El Gobierno quiere gravar la nicotina de los vapeadores

El Gobierno intenta sacar adelante las enmiendas al proyecto de ley en el que se aprueba el tipo mínimo global del 15% a las multinacionales. Estas se prorrogaron hasta a este miércoles, 30 de octubre, y el PSOE negocia su aprobación en el Congreso con los partidos de la mayoría de la investidura. Según diversas fuentes de estas conversaciones, entre las enmiendas que se intentan introducir está la imposición al vapeo para hacer que tribute por la nicotina; recuperar los límites a las deducciones de bases negativas que tumbó el Tribunal Constitucional por estar en un real decreto, y que las empresas devuelvan las pérdidas en el exterior que se apuntaron antes de 2012 y que ya había intentado ingresar el ministro del PP, Cristóbal Montoro, en el mismo real decreto ley. En consecuencia, también se elevarían así los pagos fraccionados que adelantan a Hacienda las empresas por el impuesto de sociedades a partir de 2025.

Se plantea además una subida a los hidrocarburos. Sin embargo, en 2020 el PNV ya tumbó que se igualase gradualmente la tributación del diésel a la de la gasolina. Y Junts en principio tampoco apoyaría esta iniciativa sobre el gasóleo. Los votos de todos los socios parlamentarios, incluyendo al PNV y Junts, serían imprescindibles para aprobar el paquete fiscal. Es decir, toda la negociación está cogida con pinzas, sobre todo en lo referente a los impuestos a banca y energéticas.

El libro blanco para la reforma fiscal, presentado en 2022, ya recogía gravar los cigarrillos electrónicos. Según decían los expertos, estos pueden tener nicotina, pero no pagan el impuesto de labores de tabaco y solo tributan por el IVA. 14 países europeos ya gravaban entonces este producto. Y Sanidad ya había realizado una propuesta para equiparar el vapeo con nicotina al tabaco y establecer un impuesto específico de 0,15 euros por mililitro, en línea con el promedio de la UE, y 0,006 euros por miligramo de nicotina. El tipo medio de gravamen se iría así al 35,6%. Por su parte, el cigarrillo paga un tipo sobre el precio de venta del 51% y un tipo específico de 24,1 euros por cada 1.000 cigarrillos.

En cuanto al impuesto a la banca, este se quiere modular en función de los márgenes y para hacer eso se recurre a la rentabilidad sobre activos, el llamado ROA. Se establecería un umbral de rentabilidad y por encima se pagaría de forma íntegra, mientras que por debajo se descontaría un porcentaje. La discusión entre Economía y Hacienda es que los primeros argumentan que el umbral se fije entidad por entidad, mientras que los segundos defienden uno único para todo el sector. Y Hacienda pretende que la cuota abonada en el impuesto de sociedades se pueda desgravar tanto en el impuesto energético como en el bancario a fin de evitar la doble imposición. En cualquier caso, entre las fuentes consultadas cunde la sensación de que las dos figuras pueden acabar cayéndose de las enmiendas.

Las mismas fuentes también descartan una subida de la fiscalidad a los seguros de salud privados. Y está fuera de la mesa cualquier impuesto a los pisos turísticos a la espera de que haya una regulación europea. Algunas fuentes mencionan una tasa a las bebidas azucaradas que no se ha materializado. Y luego están las presiones a varias bandas: por ejemplo, Sumar aspira a que se establezca un mínimo de tributación en el impuesto de sucesiones y donaciones igual que se hizo con el gravamen extraordinario de solidaridad a las grandes fortunas, aprobado en 2022 para neutralizar las bonificaciones de las comunidades. En cambio, Junts aboga por medidas como rebajar el tipo de sociedades y elevar mucho el mínimo exento de patrimonio a nivel estatal para que prácticamente no se pague. En definitiva, todo está cogido con alfileres porque el Gobierno está negociando a varias pistas con vetos cruzados.

Decía Jean-Baptiste Colbert que el arte de recaudar impuestos consistía en obtener el mayor número de plumas del ganso con el menor número de graznidos. Este arte se torna mucho más complicado cuando además hay que responder a distintas sensibilidades políticas y territoriales para lograr una mayoría suficiente en el Parlamento. El Gobierno está atravesando muchas dificultades para lograr un paquete de reforma fiscal que le sirva para dos objetivos: uno, ganar algo de margen para poder gastar más el año que viene y hacer el ajuste que le pide Bruselas. Y dos, cumplir con el compromiso de reforma fiscal contemplado en el quinto pago de los fondos europeos, dotado con 6.500 millones y que el Ejecutivo afirma que pedirá pronto.

Este último objetivo obliga a abordar la reforma fiscal siguiendo las recomendaciones del libro blanco de expertos. Las principales medidas que defendía el comité de sabios eran una subida de los tipos reducidos del IVA y una batería de impuestos verdes que incluían una subida de hidrocarburos y peajes. Poco de esto está en la agenda del Gobierno, salvo los carburantes y vapeadores. La idea es otra: hacer pequeños retoques que provoquen pocos graznidos, pero que vayan aumentando las bases.

El pistoletazo de salida se dio con el plan fiscal que presentó el Gobierno dos semanas atrás. Ahí se incluía el compromiso de una reforma fiscal valorada en el 0,3% del PIB, unos 4.500 millones de euros. “En el horizonte de validez del plan de medio plazo están previstas medidas adicionales de refuerzo de la progresividad del sistema, aumento de la tributación corporativa de los grandes grupos económicos y profundización en la tributación medioambiental y la disuasoria de consumos indeseados”, rezaba el documento.

Y se señalaba que hacer permanentes los gravámenes extraordinarios a banca y energéticas era una parte importante de la reforma. Su recaudación ascendió el año pasado a 2.800 millones. Esto ha provocado una reacción pública de Repsol, poniendo en duda sus futuras inversiones en España. El consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, dijo en una tribuna publicada en varios medios que este impuesto era demagogia fiscal y llevaría sus inversiones al mínimo. Cepsa también se encuentra en una situación similar. La amenaza sobre las inversiones en el País Vasco y Cataluña ha provocado movimientos en los partidos. En Vizcaya está Petronor, que es propiedad de Repsol. Y en Tarragona hay un polo químico en el que esta petrolera tiene un papel preponderante.

Esto ha hecho reaccionar a PNV y Junts. Los nacionalistas vascos han pactado con el Ejecutivo que el gravamen se convierta en un impuesto, de modo que pueda concertarse y quedarse con él. De esta forma, podría recaudar sus ingresos o bonificarlo para que las empresas no tengan que abonarlo allí. El Gobierno ya ha señalado además el compromiso pactado con los vascos para que se desgraven las inversiones verdes. Todo esto reduciría la capacidad recaudatoria. Y es algo que el Ejecutivo no quiere perder, así que contempla la posibilidad de compensarlo, aunque sería poco, aplicándolo a todas las energéticas y no solo a las grandes. Una medida que también se extendería a la banca. Además, hay una lucha soterrada entre las petroleras e Iberdrola porque se teme que se diferencie por el origen de la energía, de manera que paguen más aquellas cuyos beneficios vengan en mayor parte del petróleo o del gas.

El impuesto energético ha causado fuertes discrepancias entre Sumar, por un lado, y Junts y PNV, por el otro. Junts además recela de la capacidad de los vascos para bonificarse estas figuras en su hacienda. Al no poder hacer nada parecido, es muy probable que rechacen los tributos sectoriales. El de la energía ya se da prácticamente como descartado. Y el de la banca casi también, según las distintas fuentes consultadas.