El fiscal del crimen del Cash Récord se disculpa ante las familias y pide la absolución: “No hay indicios suficientes”

“Hay agentes profesionales como la copa de un pino que dicen que su convicción es la de que este es el autor del crimen, pero eso para el fiscal no es suficiente”, ha defendido este viernes el jefe del ministerio público en Lugo, Roberto Brezmes Caramanzana, en la sesión de conclusiones después de una semana de juicio sobre el caso Cash Récord. El hostelero con antecedentes por tráfico de drogas, amenazas, y posesión ilícita de armas Manuel Juan Vilariño Casanova se sentaba por quinto día en el banquillo, acusado por las familias de las víctimas del doble asesinato de la cajera Elena López y el reponedor Esteban Carballedo, durante el golpe al supermercado mayorista Cash Récord de Lugo el 30 de abril de 1994. “Tenemos una oportunidad histórica de hacer justicia”, ha clamado en su turno Carmen Balfagón, una de los abogados de la acusación. Para estos, los indicios son “muchos”, “claros”, “sólidos”, están “conectados” y “señalan de manera directa” al procesado. Pero la Fiscalía coincide con la defensa de Vilariño en que las investigaciones del caso abierto más viejo de la justicia española se enfocaron para buscar argumentos contra el acusado, siempre como principal sospechoso.

Las pesquisas, ha dicho el fiscal, “se dirigieron mucho a buscar indicios contra una persona y demasiado poco a perseguir la verdad”. “Tratando de obtener pruebas que traten de demostrar la implicación de alguien concreto, podemos equivocarnos”, ha añadido. La investigación “careció de objetividad: no se estaba buscando al autor, sino pruebas contra mi mandante”, ha afeado casi de igual manera en su turno Paula Salvador, la letrada de Juan Vilariño, el hostelero que ahora tiene 56 años y no llegaba a los 30 cuando murieron de sendos disparos en la cabeza los trabajadores del Cash Récord.

Después de acumular en la ciudad un considerable historial delictivo y un par de temporadas entre rejas mientras regentó el bar Los Ángeles, el acusado marchó para siempre de Lugo y se instaló en Burgos, donde hasta hace unos meses trabajó de camarero. Este jueves los últimos policías de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) que retomaron la causa a principios de la década pasada contaron que la bautizaron como Operación Jurásico. El caso Cash Récord es el dinosaurio no extinto de los crímenes sin resolver. Si pudo llegar a juicio (más allá de los 20 años en los que prescribe un asesinato) después de sucesivos archivos y encallamientos a lo largo de tres décadas fue porque en algunos momentos el acusado estuvo imputado y el reloj de la cuenta atrás se paró para él.

Pero la desmemoria de los testigos y la propia biología (han muerto bastantes investigadores y personas que en aquel momento declararon, algunos de ellos toxicómanos fallecidos por sobredosis) no se detuvieron en 29 años. “La posición de la Fiscalía podrá no ser entendida”, ha dicho el fiscal casi al término de su intervención este viernes en la sala de la Audiencia de Lugo: “Yo me comprometí con las familias... y no será por falta de trabajo, será por falta de capacidad, pero hasta aquí es adonde yo he podido llegar”. Con estas disculpas a los hijos de Elena López, que quedaron huérfanos con seis y cuatro años, y al resto de los familiares que llevan reclamando justicia tanto tiempo, Brezmes ha reconocido que existen indicios, pero que a él le parecen “poco contundentes y ensombrecidos por contraindicios” que hacen “insalvable” la causa. “Necesitamos más cosas” para “destruir la presunción de inocencia”, por eso “pido una sentencia absolutoria”, ha sostenido ante los magistrados que ahora deben dictarla. A lo largo de su discurso, el fiscal precedía con un “desde mi punto de vista” cada una de las frases vertidas como un jarro de agua helada sobre los parientes de los asesinados.

