La libertad de elección de centro educativo y los cheques escolares en Madrid

Estas últimas semanas el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en manos del PP de Isabel Díaz Ayuso con el apoyo parlamentario de Vox, ha terminado de perfilar su modelo educativo. Se trata de un modelo en el que, según sus portavoces, los padres pueden elegir libremente el centro educativo al que mandar a sus hijos. Para ello, han seguido desde hace años una estrategia incremental hasta llegar a lo que hemos conocido en los últimos días: la concesión de cheques escolares a rentas medias-altas para ir a centros privados de educación secundaria postobligatoria.

En primer lugar, se ha seguido un proceso paulatino de desregulación de la educación privada concertada. A través de medidas como el distrito único y la inclusión, en el baremo de adjudicación de plazas, de criterios de libre disposición para los centros, estos han ganado capacidad para seleccionar a sus estudiantes. Dicho esto, la mayor capacidad de selección (económica) de estudiantes la establecen fundamentalmente mediante el establecimiento de un copago más o menos encubierto de la escolaridad, así como a través de la fijación de servicios y actividades a precios elevados, ante lo que la Administración hace la vista gorda.

En segundo lugar, se han ido extendiendo los conciertos educativos a centros privados con un fuerte ethos de colegios de élite e, incluso, que realizan prácticas como la segregación por género, de dudosa constitucionalidad en cuanto a poder ser receptores de fondos públicos. También se han extendido los conciertos educativos a niveles no obligatorios de la educación, como la educación infantil de segundo ciclo y la educación secundaria postobligatoria.

“A la educación pública se la quiere relegar a un papel residual”

En tercer lugar, se ha decidido conceder cheques educativos (las mal llamadas becas) para asistir a centros privados en niveles de educación no obligatorios, como en la educación infantil de primer ciclo y, más recientemente, en la educación secundaria postobligatoria. Los cheques de la educación infantil privada no cubren el coste total de la escolaridad y son concedidos con preferencia a las familias en las que los dos progenitores trabajan, acentuando su perfil regresivo.

En la educación postobligatoria, ahora nos enteramos de que se van a dar cheques educativos que no cubren el coste total de la escolaridad a estudiantes matriculados en centros privados cuyas familias tienen una situación socioeconómica muy ventajosa. Estos cheques, como los de la educación infantil de primer ciclo, están inspirados en los que en su día ideó Milton Friedman, conocido por sus propuestas económicas neoliberales y, en educación, por desconfiar de la iniciativa pública y ensalzar al mercado.

El resultado de este modelo educativo en Madrid es el fomento de la red privada y la desinversión en la red pública de educación. Incluso se puede pensar que este resultado es deliberado, que forma parte de la propia estrategia; cuanto más deteriorado el sector público y reforzado el sector privado, más se demanda el segundo en detrimento del primero. A la educación pública se la quiere relegar a un papel residual; es concebida como la red de las clases medias-bajas, los inmigrantes, los niños con dificultades y trastornos, así como de familias que, a pesar de todo, tienen un compromiso con la educación pública (y que seguramente no son potenciales votantes del PP ni de Vox).

La dificultad de estas familias acomodadas podría estar, por su nivel de renta, en no poder comprar todos los bienes de lujo que deseen”

Lo que estamos viviendo no es algo nuevo, sino que viene de lejos. Las subvenciones a los centros educativos privados, con muy poco control por parte del Estado, eran una realidad en los años de la Transición. La Constitución, en su artículo 27, apartado 9, estableció que “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”, en un esfuerzo por llegar a un pacto educativo para equilibrar las fuerzas ideológicas del momento. La LODE, aprobada en 1985 por el Gobierno socialista, reguló estas subvenciones a través del sistema de conciertos, de tal manera que estas se restringieran a la educación obligatoria que debía ser gratuita para las familias. Además, los centros privados concertados tenían que respetar las mismas reglas que los centros públicos en cuanto al acceso de los estudiantes, así como debían limitar sus servicios y actividades extraescolares para que no fueran discriminatorias. La idea era que cualquier niño pudiera acceder a la educación privada concertada, que no hubiera elementos de discriminación en su acceso a esta red privada que recibía subvenciones. El PP en Madrid ha trazado una estrategia clara de apartarse de este pacto educativo, de romper el equilibrio alcanzado, y lo está consiguiendo. El riesgo de volver a un sistema preconstitucional en materia de educación es muy elevado.

Los argumentos que se han esgrimido por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, justificando la necesidad de los cheques para ir a la educación privada postobligatoria en la dificultad de estas familias de rentas elevadas para hacer frente a la inflación, deberían sonrojar a sus portavoces si tuvieran una mínima noción de justicia distributiva. La dificultad de estas familias acomodadas podría estar, por su nivel de renta, en no poder comprar todos los bienes de lujo que deseen. Pero, si verdaderamente alguna de estas familias tiene problemas para pagar la educación privada, que lleve a sus hijos a la educación pública, que les acogerá con los brazos abiertos dada su vocación de servicio universal.

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