Ocho vocales conservadores del Poder Judicial obligan a debatir en el pleno la reforma exprés de la sedición

Los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que conforman el núcleo duro del sector conservador han reactivado su choque con el Gobierno. Este grupo ha presentado este viernes un escrito que fuerza al presidente suplente, el progresista Rafael Mozo, a incluir en el orden del día del pleno del 24 de noviembre un punto para que el órgano acuerde reclamar al Ejecutivo que le consulte antes de reformar el delito de sedición, por el que fueron condenados Oriol Junqueras y otros ocho líderes independentistas a entre 9 y 13 años de cárcel. La propuesta para cambiar este delito en el Código Penal ha sido registrada por el PSOE y Unidas Podemos como proposición de ley, una fórmula exprés que elude la petición de informes a órganos como el CGPJ y el Consejo de Estado, pero los vocales conservadores sostienen que los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a informe de los Consejos de Justicia.

La petición de los vocales conservadores se debatirá en el pleno porque el reglamento del Consejo reconoce a los miembros del órgano su derecho “a formular propuestas escritas y a su inclusión en el orden del día de las reuniones del Consejo”. Es decir, si hay una petición oficial de que se incluya un tema en el orden del día de un pleno, el presidente está abocado a aceptarlo. No es la primera vez que los consejeros propuestos por el PP se enfrentan al Gobierno por reformas legales tramitadas por la vía rápida y fuerzan al pleno a pronunciarse sobre ellas. Por ejemplo: ya ocurrió en 2020 con la ley que vetó al órgano de gobierno de los jueces los nombramientos discrecionales cuando, como ahora, esté en funciones (tenía que haberse renovado en diciembre de 2018).

En aquella ocasión, la propuesta fue avalada por 16 votos a cinco, al adherirse a ella varios vocales progresistas. Pero en este caso, el choque surge cuando el CGPJ tiene pendiente desde el 13 de septiembre la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar, que no se ha llevado a cabo por las maniobras de estos ocho vocales en contra de esas votaciones, lo que mantiene bloqueada la renovación del órgano de garantías. La intención de los progresistas era realizar los nombramientos en el pleno de la semana que viene, pero los vocales propuestos por el PP lo han rechazado, alegando que el Supremo tiene todavía que decidir si suspende o mantiene en el cargo de presidente suplente al vocal Mozo, una decisión que el alto tribunal prevé tomar el día 23.

En el texto presentado este jueves, los ocho vocales piden al presidente que incluya en el orden del día del pleno un punto para que el CGPJ se pronuncie sobre la falta de petición de informe en la reforma del delito de sedición, y para que se debata si, a pesar de que el Ejecutivo no se lo ha reclamado, no sería oportuno que el pleno lo haga. En su escrito, los ocho consejeros (Nuria Díaz, José Antonio Ballestero, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Ángeles Carmona y Gerardo Martínez Tristán) esgrimen un dictamen de 2021 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que señala que “todo proyecto normativo susceptible de tener incidencia sobre el Poder Judicial y la independencia de los jueces, o sobre las garantías de acceso de los ciudadanos a la Justicia, debería ser sometido obligatoriamente al dictamen del Consejo de Justicia, antes de su deliberación por el parlamento”. Lo mismo subraya la Red Europea de Consejos de Justicia, en su informe de 2010-2011 sobre los Consejos de Justicia, señalan los vocales.

El escrito acaba reprochándole al Gobierno que no sea la primera vez que tramita reformas legislativas por la vía de urgencia. “Llama la atención que en reiteradas ocasiones nos encontramos con importantes reformas que afectan al Poder Judicial y que, en lugar de tramitarse como proyectos de ley por el Gobierno, son los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno los que presentan en el Congreso de los Diputados como proposiciones de ley, obviando así el trámite de informe preceptivo de este Consejo General del Poder Judicial de haberse tramitado de otra forma”, señalan, y advierten de que existen precedentes en este Consejo de emisión de informes sobre proposiciones de ley.