La ley del silencio dentro y fuera del aula

Obtener testimonios sobre las condiciones laborales entre los profesores que trabajan en el grupo Medac, centrado en academias de Formación Profesional, es complicado por una sencilla razón: los trabajadores firman una cláusula de confidencialidad cuando acceden al puesto de trabajo, como si se tratara de una multinacional tecnológica que guarda grandes secretos. La consecuencia es que, estén en activo o hayan abandonado la empresa, tienen miedo a denunciar en público. “Estas cláusulas no se consideran lícitas salvo que afecten a la concurrencia ...

Obtener testimonios sobre las condiciones laborales entre los profesores que trabajan en el grupo Medac, centrado en academias de Formación Profesional, es complicado por una sencilla razón: los trabajadores firman una cláusula de confidencialidad cuando acceden al puesto de trabajo, como si se tratara de una multinacional tecnológica que guarda grandes secretos. La consecuencia es que, estén en activo o hayan abandonado la empresa, tienen miedo a denunciar en público. “Estas cláusulas no se consideran lícitas salvo que afecten a la concurrencia mercantil de la empresa, y una de educación difícilmente puede tener esas cuestiones de concurrencia mercantil. La medida vulnera la libertad de expresión del trabajador como derecho fundamental, al que no puede renunciar”, argumenta Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla. Medac rehúsa responder a este periódico sobre esta práctica y la situación laboral de sus trabajadores.

El grupo Medac no es una empresa pequeña. Fundada en 2010 entre otros por Javier Imbroda, consejero de Educación de Andalucía, cuenta con 700 empleados, está dedicada a la enseñanza por internet y tiene una fuerte implantación en España, con 41 centros en siete comunidades autónomas, 19 de ellos en Andalucía, y 10.000 alumnos que acuden a clase de manera presencial y a distancia. Medac se vendió el pasado septiembre al fondo de inversión estadounidense KKR por 200 millones, operación que multiplicó su valor por siete en solo tres años.

Las empresas privadas de FP han vivido una auténtica explosión en la última década, y han pasado de 22.000 alumnos a 250.000, según las cifras del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En el caso de Medac, la plantilla está formada principalmente por profesores jóvenes contratados por horas y cuyo objetivo es ingresar algún día en la educación pública. Las denuncias por las condiciones laborales se multiplican, según los sindicatos.

Las primeras quejas por las condiciones laborales de la plantilla de Medac brotaron el pasado verano a través del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), cuya denuncia provocó que la empresa aumentara el número de profesores titulares contratados. Desde entonces, cada centro cuenta con un docente titular por titulación, que este curso ha tenido que elaborar las programaciones didácticas de todas las asignaturas de cada ciclo, aunque no domine la materia en cuestión, para evitar problemas ulteriores. “Si son 8 o 10 personas las que imparten clase en un ciclo, solo hay una nombrada como profesor titular que se encarga de todo este trabajo”, precisa Nadia Bouadi, secretaria de Comunicación de la CGT. La red de centros incluye titulaciones como Auxiliar de Enfermería, Informática, Dietética y Nutrición o Deporte, que suelen constar de dos cursos y unas 13 asignaturas.

Los profesores tienen contratos por horas —con un máximo de 27—, pero desconocen el precio estipulado por hora porque los salarios bailan sin una pauta fija y transparente. “Cada vez que un trabajador comienza a pedir revisiones de nóminas o explicaciones, deja de ser bien visto en la empresa y finalmente es despedido, como hemos visto en reiteradas ocasiones”, denuncia Daniel Lozano, de UGT, sindicato que ha ganado un primer juicio contra el grupo por despido improcedente.

“No tengo miedo a perder mi trabajo por hablar con la prensa, sino a que me denuncien en los tribunales”, confiesa Cristina (nombre ficticio), profesora de FP, que denuncia que trabaja gratis una parte de su jornada laboral, como la mayoría de los profesores contratados por Medac, porque la empresa solo paga las horas lectivas. El resto —tutorías, programaciones didácticas, evaluaciones y claustros— las desempeña de manera no remunerada. “Con mi contrato de 21 horas, trabajaba 40 para preparar las clases, las tutorías y grabar datos. Te das cuenta de que el sueldo de 940 euros no compensa”, rubrica otro docente que también reclama anonimato a pesar de que abandonó la firma el pasado verano.

La decena de profesores y exprofesores entrevistados por este diario coinciden en censurar que solo un profesor por cada ciclo tiene la condición de titular y el resto son adjuntos pese a que ejercen funciones de titular y dan clase solos en el aula. Los docentes titulares cobran 23.335 euros brutos al año y los adjuntos, 19.536, según fija el convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada. Esta norma establece que los profesores adjuntos “colaboran con el profesor titular en el desarrollo de los programas, bajo las directrices y orientación del profesor titular”.

