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El avance imparable de la llegada de niños de dos años a los colegios públicos: “El inicio fue terrible. Ahora, un gusto”

Un total de 1.284 centros de primaria de 12 comunidades autónomas ofrecerán el curso que viene aulas para alumnos de dos años. En cuatro territorios acogerán incluso niños más pequeños

Colegio público
Alumnos de la clase de dos años del colegio público Vil·la Romana de Catarroja, en Valencia, el viernes pasado.KIKE TABERNER
Ignacio Zafra

El primer ciclo de infantil (0-2 años) está entrando con fuerza en los colegios públicos. Hasta hace poco, solo dos comunidades autónomas tenían aulas destinadas para los niños de dos años en unos centros que tradicionalmente han matriculado a los que tienen de tres a 11. El curso que viene la fórmula se extenderá a 1.284 colegios públicos (de un total de 10.317 que hay en España) de 12 autonomías, y parte de ellas acogerán clases de niños aún más pequeños. Muchos docentes lamentan las deficiencias de un proceso que consideran marcado por la precipitación. Pero, por encima de las críticas, la mayoría de maestros transmiten satisfacción por ver a los colegios públicos crecer por abajo, y creen que la iniciativa les ayudará a evitar cierres y reducciones de plantilla en la tempestad demográfica en la que se adentra el sistema educativo. La mayor oposición a la incorporación de los alumnos más pequeños a los colegios públicos procede de las escuelas infantiles privadas, que afrontan una crisis histórica. El año pasado un 20% de ellas se vieron obligadas a cerrar, y sus representantes temen que cuando se haga el recuento del curso actual las pérdidas serán aún peores.

Los colegios públicos están tendiendo a concentrar alumnado que hasta ahora acudía a otro tipo de centros educativos. Por la parte de arriba, asumiendo la ESO en un proceso todavía incipiente (lo han hecho 270 colegios). Y sobre todo por abajo, incorporando el primer ciclo de infantil. Ambas tendencias están impulsadas por la caída de la natalidad, que lleva más de una década liberando espacio en los colegios: en 2008 hubo 519.779 nacimientos en España, mientras en 2021 fueron 340.635, la cifra más baja desde que el INE empezó a registrar el dato en 1941. Otros dos factores están contribuyendo a la incorporación de las clases de los niños más pequeños a los colegios. El primero es la reforma educativa del Gobierno, que ha dado al primer ciclo de infantil un enfoque claramente educativo y ha instado a plantear el conjunto de la etapa (0-6 años) de forma común. Y el segundo, la lluvia de millones, 670, con la que el Ministerio de Educación está impulsando la etapa para crear 65.000 plazas públicas, gracias en parte a los fondos europeos. Varias de las fuentes consultadas para este artículo coinciden en que la integración del primer ciclo de infantil (igual que sumar la ESO) ayudará a los colegios públicos a competir con los concertados, muchos de los cuales ofrecen enseñanza de cero a 16 años o incluso hasta los 18.

Silvia Ferriols, directora del colegio público Vil·la Romana de Catarroja, en Valencia.
Silvia Ferriols, directora del colegio público Vil·la Romana de Catarroja, en Valencia.KIKE TABERNER

Hasta 2014, solo el País Vasco y Cantabria habían generalizado la matriculación de niños de dos años en colegios públicos (entre ambos territorios suman 452). En 2015 se sumó la Comunidad Valenciana, que en septiembre alcanzará 415 clases. Y el modelo ha seguido creciendo de modo que en septiembre los habrá en colegios públicos de Madrid (en 46 centros), Cataluña (42), Canarias (38), Extremadura (42), Castilla y León (121), Castilla-La Mancha (donde puede alcanzar los 60), Murcia (30), Aragón (35) y La Rioja (3). En algunos centros de Cataluña y de Cantabria habrá además aulas para los que tienen un año, y en Madrid y Canarias, desde los cero.

