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LEY DE LIBERTAD SEXUAL
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El peligro de patrimonializar una ley

Las leyes con perspectiva feminista no pueden pensarse como el fruto de una guerra de género, sino de cómo queremos construir un futuro compartido

La ministra de Igualdad, Irene Montero, este miércoles.Foto: MARTA FERNÁNDEZ JARA (EUROPA PRESS) | Vídeo: EPV
Máriam Martínez-Bascuñán

El alud de testimonios que en los últimos años ha sacudido a la opinión pública ha servido para empezar a tomar conciencia de que nuestra sociedad amparaba la cultura de la violencia y el acoso sexual. Desde entonces y desde muchos ámbitos se han desafiado representaciones denigrantes de la mujer, se ha hablado del deseo femenino sin dominación y se han contestado estereotipos que negaban su autonomía y su subjetividad. Y sí: por fin se llegó al ámbito del derecho.

Sucedió entonces que uno de los problemas más viejos de la historia, la consideración de la mujer como un simple objeto para el placer masculino, se situó en la conciencia pública, para reivindicar, desde el derecho y la política, un tratamiento penal más ajustado y apropiado para la agresión sexual. “La decencia y la justicia elemental de nuestra sociedad dependen de que se sepa atender esa reivindicación”, escribe la pensadora Martha Nussbaum, en un libro, Ciudadelas de la soberbia, donde nos habla de las estructuras institucionales y jerarquías de poder en las que muchos hombres se parapetan para actuar con impunidad o no cambiar nada. Por supuesto que la mayoría no se comporta así, pero sí se beneficia de todo un sistema nocivo en el que las mujeres tienen sus derechos mermados. Por eso es fundamental conseguir su implicación en estos cambios y hacerlo con pedagogía.

Conocemos la reacción de temor e ira de muchos hombres ante los avances feministas, el peligro de la explosión de emociones punitivas que puede provocar el tono revanchista e incluso triunfalista utilizado en el proceso de elaboración o aprobación de una ley que sirve para hacernos mejores a todos. Conocemos el riesgo de complacernos en el castigo, de ensañarnos con el dolor retrospectivo antes que mirar con responsabilidad al futuro. Y sabemos que “la ley solo cumple su labor cuando la gente la entiende”, como señala Nussbaum. Los casos concretos tienen un papel fundamental en la creación y evolución de las mismas. Pero éstas deben representarnos a todos. Si una ley se identifica con tanta vehemencia con la figura de una Ministra, es normal que si tiene fallas, todas las críticas recaigan sobre ella. La ley está por encima de quien la impulsa porque, en el fondo, es la expresión de un proceso complejo de reconciliación. Entonces su eficacia es mayor. Por eso el método importa: la escucha, la pedagogía, la calma, la implicación del Parlamento y otros actores institucionales y políticos, el trabajo constructivo y el respeto. Todos estos elementos no casan bien con llamar machistas a los jueces cuando se ostenta un cargo gubernamental, o con pensar que cada crítica o enmienda constituye un ataque.

Los jueces están obligados a defender el principio de retroactividad favorable de las normas penales. Pero la revisión no supone una rebaja automática de las penas sin más: habrá que individualizar cada uno de los casos y valorar qué pena correspondería hoy con la nueva reconfiguración del delito. Porque no se trata solamente de una nueva pena para un delito que ya existía, sino de la formulación de un delito nuevo de agresión sexual que incluye abuso y agresión. Y de cara al futuro lo más importante es que todos entendamos que las leyes con perspectiva feminista no pueden pensarse como el fruto de una guerra de género, sino de cómo queremos construir un futuro compartido.

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