Una mayoría progresista holgada acelera para aprobar la reforma de la sedición este mes
La coalición de gobierno y sus socios suman ya 185 apoyos frente a los 154 rechazos de la derecha parlamentaria
PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos del Gobierno de coalición que impulsaron y presentaron el viernes en el registro del Congreso la proposición de ley para reformar el delito de sedición en el Código Penal, disponen de una mayoría progresista holgada en las Cortes para sacar adelante ese proyecto sin problemas. Y su objetivo es acelerar su tramitación al máximo, con los procedimientos de urgencia previstos para este tipo de iniciativas, con el fin de que entre a discusión y aprobación por un pleno de la Cámara baja incluso antes de que termine noviembre y, en cualquier caso, en este periodo de sesiones que acaba en Navidades. La reforma cuenta de entrada con el apoyo de al menos 185 diputados, prácticamente los mismos que han apoyado los tres últimos presupuestos y la mayoría de los 163 proyectos aprobados en lo que va de legislatura, y el rechazo frontal de los 154 de la derecha parlamentaria. Otros 10 diputados aún están en la indefinición de su voto, pero con posturas más bien críticas.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, especificó el viernes, tras registrar la propuesta con el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que la intención de esos dos partidos en el Ejecutivo es resolver la tramitación de este proyecto cuanto antes: sin dejar que acabe este periodo de sesiones en la tercera semana de diciembre. El objetivo es acelerar la proposición al máximo y por esa razón, para empezar, se optó por patrocinarla desde los grupos parlamentarios en vez de por parte del Ejecutivo; para evitarse pasos como los informes de algunos órganos consultivos.
La primera opción para apurar esa vía de urgencia la podrían intentar ambas formaciones el lunes, en la Junta de Portavoces prevista en el Congreso, pero en ese caso para variar el orden del día programado del siguiente pleno de la Cámara requerirían de una unanimidad de todos los partidos representados, lo que parece prácticamente imposible de conseguir. Lo normal es que se espere a la siguiente Junta y que tanto PSOE como UP utilicen sus cupos habituales de iniciativas para incluir este proyecto a discusión, algo que podría suceder incluso en el pleno del 24 de noviembre, que debe resolver la aprobación de las enmiendas parciales a los Presupuestos del Estado para 2023. Sería una coincidencia curiosa y algo más que simbólica, sobre todo ante las duras acusaciones de la oposición de derechas, PP, Vox y Ciudadanos, sobre que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cedido a esa pretensión sobre la supresión de la secesión de sus socios independentistas catalanes para asegurarse su respaldo a las Cuentas Públicas y continuar en La Moncloa.
La realidad parlamentaria, sin embargo, lleva semanas y meses advirtiendo de que en el Congreso existe a día de hoy una amplia mayoría progresista que cree oportuno suprimir del Código Penal el delito de sedición, por “desfasado y por importunar a la solución política del conflicto social que pervive en Cataluña”. Así subrayaron el viernes distintos portavoces políticos aliados del Ejecutivo y ese fue el argumento principal, por ejemplo, que destacó el representante del PNV, Aitor Esteban, que consideró “lógico” el cambio normativo, además de “positivo, bueno y obligado”, por entender que las penas vigentes hasta ahora en la actual tipificación eran “decimonónicas”. Esteban reseñó así una idea que refrendaron otros portavoces: “Desde el principio, este era un problema político y debería haberse abordado de otra forma”.
Los seis diputados del PNV votarán, por tanto, a favor de esa modificación legal, como lo harán los 13 de ERC, que llevan semanas negociando discretamente con el Gobierno central y el catalán lo que llaman la “desjudicialización del conflicto”. ERC, en un principio, mantenía unas posiciones de máximos con la eliminación total de la sedición, pero al final ha aceptado esta solución alternativa en la que se rebajan esas penas de 15 a cinco años dentro del nuevo delito de “desórdenes públicos agravados”. ERC desliga oficial y formalmente las conversaciones sobre este asunto dentro de la llamada mesa de diálogo entre los dos ejecutivos de las negociaciones también en marcha estos días para ratificar los Presupuestos del Estado para 2023, frente a las acusaciones de la oposición.
Al apoyo del PNV y ERC se sumará también el del BNG, los tres parlamentarios de Más País y Compromís, y los cinco de EH Bildu. El diputado abertzale Jon Iñarritu destacó el viernes el argumento de que España “tiene uno de los sistemas penales más severos de la Unión Europea y esta modificación lo homologa un poco más a otros Estados europeos”. Añadió que el presidente Sánchez cumple con el calendario y el programa que tenía previsto y que “todo lo que vaya en la vía de desjudicializar un conflicto político va en la buena dirección” frente “al derecho aplicado a martillazos”.
“Voluntad y coraje político”
Ferran Bel, el portavoz de los cuatro parlamentarios del PDeCAT, lleva un tiempo avanzando que en el Congreso “existe desde el principio de la legislatura [mínimo 187: PSOE, UP, ERC, Bildu, PNV, Junts y PDeCAT]” una mayoría para cambiar ese delito y reclamando “voluntad y coraje político” como se ha hecho para crear nuevos impuestos a los ricos “en pocas semanas”.
Los 154 diputados que con seguridad votarán no a este proyecto serán los del PP, Vox, Ciudadanos, el de Foro Asturias, los dos que salieron elegidos y ahora son tránsfugas de Navarra Suma y otro de Cs. Otros 10 parlamentarios están aún en la indefinición, pero muy crítica, lo que anuncia un más que probable voto negativo. Por un lado, estarían los dos de Coalición Canaria, el del Partido Regionalista de Cantabria y el de Teruel Existe, y, por otras razones, los dos de la CUP y los cuatro de JuntsxCAT. En la CUP aún están estudiando jurídicamente el texto de la nueva propuesta y les sigue pareciendo insuficiente y una mala noticia para más de 4.000 separatistas que mantienen procesos judiciales abiertos. Junts, pendiente también de su ejecutiva, considera que en 2017 no se produjo ningún delito y adelantan que en cualquier caso “ningún partido político catalán, democrático e independentista” debería aceptar esta alternativa.
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