Otros dos exconsejeros de Camps se desmarcan de Gürtel: “Nunca me reuní con El Bigotes”

Manuel Cervera y Luis Rosado, antiguos consejeros de Francisco Camps en la Generalitat Valenciana, se han desmarcado de la trama Gürtel este miércoles, durante el juicio que acoge la Audiencia Nacional sobre el presunto desembarco de la red corrupta en la comunidad de la mano del expresidente regional. Los dos ex altos cargos del PP, que ocuparon la cartera de Sanidad en el Govern autonómico y a los que la Fiscalía implica en el amaño de contratos, han negado que intervinieran en favor de las empresas de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias El Bigotes. “Nunca me reuní con Álvaro Pérez [representante de la Gürtel en Valencia]; nunca hablé con él; y nunca me tomé un café con él”, ha insistido Cervera al tribunal.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que los dos ex altos cargos del PP intervinieron para adjudicar a una empresa de la trama, Orange Market, la organización de un acto sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia, así como la elaboración de un vídeo promocional para dicho evento, celebrado el 19 de febrero de 2008 y al que acudió el entonces presidente Camps. En ese momento, Cervera era el conseller, y Rosado, director gerente de la Agencia Valenciana de Salud.

Según el ministerio público y el juez instructor José de la Mata, los cabecillas de Gürtel “se concertaron” con Rosado para que les otorgara esos trabajos, cuya coste superó los 47.000 euros. La acusación apunta que la “superior coordinación de las facturas y su pago correspondió” al conseller, quien “dictó indiciariamente las decisiones e impartió instrucciones sobre la elección de la empresa, moviendo la voluntad” de varias direcciones generales, que dependían de la Agencia Valenciana de Salud. Para ello, contó presuntamente con la ayuda de Cervera.

—¿De quién surge la idea de organizar este acto? —se ha lanzado la representante del ministerio público.

—No tengo ni idea. A mí los actos me los daban dados —ha respondido tajante Cervera.

—¿En algún momento, recibió alguna indicación o sugerencia, de forma directa o indirecta, por parte de Camps de que había que contratar con las empresas de Álvaro Pérez? —le ha preguntado después el abogado del expresidente regional.

—Ninguna. En absoluto —ha contestado el exconsejero.

Cervera, que no quiso pactar con Anticorrupción, ha manifestado que él “no tenía capacidad de contratación”: “Yo, ni proponía actos, ni los organizaba”, ha añadido. También ha dicho que, antes del acto bajo sospecha, visualizó el vídeo que se iba a proyectar. “Camps, como todos los presidentes, son muy celosos de sí mismos. Y mi única preocupación era que, si en el vídeo yo salía una vez, él tenía que salir diez. Porque, si no, tendría un enojo conmigo”, ha apostillado, antes de negar que diera órdenes para contratar con Orange Market y cualquier relación de amistad con El Bigotes. “Cuando iba a los actos del partido [como uno más], yo veía a un señor con un bigote impresionante, que se llamaba Álvaro. Y cuando fui conseller y pasé a estar en primera fila en los actos, él se me acercó y me dijo que era Álvaro. Pero nunca me reuní con él; nunca hablé con él; y nunca me tomé un café con él. Y en ningún momento lo recibí”.

Las declaraciones de Cervera y Rosado llegan después de que Alicia de Miguel, antigua consejera de Bienestar Social, negase el martes cualquier implicación en la trama. La ex alto cargo del PP descargó toda la responsabilidad en su jefe de gabinete e insistió en que ella no se ocupaba de la contratación de los actos: “No vi una factura en mi vida”, dijo a los jueces. La Fiscalía no pide penas de prisión para los tres exconsellers, sino condenas de hasta nueve años de inhabilitación por prevaricación.

La vista oral proseguirá este jueves con los interrogatorios a más acusados: aún quedan seis. Según el calendario previsto por la Audiencia Nacional, Camps será el último en declarar y cerrará esta fase inicial del juicio, antes de que comiencen a desfilar testigos ante el tribunal. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el expresidente por fraude y prevaricación. Los líderes de la trama han señalado al ex jefe de Gobierno regional como la vía de entrada de la red corrupta en la comunidad.