El voto a Enrique Arnaldo para el Constitucional pone a prueba a la izquierda en el Congreso

El perfil ideológico y profesional plagado de incompatibilidades de Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos propuestos por el PP para las cuatro vacantes pendientes en el Tribunal Constitucional, ha puesto en un auténtico brete político a los dos grandes partidos de la izquierda en España: el PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno.

La votación de mañana en el pleno del Congreso de los Diputados para refrendar a los cuatro aspirantes —Arnaldo y Concepción Espejel por el PP, y Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán, la propuesta de los dos partidos aliados en el Ejecutivo— obligará a los diputados a pronunciarse. El voto será individual, secreto y telemático. Las direcciones de los grupos parlamentarios del PP, el PSOE y Podemos aseguran que el pacto “de la nariz tapada”, en expresión utilizada este martes por el diputado socialista Odón Elorza, se cumplirá, y los cuatro candidatos negociados serán refrendados. Esos tres grupos suman 243 escaños y se necesitan 210 para culminar la operación.

En el debate del pleno del Congreso de este jueves no intervendrán ni el socialista Odón Elorza ni el parlamentario de Unidas Podemos Txema Guijarro, quienes sí lo hicieron la semana pasada en el paso previo para convalidar esas propuestas en la Comisión de Nombramientos. Y no será por casualidad. En aquella sesión el portavoz socialista en el debate, Odón Elorza, se mostró extremadamente crítico con la trayectoria política y profesional de Arnaldo.

Elorza recuperó 331 artículos y autoentrevistas de Arnaldo publicadas en el medio digital El Imparcial contra el actual Ejecutivo y contra el del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. También recordó las más de 150 participaciones del aspirante en foros y debates organizados por FAES, la principal fundación de los populares, que preside José María Aznar, y sus labores de asesoramiento retribuido en diversas administraciones públicas, algo que está literalmente prohibido en el artículo 62.k del Estatuto que regula, entre otras, las incompatibilidades de los letrados del Congreso. Arnaldo aprobó la oposición de letrado de las Cortes en 1986, pero al menos desde 2002 solicitó la dedicación a tiempo parcial para poder impartir clases tanto en universidades públicas (la Rey Juan Carlos) como privadas (la Cardenal Cisneros). También lo hizo para trabajar en asesoría jurídica, para lo que fue contratado por gobiernos autonómicos y municipales, fundamentalmente de la formación conservadora, a través de dos bufetes de los que es socio: Estudios Jurídicos y Procesales y Estudio Jurídico Balbuena, donde empleó a su hijo.

En la comisión de la semana pasada, Elorza quiso evidenciar que el aspirante del PP levantaba unas “expectativas razonables de existencia de perturbaciones externas para hacer con honestidad su trabajo”. Y concluyó sobre lo que considera falta de idoneidad del candidato para el cargo: “Tengo la percepción de que le puede resultar difícil ser independiente e imparcial”. Elorza apoyó al final, como hizo su grupo, y también Unidas Podemos y el PP, ratificar en bloque con voto público y ponderado a los cuatro candidatos negociados en secreto entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general popular, Teodoro García Egea.

La presidencia de la comisión constató así que la iniciativa había sido respaldada por 242 síes, 12 abstenciones y ningún voto en contra. Pero en la votación no participaron muchos grupos parlamentarios y varios diputados se ausentaron para no avalar con su presencia lo que tildaron de “teatrillo” y “paripé” del bipartidismo.

Elorza ya no intervendrá como portavoz en el pleno de este jueves, ni tampoco lo hará Guijarro, de Podemos. La dirección del PSOE asegura que no se le ha apartado y que su portavoz en ese tipo de sesiones es el máximo responsable del grupo, en este caso Héctor Gómez, que mañana delegará la posición en Francisco Aranda, que normalmente es portavoz en la comisión de Justicia. Elorza reconoció este martes en una entrevista en la Cadena SER que su intervención crítica de la semana pasada no ha sido considerada “conveniente” por su partido, reveló que así se lo habían hecho saber y criticó que no ve lógico haber sido relevado.

Y remachó una opinión personal sobre el candidato del PP que asegura que comparten otros parlamentarios de izquierdas en la Cámara: “Arnaldo no reúne las condiciones de ejemplaridad. Muchos votarán o votaremos con una pinza en la nariz”. Elorza emplazó además a sus compañeros de bancada a dejarse notar en ese sentido en el pleno: “Hay un ejercicio de responsabilidad el jueves. Veremos en qué medida se puede cumplir como diputado y atender las responsabilidades para que las instituciones funcionen correctamente y en otro lado seguir la disciplina del partido”.

Un “mal menor”

Fuentes de la dirección de Unidas Podemos tampoco se muestran satisfechas con cómo se fraguó el pacto del Constitucional entre Bolaños y Egea, pero lo aceptaron como “un mal menor” para posibilitar la renovación del alto tribunal y no encallar de nuevo los contactos discretos en marcha para desbloquear el veto del PP para renovar los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Esa actitud pragmática, no exenta de malestar por el tipo de aspirantes impuestos por los populares en la negociación para el Constitucional, es la que expresó desde la mesa de portavoz oficial del Consejo de Ministros la ministra Isabel Rodríguez. Al igual que hicieron otros dirigentes socialistas. El portavoz hasta la semana pasada de Unidas Podemos, Txema Guijarro, se sujetó todo lo que pudo a esa máxima para no expresar su parecer sobre Arnaldo. En el pleno de mañana será el portavoz oficial de todo el grupo, Pablo Echenique, quien expondrá “de manera muy clara” lo que piensa Podemos.

El PP, sin embargo, no tiene ningún problema en digerir este pacto y los cuatro nombramientos. Un portavoz de su dirección señaló que cumplirán lo acordado con el PSOE y destacó, frente a las acusaciones por el perfil conservador y próximo a su partido de Arnaldo, que el Gobierno nombró fiscal general del Estado a la exministra de Justicia Dolores Delgado.