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Yolanda Díaz amenaza con llevar a los tribunales a Castilla y León si no recupera el servicio de mediación laboral suprimido por Vox

La vicepresidenta pide “cuidar la coalición” y critica a Garamendi por ausentarse de la mesa del salario mínimo

La vicepresidenta y portavoz de CEOE en Castilla y León, Ángela de Miguel (a la izquierda) y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este miércoles en Valladolid. Foto: PHOTOGENIC/LOURDES AZAÑA (EUROPA PRESS)
Juan Navarro

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha amenazado a la Junta de Castilla y León con “los tribunales” si no recupera el servicio de mediación laboral suprimido por Vox la semana pasada. Díaz ha reclamado al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que pare con esta “vulneración grave de derechos” y que el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) sea restaurado cuanto antes. La líder de Unidas Podemos en el Gobierno central también se ha referido al estado en el que se encuentra la relación con el PSOE y ha pedido “cuidar la coalición” mientras se negocia una posible modificación la ley de libertad sexual, que ha reivindicado por “ensanchar los derechos de las mujeres”. La vicepresidenta ha mantenido sus críticas hacia los grandes grupos económicos, como bancos o empresas, por multiplicar sus beneficios en los últimos años y les ha pedido compromiso social. Díaz también ha reprobado que el líder de la patronal, José Antonio Garamendi, se ausentara el martes de la mesa que pactó el acuerdo del salario mínimo.

La ministra, tras reunirse con las organizaciones sindicales y patronales de Castilla y León en Valladolid, ha tildado de “gravísima” la decisión porque “fulmina el diálogo social y la legislación vigente”, pues asegura que no de esta manera no se está garantizando el cumplimiento de la Reforma laboral. Díaz ha instado a Mañueco a que recupere cuanto antes este mecanismo y no ser, así, la única comunidad que no disponga de un servicio de mediación laboral.

Díaz ha admitido que ha hablado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha anunciado que tras dos conversaciones con Mañueco, este ha rechazado hablar con ella de nuevo, tal y como se había comprometido: “No me dio respuesta ni me atendió al teléfono, los presidentes deben cogerle el teléfono a todo el mundo y cumplir con la legalidad”. El mandatario del PP ha respondido por Twitter contra el “turismo electoral de los ministros de Sánchez para atacar a Castilla y León” y ha reprobado “insultos y amenazas”. Mañueco ha reiterado que “los conflictos laborales se seguirán resolviendo con eficacia”, pues la Junta pretende dejar en manos de los funcionarios la labor del Serla sin que patronal y sindicatos lo respalden.

La vicepresidenta ha aludido al enfrentamiento entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la reforma de la ley del “Sólo sí es sí”, en proceso de modificarse: “Es una ley de extraordinaria importancia, se está negociando y hay que respetar el consentimiento”. La normativa sirve para “ensanchar los derechos sociales de las mujeres”, ha sostenido, y ha evitado valorar las palabras de Ione Belarra, líder de Unidas Podemos, sobre que al PSOE “le tiemblan las piernas”. “Hay que cuidar la coalición”, ha deslizado, evitando significarse sobre “cuestiones técnicas” ante una ley “aplaudida y votada por gran parte del Congreso”.

Díaz ha tildado de “muy graves” los precios y subidas de las hipotecas, incidiendo en sus críticas a grandes bancos como el BBVA, y ha lamentado las dificultades sociales para resistir: “Es imposible de soportar, tenemos que seguir dando pasos, hemos conseguido congelar las rentas del alquiler y defiendo congelar las cuotas de las hipotecas”. La responsable de Trabajo ha esgrimido que “los beneficios de las entidades financieras no son justos, de esta crisis tenemos que salir con cohesión social”, y ha pedido que “las entidades financieras con beneficios extraordinariamente llamativos deben comprometerse con la ciudadanía, pido que se actúe en materia de hipotecas”. Díaz ha reivindicado que el Ejecutivo central haya elevado el salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros mensuales, un 8% más sobre la cifra anterior. “Lamento que el presidente de la patronal, al que tengo mucho respeto personal e institucional, ha declinado de sus funciones constitucionales”, ha estimado sobre que José Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se ausentó de la Mesa que acordó el incremento: “No es propio del señor Garamendi”. El aumento del SMI llegará con carácter retroactivo a partir del 14 de enero.

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Sobre la firma

Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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