Otras renovaciones que dieron un vuelco a la mayoría del Constitucional
El último nombramiento de magistrados por parte del Ejecutivo, bajo el Gobierno de Rajoy, supuso que los conservadores pasaran a controlar el órgano
El PP ha acusado en las últimas semanas al Gobierno de “lanzarse al control” del Tribunal Constitucional por querer nombrar cuanto antes a los cuatro magistrados cuyo mandato caducó el 12 de junio. Esa renovación implicaría ciertamente un vuelco en la actual mayoría del tribunal de garantías: de los seis magistrados conservadores (eran siete, pero Alfredo Montoya Melgar renunció por enfermedad en julio) frente a cinco progresistas que hay en la actualidad, se pasaría, previsiblemente, a siete progresistas y cuatro conservadores. Quedaría, además, pendiente la sustitución de Montoya, que corresponde al Senado y exige un acuerdo de PSOE y PP. Pero el cambio de mayorías en el Constitucional, sobre todo tras las renovaciones de los magistrados que corresponden al Ejecutivo, es una consecuencia derivada de la aplicación de la Constitución, y hay varios precedentes en las últimas décadas, algunos de ellos bajo gobiernos del PP.
La Constitución establece que los magistrados se renuevan por tercios (cuatro magistrados) cada tres años. Los cuatro magistrados que según la Ley Fundamental le corresponden al Congreso fueron renovados el 17 de noviembre. Antes, en marzo de 2017, ingresaron los cuatro magistrados propuestos por el Senado. El 12 de junio expiraron los mandatos del tercio correspondiente al Gobierno (dos) y al Consejo del Poder Judicial (dos). Estos son los cuatro que ahora hay que sustituir y cuya designación ha levantado una polvareda política y jurídica.
La última vez que cambiaron los magistrados del Constitucional designados por el Gobierno fue en 2013, bajo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Entonces, el Ejecutivo designó a sus dos magistrados (Pedro González-Trevijano, actual presidente, y Enrique López, actual consejero de Madrid y hasta hace unos meses portavoz de Justicia de los populares) y el CGPJ nombró a los suyos (el progresista Juan Antonio Xiol y el conservador Santiago Martínez Vares). La falta de acuerdo entre los vocales del Consejo obligó a retrasar el nombramiento, aunque finalmente consensuaron dos nombres que, unidos a los dos candidatos elegidos por el Gobierno de Rajoy, posibilitaron por primera vez en una década una mayoría conservadora en el tribunal de garantías.
Algo similar había sucedido nueve años antes, en 2004: el PP perdió las elecciones en marzo, pero seguía en funciones en abril, cuando tocaba renovar el Constitucional y el Gobierno tenía que nombrar a sus dos miembros. Aznar aceptó que ese nombramiento no lo podía hacer un Ejecutivo en funciones y las designaciones se pararon hasta junio, cuando las aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El CGPJ sí votó a sus candidatos en abril, pero el relevo no se consumó hasta que el Consejo de Ministros aprobó los del Ejecutivo.
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