La compañía publicita en su página web que su cultura empresarial está basada en “la solidaridad y la empatía”, así como que sus equipos docentes y alumnos tienen “sangre azul”. Varios profesores aseguran que de puertas adentro “se infantiliza” al docente: “En las reuniones de dos horas utilizan la técnica del sándwich por la que te alaban, te regañan con frases como ‘Esto no se puede permitir’ y finalmente te suben el ánimo. Crees que eres un alumno y te sientes mal, a pesar de que haces bien tu trabajo”, explica uno de ellos.

Al margen de la Inspección de Trabajo que fiscaliza los contratos de los docentes si reciben denuncias, la Inspección Educativa de la Junta de Andalucía ha evaluado 292 centros privados de FP los últimos tres años, según un portavoz de la Consejería de Educación. Varios inspectores censuran que estas actuaciones se limitan a verificar las atribuciones docentes y no analizan cómo se evalúa y programa en los centros privados, porque así lo ordena el plan de actuación. Imbroda fue socio de Medac hasta que salió elegido diputado por Ciudadanos en 2018, cuando vendió sus acciones (29% del total) por 8,6 millones de euros.

La expansión de Medac se completa con la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (UTEMED), por internet y con sede en Málaga, cuyo anteproyecto aprobó la Junta andaluza hace un mes pese al informe contrario de los técnicos del Ministerio de Universidades. El informe resaltaba “las dudas sobre su sostenibilidad económica, la imposibilidad de garantizar prácticas obligatorias externas y la deficiente planificación del profesorado”. Sin embargo, la universidad privada obtuvo el visto bueno del Gobierno andaluz para echar a andar.

El pasado verano se celebraron elecciones en Medac para elegir los comités de empresa y delegados de centro, pero no fueron convocados los sindicatos porque se presentaron listas de trabajadores, a los que las centrales acusan de ser afines a Medac. Este diario ha contactado con cinco sedes de la compañía para hablar con los delegados del comité de empresa y solo obtuvo respuesta de Miguel Ángel López, del centro de Granada, que se limitó a derivar la llamada al departamento de comunicación y marketing de la empresa. Antes de colgar, comentó: “Se escuchan sugerencias para pasar de fijos discontinuos a indefinidos, pero estamos negociando”.

Tras la negativa de Medac a dar explicaciones a este diario por las denuncias de irregularidades laborales, la empresa ha remitido un correo electrónico a todos los profesores para evitar filtraciones: “Os recordamos que siempre que algún medio de comunicación, periodista o empresa externa se ponga en contacto con vosotros, tenéis a vuestra disposición el correo de comunicación o marketing, donde debéis enviar todas estas peticiones”, reza el aviso.

“Cuadrar el número de aprobados y suspensos”

Las denuncias de los docentes también aluden a la calidad de la enseñanza impartida en Medac: las direcciones de los centros presionan a los profesores para “cuadrar” el número óptimo de aprobados y suspensos que la empresa considera, según sus denuncias, al margen del nivel real de pericia y conocimiento de los alumnos. “Algunos profesores ponemos las notas que realmente consideramos oportunas y nos da igual lo que nos digan. A pesar de las presiones nos mantenemos firmes, pero somos muy pocos los que no pasamos por el aro en claustros”, relata una profesora que reclama no ser identificada.

“El alumnado desconoce esto y la verdad es que, por nuestra propia seguridad, lo preferimos, pues los padres nos comerían en las mentorías. Ya lo intuyen y en ocasiones nos cuesta grandes problemas”, añade. Las direcciones de varios centros ordenaron dejar de puntuar las prácticas y los trabajos —como se hacía antaño— hasta las evaluaciones trimestrales, para así poder decidir en el claustro las calificaciones que Medac considera ideales, en base al método de puntuación denominado de la campana de Gauss, que fija unos parámetros de calificaciones.

El sindicato CGT resume así cómo se efectúan las tres evaluaciones anuales: “No puede haber muchos notables ni tampoco sobresalientes —todo equilibrado—, independientemente de cuál haya sido en realidad el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y de los resultados obtenidos en sus pruebas […] No todo el mundo puede suspender, ya que supondría perder clientes; no todo el alumnado puede sacar buenas notas, porque hay que mantener el prestigio de que allí no se regalan los títulos; en el primer trimestre, mano dura y en junio obra el milagro y ahí sí que aprueban todos y son lanzados al mercado laboral”. Hasta el año pasado, Medac pagaba 50 euros a los profesores por cada alumno de FP al que lograban vender los másteres que ofertan, para así retener a los estudiantes un año más.

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