Defensa e Interior chocan por la ley que facilita la entrada de la mujer en la Guardia Civil
La norma, que también rehabilita a cuatro sindicalistas expulsados hace 25 años, es avalada por el consejo del instituto armado pese al rechazo de los representantes del ministerio de Margarita Robles
El Consejo de la Guardia Civil, un órgano consultivo formado por 16 representantes de las asociaciones profesionales de agentes y otros tantos de la Administración, ha avalado este jueves, por un estrecho margen, la reforma de la ley de personal que, entre otras novedades, recoge medidas para incrementar el porcentaje de mujeres en el instituto armado y rehabilita a cuatro sindicalistas que fueron expulsados hace 25 años. El apoyo recabado ha sido menor del esperado porque los dos representantes del Ministerio de Defensa en este órgano han mostrado su rechazo a la reforma, según coinciden en señalar varias fuentes conocedoras del contenido de la reunión. Para justificar su posición, uno de ellos, el teniente general Pedro José García Cifo, director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, ha esgrimido que el artículo que precisamente da a las mujeres preferencia sobre los aspirantes hombres siempre que, superado el aprobado, la diferencia de puntos entre ambos no sea superior al 15% puede ser inconstitucional. El alto mando militar también se ha quejado de que Defensa no había sido consultado para su redacción, según confirma un portavoz de este ministerio.
Finalmente, ha sido el apoyo del resto de representantes de la administración, entre ellos los de Interior, y de los cuatro de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) lo que ha permitido que la norma consiga la luz verde del consejo. Ahora, el texto seguirá la tramitación ordinaria que debe llevarla al Congreso de Diputados para su aprobación, aunque antes deberá ser enviado a Defensa para que emita un informe que, según ha anunciado en la reunión el teniente general García Cifo, será negativo. El choque de este jueves entre los representantes de ambos ministerios se suma a los roces más o menos soterrados que han protagonizado en los últimos años Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Entre ellos, el provocado por la elección de María Gámez como directora general de la Guardia Civil, cuerpo policial con dependencia de ambos departamentos. Robles no asistió a la toma de posesión, en enero de 2020, de la máxima responsable del instituto armado.
La reunión de este jueves del pleno del Consejo de la Guardia Civil, presidida por la propia Gámez, abordaba varios puntos, pero el principal era el proyecto de reforma de la ley de personal, que incluía la modificación de 38 artículos y una disposición adicional, además de incorporar cinco artículos nuevos, cuatro disposiciones adicionales y dos transitorias. Entre estos cambios, destacaba la inclusión de medidas de “acción positiva” propuestas por el departamento de Grande-Marlaska para incrementar el número de mujeres en el instituto armado y que incluye reservar entre un 25% y un 40% de las plazas ofertadas a mujeres con el objetivo de llegar al 40% de presencia femenina en la escala de cabos y guardias del instituto armado.
Durante el consejo, los representantes de Interior han recalcado que la incorporación de más mujeres a la Guardia Civil “es una necesidad”, ya que existe “un déficit operativo de plantilla femenina”. En este sentido, también han recordado que con el actual ritmo de incorporación “serían necesarias casi cuatro décadas para alcanzar un 30% de agentes femeninos”. Actualmente, y después de 35 años desde su incorporación, el porcentaje de mujeres en la Guardia Civil se sitúa en el 9%, frente al 17% de la Policía Nacional.
“Cuotas que discriminan”
La propuesta contaba con la oposición de buena parte de las asociaciones profesionales de los agentes. Justicia para la Guardia Civil (Jucil, la mayoritaria, con seis asientos en el consejo) ha mostrado su “malestar y rechazo” a la norma por “la existencia de cuotas que discriminen a un sexo frente al otro en el acceso a la Guardia Civil”. Jucil ya ha anunciado que promoverá acciones judiciales cuando finalmente se apruebe. También han mostrado su rechazo otras cinco asociaciones, mientras que una sexta, la Asociación Profesional de Cabos, se ha abstenido. Solo la AUGC, que cuenta con cuatro representantes en este órgano, ha mostrado su apoyo a la reforma. Este respaldo ha sido finalmente clave para que el proyecto obtuviera el aval del Consejo.
Con las posiciones de los representantes de los agentes claras desde hace tiempo, la sorpresa ha saltado cuando los dos de Defensa han mostrado su rechazo a la medida, sobre todo porque, habitualmente, los 16 representantes de la administración en el consejo votan en bloque, lo que, en la práctica, supone avalar todas las medidas que proponen. Según fuentes presentes en la reunión, el teniente general García Cifo ha anunciado que cuando el documento pase por su ministerio, un trámite obligatorio antes de ser enviado al Congreso para ser aprobado, informarán en contra del artículo que facilita la entrada de la mujer en el instituto armado. Su postura ha provocado malestar en Interior, sobre todo porque las convocatorias de acceso a la Guardia Civil incluyen desde hace tiempo medidas que facilitan la entrada de los candidatos que proceden del Ejército con la reserva de un mínimo del 40% de las plazas ofertadas.
Menos polémica han provocado en el pleno del consejo las otras novedades incluidas en el proyecto de reforma de la ley, entre ellas la disposición adicional que rehabilita a los cuatro agentes ―el sargento José Morata, el cabo Manuel Rosa, y los guardias José Carlos Piñeiro y Manuel Linde, este último ya fallecido― que fueron expulsados hace 25 años por promover el clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC). Este sindicato protagonizó a finales de los años 80 y principios de los 90 ruedas de prensa en las que participaban agentes con tricornio encapuchados en las que reivindicaban mejoras laborales y la desmilitarización de la institución. En la actualidad, la ley aún prohíbe a los guardias civiles el derecho de sindicación ―del que están privados, entre otros, también los militares y los jueces―, pero desde 2007 tienen reconocido el derecho de asociación con fines profesionales. Esta iniciativa tiene un relevante carácter simbólico, pero pocos efectos prácticos: los cuatro agentes, por la edad, pasarán a la situación de retiro y no cobrarán las nóminas que les hubiera correspondido desde que fueron expulsados, aunque sí les beneficiará en el cálculo de las pensiones que reciben en la actualidad.
