Los partidos enfrían la reforma de la malversación

El próximo jueves, al terminar el pleno en el que el Gobierno logrará aprobar con holgura el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, el Congreso discutirá una proposición de ley conjunta del PSOE y Unidas Podemos que propone eliminar del Código Penal el delito de sedición y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados. La medida, que el Ejecutivo presenta como una necesidad para adaptarse a la legislación penal europea y también para facilitar la desinflamación del conflicto en Cataluña —porque los beneficiados directos serán los encausados del procés—, contará también con muchos apoyos de la mayoría progresista de la legislatura.

ERC aprovechó esa disposición para avanzar que intentaría también rebajar, en la fase de enmiendas, el delito de malversación —fundamental para terminar de aliviar la situación judicial de los líderes independentistas—, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abrió en un primer momento a estudiar ese aspecto. Esa posibilidad, sin embargo, se ha enfriado con los días, al mostrar abiertamente su rechazo y malestar con esa idea —que podría reducir las penas a los corruptos— casi todos los socios habituales del Ejecutivo, como Unidas Podemos, EH Bildu, el PDeCAT, Más País y el BNG. Hasta en ERC dudan ahora de su oportunidad, según admiten fuentes de este partido.

Después de que el pleno del jueves tome en consideración la proposición de ley para eliminar el delito de sedición, se pasará al trámite de enmiendas, primero a la totalidad y luego parciales. La idea es que ese cambio legal entre en vigor antes de fin de año. Hay urgencia. Y el Gobierno cuenta con una mayoría parlamentaria que lo apoya. No sucede igual con la hipotética reducción del castigo a la malversación.

ERC apuntó que podría registrar una propuesta al respecto en la fase de enmiendas parciales, pero todavía no se ha abierto el plazo y el partido sigue perfilando su redacción con su equipo jurídico. Ahora, vistas las objeciones avanzadas por muchos de sus aliados naturales en el Congreso, los republicanos independentistas catalanes no descartan ninguna salida: incluso la de no tramitar la enmienda o hacerlo en solitario asumiendo que los demás la boicotearán. En ERC sostienen que expertos juristas propuestos por ellos y otros propuestos por el PSOE llevan meses negociando las dos modificaciones legales, aunque dando una prioridad clara a la sedición.