La escuela vive con desconcierto los primeros días de los coordinadores de bienestar: “Estamos solos”

Está llamada a ser una importante figura de referencia en los centros educativos. La cara visible a la que recurrir ante cualquier caso de violencia, quien se asegure de que los protocolos se cumplen a rajatabla, que los colegios e institutos son un espacio seguro y protector para los niños. El Ministerio de Derechos Sociales ha organizado un acto este jueves para dar difusión a la función de coordinador de bienestar y protección, que se instauró con la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y que también recoge la nueva ley educativa. Ya debe estar operativa este curso académico. Su implantación, sin embargo, avanza a ritmo desigual en las comunidades autónomas, las hay que han regulado la nueva figura y las que han reciclado modelos ya existentes en sus territorios. La tarea la puede asumir desde un profesor de Matemáticas hasta un educador social. Una semana después del inicio del curso, a pie de aula hay aún dudas y desconocimiento sobre los itinerarios a seguir a partir de ahora. Expertos y directores de centros reclaman más recursos. Una buena formación y horas disponibles para desempeñar las tareas son fundamentales. De lo contrario, alertan, se quedará en papel mojado.

Basta preguntar a algunos padres y madres para saber que la figura aún no es muy conocida. En muchos centros aún no se ha nombrado, y no saben con certeza si habrá formación específica ni cuándo. Jorge Delgado, director del colegio Blas Infante de Écija (Sevilla) y vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos, explica: “Estamos solos”. Él va a ser el coordinador de bienestar en su centro. La Junta de Andalucía establece que las funciones las puede ejercer quien coordine el plan de convivencia u otra figura del claustro, preferentemente un miembro del equipo directivo. “Solo hay una breve instrucción. Simplemente sabemos las funciones que debemos asumir, imagino que durante este trimestre nos aclararán un poco más cómo elaborar el plan de actuación”, cuenta. Él, licenciado en Educación Física, se ha formado por su cuenta “en disciplina positiva, convivencia, planes de acción tutorial”, pero nadie se lo ha exigido. Cuenta que ahora esta es “una nueva función más”, entre las tantas que ostenta. El objetivo es “bueno”, pero él también pide recursos.

“Hay compañeros que se quejan de que se está implantando con presupuesto cero, se encarga una persona de la plantilla pero sin definir bien el perfil, y sin ninguna formación”, apunta Vicent Mañes, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos de Educación Infantil y Primaria. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, añade que hay “una regulación dispersa” por parte de las comunidades autónomas. “Se establece la figura, pero son necesarios más pasos”, dice, y él también habla de formación y de la importancia de que la comunidad educativa conozca a este nuevo rol.

Los profesores técnicos en servicios a la comunidad (PTSC) llevan meses reclamando que se les otorgue este papel, dado que la mayoría tiene formación en trabajo o educación social. “Ya desempeñamos esas funciones [fijadas en la ley] diariamente y no necesitamos formación extra”, asegura Laura Igualada, profesora técnico de servicios a la comunidad, coordinadora de bienestar y protección en tres colegios en Cuenca en los que se presentó voluntaria. Carlos Sánchez, secretario de la Asociación Madrileña de PTSC, añade: “En Madrid están ofertando un curso virtual de 30 horas para realizar un trabajo para el que yo estoy preparado con tres años de carrera universitaria”. El problema es que no todos los centros cuentan con esta figura, y los hay que no dan abasto, según cuentan varios docentes de esta especialidad.

Ni el Ministerio de Derechos Sociales en la ley de Infancia ni el de Educación en la Lomloe, aprobadas en esta legislatura, han regulado qué perfil profesional que debe desempeñar estas tareas. Sí queda claro que tienen 11 funciones, entre ellas, promover planes formativos y coordinarse con otras autoridades, como las sanitarias o los servicios sociales, en caso de que un niño esté siendo víctima de violencia, tanto dentro como fuera de la escuela. Debe centrarse en la prevención, la detección temprana, la atención y la reparación. Las consejerías de Educación de las comunidades autonomías, que tienen las competencias, deciden cómo implementar la figura.

Este diario preguntó a las autonomías, respondieron 12. Las hay como Extremadura, que ha regulado este nuevo papel específicamente y señala a los educadores sociales de los institutos como las personas idóneas y, en primaria e infantil, preferentemente a un miembro del equipo directivo. También las que responden que la figura del coordinador de convivencia e igualdad que ya existe en los centros desde hace años asumirá estas tareas, como en la Comunidad Valenciana, que puntualiza que tiene ocho de las 11 funciones señaladas en la nueva legislación y que las tres restantes ya están asignadas a otras figuras del centro. O las que apuntan que el rol recaerá en algún docente del claustro, como Castilla-La Mancha.

