El PP pretende mantener un plazo obligatorio de tres días para que las mujeres se replanteen abortar
Los populares han presentado 184 enmiendas en el Senado a la nueva ley del aborto, que se debatirá en febrero y sustituirá la norma vigente, aprobada en el Gobierno de Rajoy
Los populares han enmendado el texto de la nueva ley del aborto que se encuentra en trámite en el Senado tras ser aprobado por el Congreso en diciembre, y que, de ser aprobada, sustituirá la norma vigente, aprobada en el Gobierno de Rajoy. En 184 enmiendas los populares recogen, entre otras medidas, que se mantenga el actual plazo de reflexión de tres días para que las mujeres se replanteen su decisión de abortar y que se elimine la libertad de las mujeres menores, de 16 y 17 años, para que opten por abortar sin el consentimiento del padre o la madre.
El Senado cerró el pasado 27 de diciembre el plazo para interponer enmiendas a la nueva norma, que se debatirá en Pleno el próximo 2 de febrero. El Congreso aprobó el texto el 15 de diciembre, por 190 votos a favor, con 154 en contra y 5 abstenciones.
Mientras que el PP reconoce como situación de incapacidad temporal la gestación de la mujer a partir del día primero de la semana 39, pide, en cambio, que se excluya como causa de baja “la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo”, una previsión de la ley que se debatirá en el Senado.
El PP propone modificar el párrafo sobre el reconocimiento de las situaciones especiales de incapacidad temporal, excluyendo “la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo”, y manteniendo “la gestación de la mujer a partir del día primero de la semana 39”
Los populares quieren que, a diferencia de lo que propone la nueva norma, siga apareciendo el delito del Código Penal que penaliza la práctica del aborto sin que hayan transcurrido esos tres días o sin que el sanitario que lo practica no haya remitido a la mujer información previa sobre derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.
Acerca de la objeción de conciencia, el partido de Feijóo objeta que se establezca “un registro de objetores de conciencia del personal sanitario”. Asimismo, el PP objeta una precisión de la ley que establece que la objeción de conciencia de un sanitario no podrá distinguir entre el ejercicio en la sanidad pública y el ejercicio en la privada. También se oponen a la nueva obligación para los servicios públicos para que se organicen de manera que quede garantizado que está disponible el personal sanitario necesario para efectuar el aborto, y otra previsión de la ley que refuerza el principio de equidad territorial y de prestación del servicio en instalaciones públicas.
Otra de las enmiendas pide eliminar la mención al “deber del Estado de garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo se realiza respetando el bienestar físico y psicológico de las mujeres”.
El PP también objeta la previsión de la nueva norma que establece garantías de acceso a los anticonceptivos, incluidos los de urgencia. Los populares quieren que se elimine la previsión para que se financien con dinero público los anticonceptivos hormonales, incluidos los métodos reversibles de larga duración y la dispensación de la anticoncepción de urgencia.
Además de las medidas referidas específicamente al aborto, el PP también han objetado otras novedades incluidas en la nueva ley, como la nueva baja menstrual incapacitante, por considerar que esta “va a perjudicar a las mujeres más que beneficiarles en términos de empleo o empleabilidad” y que está incluida en las decisiones que pueden adoptar ahora los médicos de atención primaria. Específicamente, los populares desean que se elimine el derecho a la incapacidad temporal para las mujeres militares que sufran menstruaciones incapacitantes derivadas de un aborto, otra de las novedades del texto. Asimismo, los populares quieren que se eliminen los artículos sobre prevención de las violencias sexuales en el ámbito educativo, sobre medidas en el ámbito de la educación menstrual y sobre campañas institucionales de prevención e información.
