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La Audiencia Nacional reabre el sumario del doble asesinato de guardias civiles en Huesca por ETA

El juez toma la decisión tras recibir una querella por genocidio contra 10 exjefes de la banda

J. J. Gálvez
ETA guardia civil
Agentes de la Guardia Civil inspeccionan los restos del vehículo explosionado por una bomba lapa, en Sallent de Gállego (Huesca), en agosto del año 2000.

Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha reabierto el sumario sobre el asesinato de dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca) en el año 2000 perpetrado por ETA. El magistrado ha tomado la decisión tras recibir una querella por delitos de genocidio contra 10 antiguos jefes de la banda terrorista, presentada por la Asociación Española contra la Impunidad y para el avance de los Derechos Humanos.

Según consta en una resolución fechada este lunes, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez ha reabierto la investigación y ha informado a la Fiscalía para que se pronuncie. De momento, no ha imputado a ninguno de los 10 exdirigentes de la organización criminal contra los que se dirige la querella.

La Asociación Española contra la Impunidad, encabezada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, busca así abrir una nueva vía para perseguir los crímenes del grupo terrorista en la Audiencia Nacional. El colectivo mantiene que ETA desplegó una “política de genocidio en grado de tentativa”, que permitiría declarar imprescriptibles 327 de los 379 crímenes sin resolver de la banda —además de otros atentados, como el 11-M, el ataque yihadista perpetrado el 11 de marzo de 2004 en Madrid—.

ETA acabó con la vida de los guardias civiles Irene Fernández y José Ángel de Jesús, de 32 y 22 años respectivamente, el 20 de agosto del año 2000. La banda colocó una bomba lapa en el Nissan Patrol con el que se disponían a iniciar su habitual ronda de vigilancia a primera hora de la mañana. Ella perdió la vida en el acto, mientras que él falleció dos horas después, tras ingresar en el hospital de San Jorge de Huesca con gravísimas heridas.

Irene Fernández Pereda y José Ángel de Jesús Encinas, los dos agentes asesinados por ETA.
Irene Fernández Pereda y José Ángel de Jesús Encinas, los dos agentes asesinados por ETA.Efe
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La querella de la Asociación Española contra la Impunidad se dirige contra 10 exjefes de ETA: Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; Mikel Albisu, Mikel Antza; María Soledad Iparraguirre, Anboto; Juan Carlos Iglesias, Gadafi; Asier Oyarzabal, Baltza; Vicente Goicoetxea, Willy; Ainhoa Mugica, Olga; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; Javier García Gaztelu, Txapote; y Juan Antonio Olarra, Jokin. Según la denuncia, estos formaban parte de la cúpula de la banda y, por tanto, representaban “el vértice y la cadena de mando jerárquico de la organización terrorista en el momento de los hechos”.

Con la decisión de Manuel García-Castellón, se han reactivado ya al menos nueve sumarios contra un total de 23 antiguos jefes de la banda, según el recuento de EL PAÍS. “ETA, desde principios de los años ochenta, se establece sobre la base de una jerarquía basada en una rígida disciplina, que al amparo de la clandestinidad de su cúpula o comité ejecutivo, asume todas las funciones directivas. De forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija”, ha expuesto el juez Alejandro Abascal, también instructor de la Audiencia, en otra causa.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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