La jueza da la semilibertad a Pablo Crespo, ‘número dos’ de la Gürtel, en contra del criterio de Interior

La jueza de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, María Reyes Jimeno, ha concedido el tercer grado o semilibertad al que fuera número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, condenado en cinco piezas de la macrocausa de corrupción a un total de 73 años y 4 meses de cárcel. La magistrada enmienda así la decisión de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que, en primera instancia, había decidido mantener a Crespo en prisión al considerar que, si bien su comportamiento era bueno y su evolución favorable, la gravedad de los delitos cometidos y, sobre todo, que aún le quedasen por cumplir nueve de los 18 años del tiempo máximo de cumplimiento de la pena que tiene fijado hacían necesario esperar al menos otros seis meses antes de concederle este beneficio penitenciario, según recoge el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. La resolución de la magistrada, fechada el pasado 16 de febrero, ha contado con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que ha defendido el régimen abierto para Crespo por su colaboración con la justicia.

La decisión de la juez hará que el que fuera secretario de organización del PP gallego abandone la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde estaba recluido hasta ahora, para pasar a cumplir el resto de la pena en un Centro de Inserción Social (CIS, donde las cumplen presos en régimen abierto). Previsiblemente, en el CIS Victoria Kent, situado en el centro de Madrid, el mismo en el que está otro de los condenados en la macrocausa de corrupción, el extesorero del PP Luis Bárcenas. Una vez allí, los profesionales penitenciarios diseñarán un plan de ejecución de lo que le resta de la pena que incluirán salidas diarias para ir a trabajar. Ese plan detallará también si debe acudir al establecimiento penitenciario a dormir y cuántos días, o, incluso, si se le pone algún sistema de control telemático.

El proceso que ha desembocado en la semilibertad de Crespo se inició el pasado octubre, cuando la Junta de Tratamiento de la cárcel ―formada por profesionales penitenciarios― estudió si mantener al número dos de la Gürtel en segundo grado (el ordinario, en el que está el 73% de los presos) o darle la semilibertad. Según recoge el auto judicial, de aquella reunión salió la propuesta de que el recluso se mantuviera como hasta ahora con la idea de estudiar seis meses más tarde su flexibilización. Entonces ya se tuvo en cuenta de que Crespo había disfrutado de 11 permisos ordinarios “con acogida familiar sin incidencias”, que estaba abonando la responsabilidad civil a la que fue condenado y que había participado “con excelente aprovechamiento” en un programa de reinserción de justicia restaurativa, que concluye con un encuentro entre el recluso y una víctima simbólica para que le pidan perdón.

Los informes de los diferentes profesionales analizados en aquella reunión también destacaban que había cursado estudios universitarios de Derecho durante su encarcelamiento, que mostraba “muy buen comportamiento” en prisión y que era “consciente del daño que ha hecho a la sociedad”. De hecho, en marzo de 2021 había remitido una carta en la que confesaba su participación en la trama, mostraba su arrepentimiento y su disposición a colaborar. La junta de tratamiento concluyó que el pronóstico de reincidencia era “muy bajo”, pero que era necesario que siguiera en segundo grado. El principal motivo fue “la lejanía de la condena”, ya que si bien estaba entonces a punto de cumplir la mitad de los 18 años, aún le quedaba otro tanto para extinguirla por completo, algo que no se producirá hasta el 12 de diciembre de 2031, según el calculo recogido en el auto.

La decisión del equipo directivo de la cárcel de Soto fue ratificada por Interior el pasado diciembre, por lo que Crespo la recurrió ese mismo mes ante la jueza de Vigilancia Penitenciaria con un escrito de 50 páginas y 35 documentos anexos, según detallan fuentes de su defensa. La magistrada dio traslado del recurso a la Fiscalía que finalmente ha apoyado que el número dos de la Gürtel acceda a la semilibertad. En su escrito, Anticorrupción destacaba que Crespo no solo reconocía y destallaba su participación en la trama de corrupción, “sino la de los demás acusados, aportando documentación que acreditaba su relato de confesión”. Y resaltaba que esa colaboración la estaba manteniendo en el juicio que actualmente se celebra en la Audiencia Nacional por una de las piezas del sumario, la correspondiente a la trama valenciana y que sienta en el banquillo al expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

La Fiscalía añadía que el cabecilla de la trama había anunciado que “colaborará igualmente” en los dos juicios del caso Gürtel que aún faltan por celebrar y que en su momento ayudó “para la repatriación de los fondos que tenía depositados y bloqueados en entidad suizas y que han ido a la reparación del daño y otras responsabilidades pecuniarias”. Anticorrupción concluía que todo ellos eran, según define la jurisprudencia, “actos contrarios a la acción delictiva que, de alguna forma, contribuyen a la reparación o restauración del orden jurídico vulnerado” y, por tanto, Crespo era merecedor de la semilibertad. La jueza hace suyos estos argumentos y revoca la decisión de Interior y acuerda la concesión del tercer grado al exdirigente del PP gallego.