Para Paula Salvador la autoría de “estos terribles asesinatos” no se puede sostener porque nunca apareció la pistola concreta ni se hallaron huellas, y “no existe ninguna prueba de cargo ni ningún indicio sólido”. Además, algunos testigos de aquellos tiempos oscuros en los que Vilariño se movía en un ambiente de drogas y armas ilegales en Lugo “mintieron” y cambiaron sus versiones cada vez que declararon. Pero el propio fiscal que pide la absolución admite circunstancias como la de que el acusado estaba “familiarizado con las armas”. O que conocía el Cash Récord y su forma de funcionar. O que un testigo lo identificó en un reconocimiento fotográfico como la persona “más parecida” a la que había visto en el polígono el día del crimen. O que un preso declaró que durante una partida de parchís en la cárcel el eterno sospechoso había alardeado de haber perpetrado un atraco en un supermercado. Brezmes tampoco duda del testimonio de un exrecluso ya fallecido, cuando declaró que Vilariño lo había llevado un día hasta la entrada del Cash Récord en su Chrysler 150 marrón, le puso una pistola en la mano y le ofreció participar en ese robo tan fácil. Pero eso, para él, no demuestra que el atraco mortal fuera cosa suya.

Todos estos y muchos elementos más son los que esta mañana ha hilvanado sin embargo la abogada de las familias para pedir una condena de 28 años para el acusado por dos asesinatos, un robo con violencia y tenencia ilícita de armas. Esta pena tiene en cuenta las descomunales dilaciones indebidas y se basa en el Código Penal vigente en 1994. Para la abogada criminalista Carmen Balfagón, en el juicio, por parte de testigos, policías, peritos y forenses “se ha dicho todo lo que se tenía que decir”. Y ha quedado “claro” que Vilariño “mató de manera fría y calculadora antes del Día de la Madre a Elena y Esteban”, a los que conocía y sabía que “no ofrecían ningún peligro” porque el sábado estarían solos en el establecimiento. En el asalto desaparecieron de la caja más de cuatro millones de pesetas. Para ella es evidente que “existe un patrón” de visitas al local en los albaranes de compras incautados al hostelero, al que las víctimas abrieron la puerta a última hora, al filo de las ocho y cuando ya habían cerrado con llave, porque era un cliente habitual. La policía hizo una lista con todos los usuarios del Cash Récord y fue descartando uno a uno. Solo quedó Vilariño como sospechoso.

Los ausentes cartuchos del año 83

Los propios agentes dijeron el jueves que las balas que mataron a Elena, de 32 años, y Esteban, de 26, eran de una misma arma. Ella recibió el impacto en la cara, disparado por “una persona de aproximadamente su misma altura”, ha subrayado la abogada. Vilariño y la cajera “medían casi igual, 1,60 y 1,62 metros”. En diversos registros a propiedades del imputado aparecieron 123 cartuchos de nueve milímetros parabellum, todos fabricados en Santa Bárbara, idénticos a los que usaba ETA o las fuerzas de seguridad del Estado, pero también a los de los proyectiles que se extrajeron durante las autopsias de las víctimas del Cash Récord. “Y qué casualidad”, ha exclamado Carmen Balfagón en su turno de conclusiones: “entre los cartuchos intervenidos a Vilariño había de todos los años, 82, 84, 85 y 86... menos del 83″. Justo los de la fecha que el informe de balística dijo que se habían empleado para matar a Elena y Esteban.

La abogada mostró al tribunal una foto del acusado cuando era joven. “Este es el hombre al que estamos juzgando”, ha recalcado: “En el caso de Elena y Esteban, la foto se quedó estática, no pudo evolucionar con el paso de los años, como la de este señor”, ha dicho volviendo la cabeza hacia el banquillo. En mis años de experiencia, no he visto una causa igual. Es un éxito haber llegado aquí. La justicia es lenta pero inexorable... ¡no dejemos que Juan Vilariño acumule otra situación impune!”, ha pedido a los jueces.

Balfagón se refería a dos sucesos archivados sin resolver, acaecidos en los mismos años y en Lugo, que inspectores que trabajaron en el caso Cash también relacionaron con el acusado: el atraco a otro centro mayorista, Cash Miño, y el asesinato de J. A. Toirán, un vendedor de droga, cuyo cadáver apareció semienterrado junto a un cementerio en Outeiro de Rei, un municipio vecino de Lugo. Los policías trataron de reabrir este último caso de forma paralela a la investigación sobre el Cash Récord, pero el juzgado no accedió. Para ellos, era imposible justificar en la actividad hostelera del acusado ingresos bancarios por millones de pesetas que realizó en aquel tiempo. Un agente detalló en el juicio que la madre de Vilariño pagó un piso con tres millones de pesetas una semana después de la muerte de Toirán. Al final de la sesión, el procesado ha preferido callar que aprovechar su última palabra. Y este caso en el que la lentitud de la Justicia bate su récord ha quedado visto para sentencia.