Denis Itxaso: “Los poderes públicos no pueden resolver solos el problema de la vivienda”

Denis Itxaso González (San Sebastián, 49 años) es consejero de Vivienda y Agenda Urbana del País Vasco desde junio. El político socialista, que vive de alquiler en la capital guipuzcoana, reivindica los 15 años que pasó en el ámbito municipal como una escuela de base sobre urbanismo, un asunto que ahora aborda “huyendo de dogmatismos”. Durante la entrevista, que se celebró la pasada semana en Madrid, afirma que hay que construir más a la vez que defiende el control de precios de alquiler como medida “temporal”. También proclama que el problema de acceso a la vivienda tiene solución, porque está convencido de que “hay quien tiene interés” en lo contrario. Y reivindica las políticas del Ejecutivo vasco, que muchos expertos consideran las más consistentes en la materia que se llevan a cabo en España.

Pregunta. ¿Qué han hecho bien en el País Vasco para que muchos les miren?

Respuesta. Lo más importante es blindar el parque público de vivienda. Desde 2003 se tomó la decisión de que los esfuerzos para construir vivienda protegida no podían caer en manos privadas al cabo de 20 o 30 años, este es un error que se cometía anteriormente. Nosotros tenemos un parque que, lamentablemente y fruto de aquellas políticas, ha ido decreciendo, pero ya hemos conseguido darle la vuelta a esa inercia. Aun así, Euskadi tampoco está libre de problemas de vivienda.

P. ¿Cuáles son las prioridades actuales?

R. Hay políticas de muy diversa índole. La más importante es el compromiso de poner en el mercado 7.000 nuevas viviendas protegidas en alquiler esta legislatura. Desde una ley pionera en 2015, que en parte fue inspiración para la ley estatal de 2023, todas las viviendas protegidas que hacen las Administraciones públicas en Euskadi son obligatoriamente en alquiler. Solo los privados pueden hacer vivienda protegida en venta. Ya hemos dado la instrucción a nuestra promotora pública para que incremente en un 50% la velocidad de inicio de obra nueva: el año que viene vamos a pasar de 500 a 750 viviendas nuevas. Otro mecanismo, que estamos evaluando y hemos incorporado al Presupuesto, es acudir a la compra de viviendas protegidas que el promotor no venda. Hasta ahora, por razones presupuestarias, no ejercíamos demasiado ese derecho. Lo queremos hacer con mayor intensidad para quedárnoslas a través de Alokabide, que es la empresa pública con la que gestionamos el parque de alquiler.

P. ¿Es un error la apuesta de otras comunidades por la VPO en venta?

R. A mí me gusta poco dogmatizar y menos dar lecciones. Nosotros creemos que la política correcta es que todo lo que se haga sea en alquiler, pero hay que reconocer que la potencia de fuego disminuye. Eso condiciona claramente los presupuestos. Entonces, o se recrecen los presupuestos o hay que asumir que estas políticas te llevan a hacer menos vivienda. Ahora, como política social, la vivienda protegida en régimen de alquiler es la que tiene sentido desde un punto de vista de la justicia social.

P. Han dicho que van a ser ambiciosos aplicando la ley estatal de vivienda. ¿Cuál es el objetivo?

R. La ministra de Vivienda suele decir algo que me parece muy interesante y que yo lo capté en el minuto uno cuando me nombraron: la declaración de zonas tensionadas es el reconocimiento del municipio de que tiene un grave problema con la vivienda. Queremos alinear nuestras políticas a las prerrogativas que nos confiere la ley porque, por ejemplo, podemos hacer que determinadas bonificaciones fiscales se intensifiquen en zonas tensionadas. Aquí hay que huir de dogmatismos y de posiciones ideológicas preconcebidas, porque arrastramos en España un debate muy anacrónico por el cual la izquierda solamente sabe actuar sobre la demanda, intervenir en el mercado, y la derecha solamente sabe hacer ladrillazo y especulación.

P. ¿El control de precios lo resuelve todo?

R. Nosotros no lo fiamos todo al mero control de precios porque consideramos que es una medida temporal. No es deseable que un municipio ofrezca datos de tensionamiento eternamente.

P. ¿Y cuál es el plazo conveniente?

R. El tensionamiento deviene de una escasa oferta y de una enorme demanda. Es la ley de la demanda llevada al mercado porque todos hemos asumido que esto es un mercado en vez de un bien de primera necesidad, que es lo que dice la Constitución que es la vivienda. Devolverle al mercado de la vivienda un horizonte de cierta estabilidad va a requerir tiempo, porque requiere activar la oferta en el parque de vivienda libre y protegida. En Euskadi tenemos una ley de suelo de 2006 que dice que, del suelo urbanizable, el 75% será vivienda protegida. Nos lo tenemos que replantear porque el 75% de cero es cero, pero el 65% de 100 son 65. Y las 35 restantes serán libres, que también nos hacen falta.

P. ¿Y lo van a replantear en esta legislatura?

R. Hemos abierto una reflexión con promotores, con ayuntamientos, con constructores… y por supuesto en el Parlamento lo haremos también. Y seremos audaces, seremos valientes, pero seremos realistas. Porque necesitamos entender algo que es fundamental: los poderes públicos solos no pueden. Ni con todo el esfuerzo presupuestario del mundo alcanzaría el Gobierno vasco a nutrir y satisfacer la demanda existente.

