La principal organización de periodistas de España denuncia que la nueva ley de secretos resucita la censura

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) considera que el anteproyecto de ley de Información Clasificada, que sustituye a la ley franquista de Secretos Oficiales, resucita la censura al limitar la libertad de expresión y el derecho a la información “bajo la justificación de la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional”, según comunicado que ha hecho público este jueves. La FAPE, que representa a más de 17.000 periodistas de toda España, ha expresado su “sorpresa y rechazo” ante la decisión del Gobierno de dar trámite de urgencia al proyecto, evitando someterlo a consulta pública y limitándose a un periodo de información pública de solo siete días hábiles, entre el 3 y el 12 de agosto, en pleno periodo vacacional, sin ningún motivo que lo justifique cuando la reforma lleva ya 45 años pendiente.

Pese a ello, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la FAPE ha presentado un conjunto de alegaciones al texto en el que, entre otras cosas, rechaza que se obligue a los periodistas a guardar reserva sobre cualquier información confidencial o restringida a la que tengan acceso en el ejercicio de su profesión y que se sancione su publicación por cualquier medio de comunicación. Para la FAPE, “no cabe concebir como conocimiento indebido de información clasificada el que resulte de las investigaciones periodísticas”, por lo que no resulta aceptable que se sancione por publicarla ni que se obligue a entregarla a un funcionario público.

Al amparo de esta norma, advierte la FAPE, “basta a la Administración con calificar cualquier informe o información correspondiente a su actuación como confidencial o restringida para impedir o penar cualquier información que se refiera al funcionamiento del sector público”. Además, lo que a su juicio es más grave, la competencia para clasificar documentos es delegable, lo que permite crear “una cohorte de funcionarios que decidirán, en prácticamente todas las actividades de la vida pública, qué es lo que pueda causar una amenaza o perjuicio leve para los intereses de España o pueda ser contrario a los mismos. Hasta ahora dicho concepto se denominaba censura”, apostilla.

La FAPE concluye que el texto que el Gobierno se propone remitir al Congreso después del verano supone “tanto una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz, como al también derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos”, sin más límites que los que fija la Constitución: la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

La federación, que agrupa a 50 asociaciones de la prensa de toda España y tiene otras 16 organizaciones vinculadas, “rechaza de plano que se impida o recorte tanto el acceso a la información como su publicación, estableciendo graves sanciones [de hasta tres millones de euros] para quien la contravenga, en lugar de recordar la obligación de la Administración de informar a los ciudadanos sobre el desarrollo de las políticas del Estado o el funcionamiento del sector público, las negociaciones políticas o comerciales de España con otros estados, los intereses económicos e industriales o la prevención, detección e investigación de delitos”; materias todas ellas que la ley permite clasificar como confidenciales o reservadas y castigar su publicación.

“No hay ninguna causa que justifique la tramitación del anteproyecto de ley por el trámite de urgencia”, concluye la principal organización de periodistas de España. “Toda norma que afecte a derechos constitucionales, máxime si supone la limitación de tales derechos, debe contar con la participación ciudadana y de sus organizaciones a través del procedimiento legalmente regulado”, que no se puede sustituir por un periodo de siete días hábiles de información pública en pleno agosto. “Omitir dicho trámite por la vía de la tramitación urgente supone de entrada una censura a la opinión de la ciudadanía, concepto que impregna el contenido del anteproyecto de ley”, concluye.

Por su parte, fuentes del Ministerio de la Presidencia aseguran que la tramitación del anteproyecto en agosto responde a la voluntad de cumplir el compromiso de remitirlo a las Cortes este año y que “no hay contradicción entre la seguridad del Estado y los derechos constitucionales” a la libertad de expresión y el derecho a la información. Tras calificar el texto de “garantista y homologable a las democracias más avanzadas de la UE y la OTAN”, subrayan que su régimen sancionador ya estaba contemplado, aunque de manera más sucinta, en la ley vigente, sin que hasta ahora se haya sancionado a ningún periodista “por aplicación de la jurisprudencia constitucional”.

“Estamos convencidos de que la FAPE quedará satisfecha con las debidas explicaciones que recibirá como respuesta a sus alegaciones. En todo caso, seguiremos abiertos a intercambiar criterios y propuestas a lo largo de la tramitación administrativa y parlamentaria”, concluyen las mismas fuentes.