También hay diferencias respecto a la formación. Todas hacen referencia a su importancia, algunas tienen cuantificado el desembolso económico que supondrá. Extremadura invertirá 18.000 euros en cursos específicos, pero otras muchas no lo detallan. En la Comunidad de Madrid aseguran que la figura se incorpora este curso, pero sostienen que su implantación “apenas conlleva novedades en el funcionamiento de los centros” porque las tareas son asumidas “desde hace años por diferentes profesionales”. Son mayoría en las que no se prevé retribución económica específica para esta figura. En Canarias explican que será de 30 euros mensuales.

Comisiones Obreras muestra su “decepción y preocupación” y alerta de que, “si no hay un cambio de rumbo radical en la manera de implementar la figura, la posibilidad real de cambio” que supone se diluye. En un reciente informe, el sindicato critica que la mayoría de las comunidades autónomas la han implantado “con el profesorado que ya tenían previamente, simplemente sumándole las funciones a otras que tuviera un determinado docente” y no otorgan horas lectivas a los coordinadores para estas tareas. Las que lo hacen, destinan entre uno y tres periodos a la semana (aunque en La Rioja se puede llegar hasta nueve, en función del tamaño del centro). Héctor Adsuar, secretario de Educación pública no universitaria, explica que en general “la dotación de tiempo es ridícula”.

El sindicato reclama una figura profesional de dedicación exclusiva en cada centro público. Es decir, 22.024 profesionales más a tiempo completo, del perfil de servicios a la comunidad o una figura análoga. Escuelas Católicas, la patronal de la escuela concertada, también ha cargado contra la forma en que se está desplegando este coordinador, “sin una regulación concreta y clarificadora, sin recursos adicionales imprescindibles, y sin el conocimiento de las consecuencias de una incorrecta aplicación de sus funciones o protocolos”, según destacó este jueves en una nota de prensa.

La directora general de Infancia, Lucía Losoviz, reconoce que “toda figura necesita su rodaje”, y explica que durante la redacción de la ley entendieron que, dada la heterogeneidad de los centros educativos en España, “no era lo más eficaz” designar un determinado perfil profesional. Y añadió que el ministerio propone trabajar con Educación y las comunidades para diseñar planes de formación, así como la forma de difusión y sensibilización de esta nueva figura. “Además, hay que hacer un seguimiento y evaluación, para reconducir” lo que sea necesario modificar.

Justo un día antes, el miércoles, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas habían consensuado un primer borrador, que aún no es definitivo, en el que se aborda la figura del coordinador de bienestar. En él, se resalta que debe tener dedicación computada dentro del horario lectivo, se menciona la conveniencia de que tenga experiencia previa en prevención de situaciones de riesgo y en la intervención educativa con niños y se hace eco de un itinerario formativo que proponen organizaciones como Unicef y Plataforma de Infancia, con tres niveles (el primero para todos los docentes, para detectar situaciones de riesgo; el segundo, formación habilitante para los coordinadores de bienestar y protección y el tercero, para estas figuras en centros de difícil desempeño). Por el momento, con el curso en marcha, no hay una única propuesta de itinerario para quienes asuman esta función.

Nacho Guadix, responsable de Educación de Unicef, lamenta que los inicios de esta figura están siendo “excesivamente tímidos”. “Nosotros hicimos un estudio con el British Council, porque en el Reino Unido esta figura ya está extendida, y establecimos como primera aproximación que deberían contar con 0,023 horas [alrededor de minuto y medio] por alumno a la semana”, sostiene.

Con esos cálculos, en el instituto Pare Vitória, en Alcoy con 700 alumnos, la coordinadora de convivencia e igualdad, Irene Nacher, tendría que dedicar 16 horas semanales. “Yo tengo una reducción de tres”, señala. Allí tienen la figura establecida desde hace años, como explican en la Generalitat, y Nacher la asume por primera vez este curso, en coordinación con otros miembros del centro. “Somos un equipo”, dice. Reconoce que “es imposible hacer todo en tres horas”. “Podrías estar dedicándote a eso únicamente”, afirma. Además de asumir esta función, también imparte Lengua y Literatura. Se ha formado en mediación por su cuenta, hace años. Ahora tiene que estudiar protocolos, está a la espera de que se inicien los cursos de coordinadora que ofrece la Generalitat. No le da miedo el nuevo cargo, pero sí le impone respeto. “De ello depende la felicidad de muchos alumnos”.

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