El sector progresista teme un bloqueo indefinido en el Constitucional como el del Consejo del Poder Judicial

El Congreso de los Diputados alberga este martes los habituales festejos de un día de la Constitución completamente inusual. En el histórico edificio de la Carrera de San Jerónimo, en el salón de los Pasos Perdidos, como todos los años, celebrarán juntos la Constitución el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, que está en este último cargo de manera interina desde la dimisión de su antecesor, Carlos Lesmes.

Todos fingirán normalidad, pero no habrá nada normal. El CGPJ ha cumplido cuatro años desde que caducó su mandato y el Constitucional lleva cinco meses con cuatro magistrados con su cargo caducado. El Gobierno ya da por hecho que el PP mantendrá el bloqueo para renovar el CGPJ hasta las próximas elecciones generales, cuando se cumplirán cinco años, esto es, un mandato completo del órgano de gobierno del poder judicial caducado, todo un antecedente impensable.

Esta inédita anomalía constitucional se da por hecha, pero ahora en el sector progresista —no solo del CGPJ, sino también del Tribunal Constitucional y en el propio Ejecutivo— se teme que se pueda pasar a otra dimensión de la crisis constitucional: un bloqueo indefinido también del propio tribunal que debe garantizar el cumplimiento de la Constitución.

El Gobierno ha elegido hace una semana a los dos miembros que le corresponde renovar de los 12 que componen el Constitucional, Juan Carlos Campo y Laura Díez, pero de momento ni siquiera hay fecha para que un pleno vote si da o no el plácet a esta renovación. El bloque conservador, que tiene seis magistrados de este tribunal, incluido el presidente, Trevijano, ha sido tajante, según diversas fuentes del alto tribunal: está en contra de renovar de forma parcial: solo los dos magistrados que corresponden al Gobierno, sin esperar a los dos del CGPJ. Mientras, los cinco progresistas, que están en minoría, se han dividido en dos grupos. Uno, con tres miembros, quería convocar ya un pleno para estudiar los nombres propuestos por el Gobierno. El otro, con dos, prefería esperar a ver qué pasa el 22 de diciembre, cuando el CGPJ ha convocado un nuevo pleno para intentar renovar los dos magistrados del Constitucional que le corresponden a este órgano.

Sin embargo, el bloqueo sistemático de un grupo de ocho vocales del CGPJ cercanos al PP, que es precisamente lo que provocó la dimisión de Lesmes, un miembro del flanco conservador que se fue harto de las maniobras de sus propios compañeros, augura un nuevo fracaso el 22 en el intento de renovación. Y ahí viene el problema de fondo. En caso de que el 22 se viviera un nuevo fiasco, la opción más probable en este momento, el bloque progresista del Constitucional se reunificaría inmediatamente, según fuentes del tribunal: los cinco magistrados están convencidos de que habría que aceptar la renovación parcial con los dos nombres propuestos por el Gobierno, porque no hacerlo implicaría un bloqueo indefinido y sobre todo permitiría que la insubordinación de un grupo del CGPJ condicionara toda la renovación. “Ante situaciones excepcionales hay que tomar decisiones excepcionales, no podemos mirar para otro lado y permitir una crisis constitucional sin hacer nada”, resume uno de los magistrados progresistas.

Sin embargo, tanto en el sector progresista como en el Gobierno se teme que el sector conservador del Constitucional esté dispuesto a extender de forma indefinida el bloqueo también en este tribunal. Ahí todas las miradas se vuelven sobre Trevijano. Precisamente él es uno de los que tendrían que ser renovado porque fue elegido hace nueve años por el Gobierno, entonces en manos del PP. No hay dudas de que es un hombre conservador, muy cercano al PP que lo eligió para este mandato. Pero en algunos sectores progresistas aún confían en que él podría desbloquear la situación si cambiara de opinión y se colocara con el ala progresista después del día 22, apostando por la renovación con el argumento de que no se puede permitir un bloqueo indefinido.

Eso cambiaría la mayoría con un 6-5 a favor de la renovación. Estos sectores que confían en ese movimiento apelan a un hecho reciente: Trevijano ha recibido fuertes presiones del PP, en público y en privado, para que promoviera la resolución de recursos a leyes importantes como el aborto o la propia reforma de la ley del Poder Judicial que limitó la capacidad de nombrar jueces de un CGPJ con mandato caducado. Trevijano aguantó esas presiones y ha mantenido el Constitucional sin tomar decisiones clave a la espera de esta renovación. Si se alarga la situación, el bloqueo puede ser total, porque a un CGPJ sin capacidad de renovar diversos organismos se sumaría un Constitucional incapaz de tomar decisiones relevantes, y todo por el bloqueo de ocho vocales cercanos al PP que se niegan a renovar.

Sin embargo, en otros sectores del bloque progresista y en el propio Gobierno temen que Trevijano no cambie de opinión y el bloqueo se haga definitivo en los dos organismos. En este grupo creen que el PP está logrando presionar y controlar a los dos bloques conservadores, tanto en el CGPJ como en el Constitucional, y se están preparando para un bloqueo largo en los dos órganos.

De fondo hay una cuestión muy relevante, admiten diversas fuentes judiciales: el movimiento de los conservadores para evitar que Cándido Conde-Pumpido sea el nuevo presidente del Constitucional. El sector conservador es consciente de que el nombramiento de dos magistrados en el cupo del Gobierno hará cambiar la mayoría a favor de los progresistas, de la misma manera que en 2013 la elección por parte de Mariano Rajoy de Trevijano y Enrique López, que luego dimitió por ser multado al conducir ebrio, cambió la mayoría a favor de los conservadores sin que nadie hablara entonces de “asalto de Mariano Rajoy al Constitucional”. Pero este sector cree que, si no puede evitar este cambio de mayorías —aunque de momento ha logrado retrasarlo seis meses, el tiempo que lleva Trevijano en funciones— al menos puede condicionar la elección del futuro presidente del Constitucional.

Derecho de veto

Por eso, explican diversas fuentes, el bloque conservador del CGPJ está intentando tener derecho de veto sobre el candidato progresista al Constitucional en el CGPJ. Porque cree que si el elegido fuera Pablo Lucas, en vez del que han propuesto ahora los progresistas, José Manuel Bandrés, este nunca votaría a Conde-Pumpido como presidente. Es algo que jamás se podrá explicar públicamente. Resulta impensable que se elija un candidato en función de a quién votaría como presidente, pero diversas fuentes coinciden en que esto es lo que está en el fondo de la extraña maniobra dilatoria de los conservadores, que rechazan la fórmula tradicional, esto es, que cada grupo propone un nombre, y plantean la posibilidad de poder elegir entre varios nombres también del otro sector.

La madeja se enreda, pues, cada vez más con el trasfondo de esa enorme capacidad de bloqueo que ha demostrado hasta ahora el PP y el sector conservador con tal de evitar lo que siempre ha sucedido con normalidad: el cambio de mayorías a favor de progresistas y conservadores alternativamente en función de los votos de los ciudadanos, como sucede de una u otra manera en casi todas las democracias occidentales.