Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado: “La justicia no pertenece a los jueces, emana del pueblo”

Fue el fiscal más votado de toda la carrera para el Consejo Fiscal en 2018 (956 votos de 2.850 posibles) pese a pertenecer a la Unión Progresista de Fiscales, asociación minoritaria. Dolores Delgado, la anterior fiscal general, lo nombró jefe de la Secretaría General Técnica, y recomendó su ascenso. Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 54 años) llega ahora a lo más alto de la carrera fiscal con larga experiencia en temas de medio ambiente. En su papel como acusador en el juicio por el hundimiento del petrolero Prestige, García Ortiz exculpó al Gobierno del PP, lo que le valió la crítica de una parte de la izquierda. Ahora, la derecha lo acusa de lo contrario.

Pregunta. Usted defiende que la instrucción pase de los jueces a los fiscales, pero el Gobierno ha metido en un cajón esa reforma legal. ¿Le decepciona?

Respuesta. No me consta que el Gobierno haya metido el anteproyecto en ningún cajón. Los fiscales llevamos 40 años esperando una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que nos dé la investigación, que nos ponga a la altura de Europa y que evite esta anomalía que tenemos respecto de los otros países... De lo que yo tengo conocimiento es de que el Consejo General del Poder Judicial no ha realizado todavía su informe. La Fiscalía lo hizo hace ya más de un año. Y sin esos trámites es difícil que la ley vaya al Parlamento…

P. ¿Tiene opinión como fiscal general sobre la situación en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial?

R. Es insostenible. Una institución del Estado que lleva cuatro años en prórroga es una situación absolutamente anormal. Creo que lo que está ocurriendo es un incumplimiento de una obligación institucional.

[Sobre el CGPJ] Una institución del Estado que lleva cuatro años en prórroga es una situación absolutamente anormal.

P. ¿Quién incumple?

R. Incumple quien no negocia, incumple quien ha iniciado un procedimiento hace cuatro años que está en marcha pero no se está cumpliendo. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo dictó un decreto, lo envió a las cámaras con la elección de 51 jueces previamente seleccionados por los otros jueces [para que se eligieran a los 12 vocales]. No es lo mismo la responsabilidad de quien, negociando un nombre, no llega a un acuerdo que la de quien no se quiere sentar a negociar.

P. El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha visitado esta semana al poder político y judicial en España para intentar que se renueve el Consejo del Poder Judicial y se cambie el sistema de elección de los 12 vocales jueces. ¿Qué le parece este intento del comisario de imponer un modelo distinto de Poder Judicial?

R. La palabra imposición es una palabra muy fuerte. No tiene capacidad el comisario europeo, como no la tiene ningún Ejecutivo. Nosotros tenemos unas leyes, que se elaboran a través del Parlamento. Una institución europea no puede imponer estándares que existen para unos países de Europa y para otros no. No todos los países tienen Consejo General del Poder Judicial ni todos tienen las mismas competencias que el nuestro. Lo que tengo muy claro es que la justicia no pertenece a los jueces; la justicia nos pertenece a todos, emana del pueblo y, por lo tanto, alguna simplificación respecto a que los jueces eligen jueces no es más que acotar una situación que no se corresponde con la realidad. Si queremos cambiar el modelo, se puede cambiar, se puede discutir, se lleva al Parlamento, que es el lugar donde hay que discutir qué modelo queremos. Y, sobre esa base, llegar a conclusiones. Pero esa frase de que los jueces eligen jueces quizás es un poco plana. ¿Por qué solo los jueces? Si la justicia somos todos y los fiscales estamos incardinados en el Poder Judicial, porque estamos constitucionalmente allí…, ¿por qué los fiscales no podemos elegir el Consejo General del Poder Judicial? Si lo que hace el Consejo afecta a todos los ciudadanos porque dice a qué juez debes acudir, qué pasa con las guardias, qué ocurre con los señalamientos, ¿por qué no pueden participar los ciudadanos también en esa organización? En ese Poder Judicial que, no tenemos que olvidarlo, no emana de los jueces, emana del pueblo como todos los poderes del Estado.

P. ¿Considera razonable el modelo vigente?

R. El modelo está vigente desde la modificación de 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ha pasado por el filtro del Constitucional y nos lleva rigiendo todos estos años. No me suscita ninguna duda jurídica. ¿Dudas de otro tipo? Las que cualquier ciudadano o cualquier jurista pueda tener: que es un sistema, como todos, mejorable, pero desde luego impecable jurídica y constitucionalmente, acomodado al texto de nuestra Carta Magna.

