Lesmes inaugura el año judicial más turbulento

Los magistrados del Tribunal Supremo han asistido en los últimos meses con estupefacción a los intentos fallidos de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado desde hace casi cuatro años. Con más o menos escepticismo en cada tentativa, en el alto tribunal se había asumido que el curso 2021/2022 discurriría en su mayoría sin renovación ―y, por tanto, sin poder cubrir las vacantes generadas en cuatro de sus cinco salas por la imposibilidad del Consejo de hacer nombramientos mientras siga con el mandato vencido―, pero no querían ni plantearse la posibilidad de que el 2022/2023 se afrontara en esa situación. La fecha límite era este miércoles, cuando el Supremo acoge la apertura del año judicial, presidida por el Rey y que cada septiembre marca el inicio oficial del curso jurídico. Pero la cita, en vez de llegar con un acuerdo que celebrar, se presenta en el peor momento posible: con las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ rotas y la tensión disparada por las maniobras de un sector del bloque conservador del Consejo para hacer fracasar otra renovación pendiente, la del Tribunal Constitucional.

La solemnidad del acto, con el despliegue de togas y autoridades en el imponente Salón de Plenos del antiguo palacio de las Salesas, se ve empañada desde hace ya tres años por un ambiente enrarecido fruto de la interinidad del órgano judicial de los jueces. Este será el cuarto discurso que Carlos Lesmes, presidente del Consejo y del Supremo, pronuncie con el mandato expirado, pero nunca hasta ahora se había enfrentado a un ambiente tan turbulento. Él mismo se encargó de recalcarlo el lunes, en una improvisada rueda de prensa en la que intentó devolver a los partidos y a sus propios compañeros del Consejo la presión que estos han ejercido sobre él en los últimos días, unos para que saque adelante los nombramientos de dos magistrados del Constitucional que corresponden al CGPJ y otros, para que no lo haga.

El pleno para votar esos nombramientos se celebra el jueves y nadie se atreve a vaticinar un resultado, aunque cada vez está más extendida entre los vocales la sensación de que hará falta, como mínimo, una segunda sesión para alcanzar un acuerdo. Las palabras de Lesmes el lunes irrumpieron en medio de las conversaciones de los miembros del Consejo para preparar esa votación y, según vocales consultados, van a jugar un papel importante. En el bloque progresista, donde escasean los lesmistas, se elogia en general su firmeza para apostar por la designación de los magistrados del Constitucional, aunque hay coincidencia de que lo contrario no era una opción realista porque habría sido un suicidio. Entre los conservadores, hay disparidad de interpretaciones, pero casi todos los consultados ponen alguna pega a las palabras de Lesmes: unos creen que exhibió enfado en exceso y eso lo debilita; para otros, más críticos, sucumbió a un calentón impropio de él y cometió “errores”. A algunos vocales de este grupo les ha molestado que el presidente afirmase que el Consejo “no se va a declarar en rebeldía”, en el sentido de que va a cumplir la ley que le obliga a elegir a dos magistrados del Constitucional. “Si todo lo que no sea seguir su criterio es rebeldía, mal vamos”, avisa un consejero conservador.

Las palabras de Lesmes del lunes fueron un avance de las que pronunciará en la apertura del año judicial, donde volverá a exigir la renovación del órgano de gobierno de los jueces y reprochará al Gobierno que haya impulsado la reforma legal que devuelve al Consejo las competencias para nombrar a magistrados del Constitucional, pero mantenga el veto para los del Supremo, que tiene ya 14 de sus 79 plazas vacantes.

El Ejecutivo no contempla la “hipótesis” de que el CGPJ incumpla con su obligación y eluda designar a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponden. Fuentes gubernamentales consideran que Lesmes realizó “un ejercicio de sensatez” con las declaraciones del lunes y valoran su disposición a resolver la parálisis en el Constitucional, que tendría que haber nombrado a cuatro magistrados nuevos ―dos elegidos por el Gobierno y dos por el Consejo del Poder Judicial― antes del 12 de junio. La previsión del Ejecutivo es nombrar los dos magistrados que le corresponden en tiempo y forma, aunque está abierto a cierta flexibilidad. La fecha tope expira el 13 de septiembre ―límite que se incluyó en la reforma que el Congreso aprobó en julio y permite al CGPJ hacer nombramientos solo para el Constitucional―, y las fuentes consultadas contemplan que la víspera, o ese mismo día, el Poder Judicial pueda alcanzar un acuerdo y elegir a los dos representantes que le toca en el Constitucional. Esta decisión podría coincidir con el día 13, martes, el día que se suelen celebrar los Consejos de Ministros, por lo que puede ser que para entonces no haya acuerdo. En ese caso, el Gobierno podría esperar a una solución en el Poder Judicial y retrasar sus nombramientos al Consejo de Ministros del 20 de septiembre.