Anticorrupción pide al juez que investigue al PP tras la difusión de los audios entre Villarejo y Cospedal
La Fiscalía solicita abrir una pieza vinculada al ‘caso Kitchen’ después de que EL PAÍS publicara las conversaciones
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a Manuel García-Castellón, juez instructor del caso Kitchen, que abra una pieza vinculada a este procedimiento para investigar si miembros del PP intervinieron en la operación policial presuntamente ordenada desde el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz para obstaculizar la investigación de la financiación ilegal del partido y robar pruebas que pudieran incriminar a sus dirigentes. El juez procesó al ministro Fernández Díaz; a su número dos, Francisco Martínez, y a media docena de comisarios, entre ellos José Manuel Villarejo, por las operaciones de espionaje a la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas entre junio de 2013 y junio de 2015; en esos años la Audiencia Nacional investigaba la financiación ilegal del PP durante casi dos décadas a través de donaciones ilegales de grandes cantidades de dinero por parte de constructores y contratistas de la Administración pública. Sin embargo, el juez archivó el procedimiento contra Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, al entender que las conversaciones con el comisario Villarejo incorporadas al sumario (del verano de 2009, cuando acababa de estallar el caso Gürtel y nada se sabía de la contabilidad secreta del PP) estaban muy alejadas en el tiempo de la puesta en marcha de la Operación Kitchen (junio de 2013) para destruir pruebas de la financiación ilegal de la formación conservadora.
EL PAÍS hizo públicas en mayo pasado algunas de las conversaciones grabadas por Villarejo en el primer semestre de 2013 con Dolores de Cospedal; en ellas, ambos hablaban de cómo obstaculizar la investigación sobre los papeles de Bárcenas (la contabilidad b del PP), censurando informes policiales o intentando cambiar de puesto a policías que investigaban el caso.
A raíz de la publicación de esos audios secretos, pertenecientes a grabaciones incautadas al comisario Villarejo en una de sus viviendas, la acusación particular que el PSOE ejerce en el caso Kitchen presentó un escrito en el juzgado de García-Castellón en el que pedía reabrir la investigación de Kitchen, la pieza número 7 del procedimiento denominado caso Tándem sobre las andanzas delictivas de Villarejo durante más de 20 años. Ahora la Fiscalía plantea una variante a la petición de la acusación particular: la apertura de una nueva pieza separada, pero vinculada a la que cerró el juez en el auto de procesamiento de Kitchen, según ha adelantado este martes El Confidencial y ha confirmado EL PAÍS.
La acusación particular socialista mantiene en su escrito que las grabaciones en las que la entonces secretaria general del PP afirma que “lo de la libretita” sería mejor “poderlo parar” (en referencia a los cuadernos de Bárcenas que aún no habían sido publicados por EL PAÍS) o propone “laminar” al extesorero del PP “ponen de manifiesto la participación de la señora Cospedal en la denominada Operación Kitchen”.
“Cospedal”, señala el escrito del PSOE, “da indicaciones de lo que se debería hacer y se le informa [por parte de Villarejo] de las gestiones que se realizan tanto con la prensa como con la unidad policial adscrita al juzgado para que desaparezcan nombres y párrafos de los informes”. Las conversaciones publicadas en EL PAÍS y en el diario digital Fuentes Informadas, según la acusación particular, “aportan nuevos indicios que contradicen la limitación de la trama delictiva al Ministerio del Interior, y, cual mancha de aceite, se extienden al Partido Popular en la persona de su secretaria general”.
Uno de los interlocutores habituales del comisario Villarejo para la Operación Kitchen fue el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, procesado en este caso. El que fue número dos del Ministerio del Interior explicó al juez cómo se puso en marcha la operación para espiar a Bárcenas y su familia. El 1 de agosto de 2013, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció ante el pleno del Congreso y admitió que se equivocó al confiar en Luis Bárcenas.
“[Rajoy] dijo que [Bárcenas] tenía cuentas en el extranjero, pero que no tenía nada que ver con el partido ni con nadie del partido. Y que se iba a llegar hasta el final, a esclarecer todos estos hechos”, explicó Martínez al juez. Según su versión, tras la declaración parlamentaria de Rajoy se produjo una reunión al más alto nivel —”a nivel del Consejo de Ministros o del Gobierno”— y se planteó que había que conseguir “todo lo que pruebe las responsabilidades penales individuales” de Bárcenas. Martínez añadía que todo se hizo respetando la ley y aseguraba que si hubieran descubierto algo relevante lo hubieran puesto en conocimiento del juez, cosa que no ocurrió.
