOE, Unidas Podemos y PNV solo admitían rebajar la gravedad de las sanciones en un caso, cuando el infractor facilitase “datos falsos o inexactos en el proceso de identificación”. ERC, EH Bildu y Junts exigían que las desobediencias fuesen en todos los casos leves.

Faltas de respeto. La modificación del artículo 37.4, el que castiga las faltas de respeto a las policías, buscaba, en palabras de los negociadores, “objetivar” qué situaciones podían ser consideradas como tales y, por tanto, sancionables. El texto propuesto por PSOE, Unidas Podemos y PNV planteaba que se multase “los actos humillantes o expresiones despectivas u ofensivas dirigidas a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos del Estado”. Para ERC, EH Bildu y Junts la definición era poco concreta y, en su opinión, permitía la arbitrariedad de los agentes al sancionar. Por ello, planteaban que solo fuesen castigables “los insultos o injurias”. Además, añadían que la multa no se ejecutaría “cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones”, frase que no incluía la propuesta de los tres primeros partidos.

Devoluciones en caliente. Los seis partidos coincidían en que esta figura, incluida por el PP en la ley mordaza en 2015, debería estar en otra norma, la ley de extranjería. Ahí se acaban prácticamente las coincidencias entre los dos bloques. PSOE, Unidas Podemos y PNV plantearon incorporar un añadido a la ley de extranjería para que el Gobierno elabore en el plazo de un año la normativa que desarrollará la exigencia ya existente en la misma de que en estos rechazos en frontera se respeten los derechos humanos y los convenios firmados por España para la protección internacional. Los otros tres partidos, sin embargo, rechazaban aplazar la decisión y planteaban que se recogieran ya compromisos concretos, como que “en ningún caso” se rechazase a los ciudadanos extranjeros “mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos” o que hubiera una “expulsión colectiva”.