P. Antes de tomar posesión como fiscal general, algunos medios como el diario Abc o la cadena Cope lo recibieron con algunas acusaciones gruesas. Abc contó que se había reunido en un hotel con el dueño de un banco andorrano que mantiene un litigio con el Gobierno de Mariano Rajoy. Y la Cope lo acusó de actuar contra el Ejecutivo del PP en el caso Prestige, donde intervino como fiscal. Todo era mentira. ¿Cómo combate eso?

R. En el caso de la portada de Abc, se ha puesto en manos de la Abogacía del Estado; y en otros casos yo creo que lo que hay que hacer es un llamamiento a toda la sociedad, no solo a los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que todos seamos conscientes de que tenemos que preservar las instituciones democráticas. Si el ataque es contra las instituciones democráticas, vamos a destrozar esta democracia y vamos a destrozar la convivencia. Nos corresponde a quienes ahora mismo tenemos la responsabilidad mantener la calma, ser sensatos, pero desde luego preservar con la mayor firmeza posible nuestras instituciones. Todos esos bulos, todas esas mentiras que a veces transitan por la red o ves en las portadas de algún medio, lo único que hacen es socavar nuestras instituciones, y es muy peligroso.

El ascenso de Dolores Delgado no es ningún premio, es un merecimiento

P. ¿Es comprensible que la Fiscalía defienda la condena al expresidente andaluz José Antonio Griñán con el argumento de que tuvo que conocer el fraude en las ayudas de los ERE que concedía otra consejería distinta de la suya y, mientras tanto, pida el archivo de la causa contra la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que presidía tres órganos donde la propia Fiscalía ha apreciado corrupción pero entiende que no lo conoció la exdirigente del PP?

R. No existen dos supuestos iguales. Habría que entrar a cada uno de los procedimientos para dar una explicación sobre cuál es uno y cuál es otro. Una entrevista no da lugar a ello. Pero mucho menos para que el fiscal general se convierta en un comentarista.

P. ¿Qué informará la Fiscalía sobre el indulto a Griñán?

R. Cuando lo tengamos encima de la mesa, cuando analicemos qué es lo que viene y cómo viene, se tomará una decisión. No hay un a priori en ningún caso. Se tomará una decisión en la Fiscalía, que normalmente tomarán los fiscales que han participado y han sido parte en esa causa.

P. La Fiscalía archivó las tres investigaciones abiertas a Juan Carlos I, tras un análisis en el que participaron siete fiscales, entre ellos usted mismo, donde había dudas respecto a si la inviolabilidad del Rey que recoge la Constitución lo protegía en sus actos privados. No sé si ahora, como fiscal general del Estado, es capaz de emitir una opinión respecto a si la inviolabilidad protege o no a un monarca en sus actos privados.

R. Quiero aclarar cómo se produce el proceso de decisión en el tema del rey emérito. La Fiscalía, y hay que ponerlo en valor, hizo un extraordinario trabajo de investigación y también una reflexión sobre cuál era el resultado de esa investigación. Se puso sobre el papel y se entregó a la opinión pública. Es decir, todos los españoles tuvieron acceso a conocer qué había pasado y cuál era la opinión jurídica de la Fiscalía. En ese caso, sujeto siempre al marco legal existente, no lo olvidemos: al marco legal existente. A partir de ahí, cada uno puede tener su opinión dentro de la propia Fiscalía, siendo la dirección de la investigación primero del fiscal Juan Ignacio Campos y después de Alejandro Luzón. Lo más natural es que haya debates de naturaleza jurídica y nos lo planteemos absolutamente todo, porque el fiscal, el jurista, debe completar todos aquellos huecos de razonamiento jurídico que sean necesarios para llegar a la mejor posible de las soluciones jurídicas. Y yo creo que eso es lo que se hizo. Nuestro marco legal, nuestro marco jurídico, es el que hoy se puede someter a debate, si debemos cambiarlo o no debemos cambiarlo. Pero yo creo que la Fiscalía ya expresó cuál era su opinión en ese caso.