P. ¿Qué iniciativas tienen para los jóvenes?

R. Algo fundamental es que la ley de 2015 consagra el derecho subjetivo de acceso a la vivienda. La Constitución lo dice en la parte expositiva y nosotros lo hemos consagrado en la parte dispositiva y tiene una traducción: a todo aquel que no le podemos proveer de una vivienda, porque nuestro parque público no alcanza, le garantizamos una ayuda con la que poder pagar una vivienda en el mercado libre. Aquí tenemos ayudas que se llaman Gaztelagun y es como el bono joven. Es de 300 euros y en estos momentos tenemos del orden de 7.700 beneficiarios, pero ya han pasado por esa ayuda entre 11.000 y 12.000 personas.

P. ¿Les gustaría intervenir el mercado en otros aspectos?

R. Si utilizamos toda la potencia de fuego que tenemos a nivel de recursos y a nivel de leyes, y alcanzamos acuerdos porque es de lo que se trata, estoy convencido de que el problema tiene solución. Y también es necesario empezar a decirlo. Hay quien está muy interesado en instalar la idea de que este problema es irresoluble, entre otras cosas porque tienen mucho que ganar en esa idea. Si me están preguntando por la demanda respondo por la demanda, pero también estamos actuando sobre la oferta. No hay otra a largo plazo, y esto es algo que han asumido todas las metrópolis europeas, lo está diciendo Kamala Harris en Estados Unidos… Por algo será.

P. ¿Qué debe hacerse con la vivienda vacía?

R. La vivienda vacía nos preocupa, aunque somos el territorio con menos vivienda vacía de toda España. Hay 43.000, pero son 25.000 las que están en lugares donde hay demanda. Hay que usar mejor el parque que tenemos, hay que actuar sobre la ciudad construida, hay que redensificar, hay que minimizar al máximo las viviendas vacías y tenemos un canon que todavía ningún ayuntamiento se ha atrevido en Euskadi a aplicarlo. Estamos invitando a aquellos municipios que sean tensionados a que lo incluyan en sus planes trianuales. Pero yo no me quiero quedar en la parte punitiva que ese canon representa. A lo que me comprometo como consejero es a que todas esas personas que tienen una vivienda que por uno u otro motivo mantienen vacía reciban una llamada comercial de Alokabide donde se les explique pormenorizadamente cómo funciona el servicio público de intermediación.

P. ¿Qué debe hacerse con la vivienda turística?

R. Fuimos los primeros en activar un registro y un cuerpo de inspectores que vela por que las viviendas que se suben a las plataformas turísticas estén debidamente registradas. Y Ayuntamientos también muy comprometidos y muy sensibilizados han aprobado ordenanzas y modificaciones urbanísticas para impedir la proliferación de pisos turísticos, que en algunas ciudades había adquirido tintes depredadores del parque residencial. Es un asunto que lo tenemos controlado, la verdad. En algunos barrios de ciudades especialmente turísticas puede que haya problemas de exceso, pero esos problemas pueden venir por las viviendas que son ilegales. Y esas las perseguimos.

P. ¿Es necesario y posible un pacto de Estado por la vivienda?

R. Es deseable y es posible, las dos cosas. Evidentemente hay miradas, hay opciones ideológicas y hay políticas. Pero hay un amplio campo para el consenso. Es un campo en el que vale la pena hacer el esfuerzo de aplicar medidas de corte muy distinto y por eso me parece interesante alzar un poco la mirada y ver lo que está pasando en Europa. Hay gobiernos de corte liberal que están interviniendo en el mercado y no se montan estos líos. Lo que hay que explicar es que intervienes en el mercado de forma temporal, con el objeto de ganar tiempo para activar la oferta. Lo que es insoportable en ese tiempo en el que tú activas la oferta es que las familias no puedan llegar a fin de mes. Este es un problema de enorme trascendencia económica.

P. ¿Y ustedes han trasladado al Ministerio o a otras comunidades sus experiencias? ¿hay colaboración?

R. No se trata de ir dando lecciones a nadie, pero sí. Y de hecho recibimos visitas de consejeros y de consejeras. Vamos a estar con la consejera catalana [la socialista Sílvia Paneque] para ver cómo están aplicando ellos las zonas tensionadas y esos primeros estudios que están teniendo del mercado. Nosotros estamos totalmente abiertos y seguro que tenemos que aprender de algunas leyes que se están aprobando en España. Una cosa que yo planteé en la última conferencia sectorial fue, ante el debate que estaba suscitando el bono joven, por qué no lo aplicamos en las zonas tensionadas donde tienes topado el incremento, si es que funciona el control de precios. Pero debe ser que funciona, porque hay un montón de países en Europa que lo aplican.

P. Pero muchas comunidades no están dispuestas…

R. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Yo no espero milagros, lo decimos todos los días y la ministra también: aquí no hay varitas mágicas. Insisto en que no lo fío todo al control de precios, pero es una ganancia de tiempo que vale la pena experimentar y que no hace daño a nadie porque a los propietarios tampoco es que les estemos expropiando. Les estamos diciendo que ganen un moderado IPC o lo que diga el nuevo índice.