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Dos grupos mexicanos aspiran a tomar el control de Duro Felguera sin lanzar una opa

La empresa asturiana propone una operación para reflotar la compañía que necesitará del visto bueno del Gobierno

Oficinas de Duro Felguera.
Oficinas de Duro Felguera.
María Fernández

Tras los despidos llega la recapitalización a Duro Felguera. Este jueves la compañía presentaba su plan estratégico y explicaba a los accionistas el preacuerdo firmado con dos socios industriales, el Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi) y Mota-Engil México, que prestarán a la compañía 90 millones de euros convertibles en capital con la vista puesta en su entrada en el capital con hasta un 31% y un 25% respectivamente. “Los inversores aportarán solidez financiera, sinergias de negocio y comerciales que generen la confianza necesaria al mercado financiero y a los clientes”, aseguró su consejero delegado, Jaime Argüelles.

Confianza es precisamente, lo que le hace falta a la empresa asturiana tras firmar hace algunos meses 180 despidos y tras años de dificultades coronadas por el rescate de la Sepi de 120 millones, al que se sumaron otros seis del Gobierno asturiano. Prodi, una sociedad industrial mexicana controlada por José Miguel Bejos que tiene como actividad principal el diseño y construcción de proyectos de infraestructura pública, transporte, oil and gas, energía y turismo, participa al 49% en el otro inversor, Mota-Engil México. Este, a su vez, es una sociedad industrial cotizada cabecera de un grupo empresarial que factura 3.450 millones centrada en obra civil, infraestructuras, concesiones e ingeniería, energía, industria y turismo, participada por el grupo empresarial portugués de Mota-Engil.

Pero la operación no es tan sencilla. La compañía indica que se dan las circunstancias para liberar a los nuevos socios de la obligación de lanzar una opa por todo el capital pese a rebasar el 30%. Jaime Argüelles, consejero delegado de Duro Felguera, explicó que tienen el visto bueno de “los grupos de interés”, deslizando con ello que el Gobierno estaría de acuerdo en permitir el movimiento, algo necesario para Duro Felguera. Con la CNMV llevan meses hablando para llevarla a buen puerto. “Debemos recibir todas las autorizaciones, pero somos muy positivos porque esta operación es buena para todos. Nuestro compromiso es la devolución de la deuda pública que nos han prestado. Los accionistas se verán beneficiados con el crecimiento de la compañía y con su mayor valor. Los empleados y clientes también”, trasladó en un encuentro con medios de comunicación. Los bancos también habrían recibido de forma positiva el movimiento: “Les parece una gran operación”.

El anuncio también incluye un plan para que los actuales accionistas arrimen el hombro. En una primera fase, los inversores ofrecerán un préstamo (50 millones Prodi y 40 Mota-Engil) a la asturiana que dará paso a una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente por parte de los accionistas actuales por valor de 40 millones, a un precio por acción de 0,7661. La parte que no sea suscrita será cubierta por los inversores. La tercera fase consistiría en una nueva ampliación de capital, esta por capitalización de los préstamos iniciales, que hará que los inversores tomen el control de la mayoría de la compañía.

La solución que han encontrado para librarse de la opa es pasar “de un préstamo a una ampliación de capital”, en palabras de Argüelles. El aumento de liquidez, las sinergias de negocio y la generación de confianza, dice, harán el resto para “cumplir los requisitos de exención de opa”.

¿Qué quiere conseguir la española? “El objetivo es poner la compañía en cuatro años en un nivel de 1.000 millones” en ingresos, aseguró Jaime Argüelles. Si eso ocurriese, asegura, reducirán el alcance de los despidos pactados. La empresa aspira a ejecutar proyectos de mayor volumen y tener el respaldo de la banca, fundamental para avalar los proyectos. “La mayor generación de caja operativa de este nuevo plan permitirá atender todas las obligaciones de deuda de la compañía”.

En Duro Felguera no tienen, sin embargo, ningún plan para excluir a la empresa de Bolsa. En 2022 facturó 123 millones con una cartera de obras de 348 millones. Su ebidta, de cinco millones en el último ejercicio, debería crecer, según los nuevos planes, hasta los 95 millones en 2028. Su actividad principal es la ingeniería y la construcción de proyectos “llave en mano”. Instalaciones para metanol, amoniaco, plantas de hidrógeno o parques renovables son algunos de los proyectos en los que trabajan.

Una de las dudas que se plantean si todo lo anterior se materializa tiene que ver con cómo cambiará el gobierno corporativo. El primer ejecutivo admitió que no se han puesto sobre la mesa “detalles de la gobernanza a futuro”, porque, dice, lo que impera en esta relación es la confianza. “Estamos empoderados para trabajar como un equipo unido, juntos”. Los 90 millones los usarán para mejorar su tesorería, su fondo de maniobra y la financiación de proyectos. También para invertir en eólica off-shore.

No habrá, según la valoración actual del consejero delegado, un cambio de sede: “Somos una compañía española y asturiana”. Esta, dice, va a ser “la solución definitiva de la compañía”.

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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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