Ningún fiscal de este país se opone a que haya filtros para ser fiscal general

P. Si un rey de España matara a su jardinero, ¿se lo podría juzgar?

R. El debate sobre la inviolabilidad de actos privados del Rey se debe poner sobre la mesa sin ningún tipo de duda. Pero yo me quedo con la decisión que tomó la Fiscalía en su momento. No me quiero mover de ahí. Entiendo que es un debate sano y que en democracia se pueden plantear todos los debates. Y es un debate que debe resolver la sociedad española, pero debemos resolverlo.

P. ¿Debería prohibirse por ley que pueda ser fiscal general alguien que ha sido diputado o cargo del partido del Gobierno?

R. Deberíamos hacer una reflexión sobre eso. Y si llegamos a la conclusión de que es bueno que existan esos filtros, los introduce el legislador en la ley y el fiscal o la fiscal general del Estado que sea elegido o elegida por el Ejecutivo deberá cumplir esos requisitos. Es importante también saber que en el mundo no hay un modelo único de fiscal general. En algunos sitios, es el propio ministro de Justicia y, en otros, tiene vinculación absoluta con el Ejecutivo. Por lo tanto, como no hay un modelo, tendremos que adaptar nuestra sociedad y lo que somos a la Fiscalía que queremos. No podemos dejarnos guiar por el hoy y el ahora, pero hagamos esa reflexión. No creo que ningún fiscal de este país se oponga a que haya filtros para el acceso a la Fiscalía General del Estado.

P. ¿Por qué decidió premiar para la Jefatura de la Fiscalía de lo Militar en el Tribunal Supremo a la ex fiscal general Dolores Delgado pese a que contó con más votos en contra que a favor?

R. La palabra premiar ya lleva una carga sobre la decisión tomada. En primer lugar, hay que decir que el currículum como fiscal de Dolores Delgado, sin ningún tipo de dudas, es el mejor currículum para acceder a la plaza. Ese es el presupuesto. En segundo lugar, el Consejo Fiscal es un órgano consultivo informante. Si el fiscal general del Estado tuviera que seguir siempre las indicaciones de la mayoría del Consejo Fiscal, con una mayoría de una asociación, siempre se nombrarían a criterio de esa asociación los cargos discrecionales. No existiría la discrecionalidad del fiscal general del Estado y sería el Consejo Fiscal el que hiciera los nombramientos. No es ese el modelo. No es el modelo que ha pretendido el legislador ni es nuestro modelo constitucional. En todo caso, teniendo el mejor currículum como fiscal, si le añadimos su currículum como ministra y su trabajo como fiscal general, no me cabe absolutamente ninguna duda: no es ningún premio, es un merecimiento profesional.

El comisario no tiene poder para imponer un modelo distinto de elección

P. Después de renunciar por motivos de salud a la Fiscalía General, ¿no cree que se puede pensar que Dolores Delgado lo hizo para garantizarse esta plaza en el Supremo, dado que si continuaba en el cargo y llegaba el PP al poder, ella nunca accedería a esa plaza?

R. Quien diga eso está negando la evidencia de una grave enfermedad que tiene la ex fiscal general. Poco más hay que decir. Este es otro de esos bulos que debemos combatir.

P. Lo acusan de maniobrar para impedir que el fiscal Ignacio Stampa ganara una plaza en Anticorrupción para continuar al frente de la investigación del caso Villarejo, retrasando la conclusión de un expediente que terminó con la exculpación de Stampa. ¿Se arrepiente de algo?

R. Todo el mundo ha podido ver mi participación y ha podido opinar sobre ella. Yo creo que cualquier sombra de duda de lo que allí pasó se despeja viendo el resultado final, que es muy sencillo. La atribución de determinados comportamientos viene determinada por premiar o por castigar la conducta de una persona en relación con un caso concreto. Y el resultado final es que la Fiscalía le pide nada menos que más de 80 años de prisión a esa persona supuestamente favorecida [el comisario Villarejo]. Esa es la realidad de los hechos. Todo lo que ha ocurrido antes es una construcción sobre unos hechos cuyo resultado final es absolutamente inapelable.

P. ¿Por qué pone al frente de la Acción Disciplinaria al fiscal Manuel Moix, que dimitió en 2017 como jefe de Anticorrupción tras conocerse su sociedad en un paraíso fiscal?

R. A la plaza se presentaron dos fiscales de sala y, entre ellos, sin duda por su acreditada capacitación en [la jusrisdicción] contencioso administrativa y experiencia en la jefatura de Madrid, era el perfil más adecuado. Además, es no asociado, lo que supone despejar cualquier apariencia de parcialidad en un puesto tan singular como este.