La llegada de niños más pequeños a los colegios es positiva una vez que el centro se adapta, afirma Silvia Ferriols, directora del Colegio Público Vil·la Romana de Catarroja, en Valencia. Aunque en su caso, dice, “el inicio fue terrible”. Debido a un fallo burocrático, la Consejería de Educación no tuvo en cuenta la necesidad de adaptar un aula y hubo que reorganizar la disposición del resto de grupos de infantil para dar cabida a la nueva clase. La directora tuvo que comprar el “material manipulativo” en agosto, y la educadora (en la Comunidad Valenciana las aulas de dos años tienen como máximo 18 alumnos y se ocupan de ellos una maestra y una educadora) no pudo incorporarse hasta octubre. Las primeras semanas el colegio tuvo que destinar a varias docentes adicionales a atender la clase, entre ellas la directora, porque “los niños eran muy pequeños y lloraban mucho”, recuerda Ferriols.

Superadas las dificultades iniciales, sin embargo, la opinión de la directora es muy buena. “Es un gusto. Es muy bonito tener a ese alumnado en el colegio. Están genial y participan en todas las actividades de la escuela. Pero al principio se nota que no tenemos experiencia con esas edades. De hecho, nosotras nos equivocamos. Planteamos el periodo de acogida [la incorporación progresiva del nuevo alumnado] como con los de tres años, y nos dimos cuenta de que habíamos corrido demasiado. Estos niños necesitan que se vaya más despacio. Hemos aprendido muchas cosas”, comenta Ferriols.

La responsable de un colegio de Madrid (donde, a diferencia de lo que sucede en el resto de comunidades, los docentes piden con mucha frecuencia que no se publiquen sus nombres por temor a que tenga consecuencias laborales) explica que su centro fue elegido por la Consejería de Educación para implantar el primer ciclo de infantil el curso que viene por su bajo número de alumnos. Y que cuando se lo dijeron, lo vieron bien. “Era una forma de asegurarnos de que no iban a eliminar el colegio y el proyecto nos parecía bonito. Pero está resultando muy difícil y precipitado, y las direcciones estamos asumiendo unas responsabilidades de contratación, arquitectura, etcétera que supera nuestro conocimiento”.

El director de otro colegio madrileño añade: “Es un trabajo diferente al que hemos venido haciendo, sobre todo con los bebés. No solo tendremos que preocuparnos de enseñar, sino de cuestiones como el sueño, el cambio de pañales, las alergias alimentarias…”. La respuesta de las familias está siendo buena y la mayoría de grupos se llenan. Mari Carmen Morillas, presidenta de la federación de familias Giner de los Ríos de Madrid, añade: “Bien organizado, es una propuesta interesante. Lo que esperamos es que las aulas que van a acoger a estos niños estén terminadas en septiembre”.

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Aula de dos años en el colegio Vil·la Romana de Catarroja.KIKE TABERNER

Una forma rápida y eficiente de ampliar la red

La fórmula ofrece la ventaja de permitir aumentar muy rápido las plazas públicas de los primeros niveles de infantil, señala Miguel Soler, secretario autonómico de Educación valenciano. Y permite ahorrar aprovechando las aulas que se vacían por falta de alumnado, añade José Saturnino García, director de la Agencia Canaria de Calidad y Evaluación Educativa: “Uno de los problemas de la educación infantil es que construir escuelas nuevas en lugares donde puede haber demanda, como los centros de las ciudades, sale carísimo por una cuestión inmobiliaria”. La mayor parte de los estudios publicados, prosigue García, coinciden en que la escolarización en los primeros años de vida ofrece un gran retorno académico y social a largo plazo, especialmente en niños nacidos en familias vulnerables, además de facilitar la conciliación laboral.

La medida preocupa, en cambio, a las escuelas infantiles privadas. Ignacio Grima, presidente de la patronal Acade, comentaba el viernes: “La situación es dramática. Hoy me han dicho otras dos escuelas que no le ven sentido a abrir el curso que viene. En este contexto no pueden competir ni hacer nada. Y nos parece tremendamente injusto que durante tantos años, cuando no había capacidad pública, las escuelas privadas hayan estado dando este servicio a las familias, y ahora no se las tenga en cuenta”.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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